Los fondos de inversión invaden los pilares básicos del Estado social

En una de las páginas más reveladoras de Lo que el dinero no puede comprar (Debate, 2012), un ensayo sobre "los límites morales del mercado", Michael J. Sandel presenta un catálogo de transacciones aberrantes. Operaciones económicas que, a su juicio, no deberían tener lugar, por más que exista una oferta y una demanda, un servicio y un beneficio. Ejemplos: una celda más cómoda dentro de una prisión en Santa Ana, California, por 82 dólares la noche; un vientre de alquiler en la India por 6.250; el número de teléfono de tu médico por hasta 25.000 dólares para poder llamarlo a cualquier hora; el derecho a emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono por 13 euros; el permiso para cazar un rinoceronte negro en peligro de extinción por 150.000 dólares...

Nada de eso debería comprarse ni venderse, concluye el profesor de Políticas en Harvard. Y las razones son morales, explica.

Es difícil saber con plena certeza qué resultaría de pasar la exigente plantilla contra la mercantilización de Sandel a la actividad de los fondos de inversión y sociedades de gestión de activos en áreas que afectan a los pilares sociales de un país y los derechos básicos de sus ciudadanos. Pero puede intuirse una respuesta desaprobatoria, porque además de las posibles objeciones morales –siempre discutibles– puede ponerse en solfa la calidad de servicios fundamentales y el control público sobre sectores estratégicos.

¿Qué diría Sandel de la actividad de Colisée en España en junio de 2020? Esta multinacional del sector de las residencias de mayores, controlada entonces por el fondo de inversión IK Investment, que opera desde la isla de Jersey, impuso durante la pandemia una tasa covid a las personas que vivían en sus centros. La noticia, publicada por infoLibre, reunía numerosos elementos de interés para interrogarse sobre eso que Sandel llama "los límites morales del mercado": una actividad, el cuidado de ancianos, en la que cada día se dirime nada menos que el derecho a la vida; una empresa multinacional; un fondo de inversión; un territorio fiscalmente opaco; una medida extremadamente economicista...

Aunque el detalle de la tasa covid aporta truculencia al caso, en realidad no hablamos de nada extraordinario. El resto de elementos, sumados a los beneficios empresariales, se repiten una y otra vez, sector a sector, sin excluir ni aquellos más sensibles para los derechos de los ciudadanos, ni tampoco los estratégicos para la economía. He aquí otro caso chirriante, también leído en estas páginas en abril de 2020: integrada en un grupo controlado por el fondo de inversión CVC, la residencia Vitalia Home Leganés, en la que habían fallecido por aquellas fechas casi 100 personas, cosecha unos beneficios anuales de un millón de euros. La pregunta se deriva naturalmente: ¿no sería lógico que el Estado se asegurase de que la inversión en una residencia de mayores es suficiente antes de permitir que con su explotación se lucren lejanos capitales diversificados?

Jaime Palomera, investigador del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona y de La Hidra Cooperativa, no muestra a estas alturas sorpresa ante la masiva entrada de fondos de inversión en áreas cruciales del Estado del bienestar o en los sectores estratégicos. "En realidad es lo que define al proyecto neoliberal desde los 80. El discurso neoliberal es 'menos Estado'. La práctica neoliberal, como demuestra la evidencia científica, es 'más Estado', pero a favor de intereses privados, y fundamentalmente mediante la parasitación de lo público", afirma.

Ciudados, sanidad, educación

El caso de las residencias de mayores ha dado mucho que hablar durante el último año y medio, a raíz de las informaciones de este periódico. De las cinco principales compañías en el negocio –sí, negocio–, dos tenían como principal accionista cuando se publicó la investigación a fondos de Jersey, una tercera a un fondo inglés y otra a un fondo de pensiones de Canadá. Una de las multinacionales, DomusVi, utilizaba dos sociedades en Luxemburgo para reducir al mínimo el pago de impuestos por sus residencias en España (abril de 2020), mientras sus cuentas eran engordadas por fondos de 82 administraciones. Por su parte, los dueños de las residencias Vitalia se esconden tras una maraña societaria tejida entre Holanda, Luxemburgo y Jersey (también abril de 2020). El lucro para los fondos se amplía con la inversión en los propios inmuebles de los geriátricos. Hasta siete grupos, cinco controlados total o parcialmente por fondos, realizaron compras entre 2017 y 2020.

Se trata de una realidad que quizás no habría aflorado sin la pandemia, que se ha cebado con las residencias de mayores y ha puesto de relieve muchas de sus carencias estructurales, determinadas por ofertas a la baja para la adjudicación, precariedad laboral y predominio de los fondos de inversión. Pero ahora, ya conocida la historia de este sector, invita a tirar del hilo para comprobar que es un esquema que no es exclusivo de las residencias. Se asemeja claramente, por ejemplo, al de la salud mental. ¿En qué? Primero, en la creciente adjudicación de recursos públicos a empresas privadas; como resultado, en la llegada de fondos de inversión [ver aquí y aquí].

La penetración de intereses privados en la esfera sanitaria es objeto de debate y denuncia frecuente, sobre todo a raíz de la Gran Recesión. Otra vez, los fondos. Un informe de este año sobre la Comunidad de Madrid de Audita Sanidad en colaboración del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) destapaba la progresión de fondos de inversión como Brookfield, Aberdeen Infraestructure y Quaero Capital en los hospitales de colaboración público-privada.

Ni siquiera las vacunas escapan al fenómeno. Una investigación de Amnistía Internacional identifica diez fondos y gestores de activos con participaciones de 213.000 millones en seis farmacéuticas clave. Sobresalen Vanguard, Blackrock, State Street, Capital Group y Wellington en un listado con ocho compañías estadounidenses, una británica y una suiza. Entre los diez gestionan el 32,7% de las de acciones de Pfizer, el 27,9% de las de Johnson & Johnson, el 24,7% de las de Moderna, el 23,5% de AstraZeneca y el 17,4% de las de Novavax. Ahora invierten en vacunas, pero podrían invertir en cualquier otra cosa. 

La sanidad no es el único terreno delicado. También la educación. Desde los colegios e institutos privados a la formación profesional, pasando por la universidad y las residencias de estudiantes, nada escapa al interés de los fondos, que han entrado incluso en áreas de servicios sociales como la asistencia a los sinhogar.

Vivienda, turismo, transporte, energía

Ángel del Castillo, miembro de la Plataforma contra los Fondos Buitre, advierte del trabajo inabarcable que supondría hacer una lista con todos los sectores con fuerte penetración de fondos de inversión y ramificaciones hacia paraísos fiscales. "Son todos, todos", resume. "Alimentación, residencias, inmobiliario, energía, seguros...", enumera, recalcando que aún hoy cuando decimos "IBEX 35" a menudo pensamos en "empresas españolas", cuando en realidad fondos extranjeros como Blackrock, Norges Bank y Fidelity tienen ya un peso decisivo.

Eso sí, Del Castillo cree que lo urgente es actuar para proteger los pilares básicos del Estado del bienestar. Por ello la plataforma de la que forma parte trabaja en una propuesta normativa para evitar que los capitales especulativos irrumpan en territorio de "bienes y servicios públicos" y colisionen con el "bien común", explica. Aún trabajan en dar forma a la posible norma.

Pero no se trata sólo de áreas sociales. Los fondos de inversión tienen cada vez más peso en la vivienda –destacan marcas como Blackstone, Cerberus, Lone Star–, el turismo, –especialmente la planta hotelera– y el transporte –con el pujante negocio de las VTC dando también entrada a fondos que operan desde paraísos fiscales–. Ernest Cañada, director de Albasud, centro de investigación sobre la turistización global, explica por qué la irrupción de los fondos es peligrosa para que cualquier sector funcione con un mínimo arreglo al interés general: "Los fondos reclaman un retorno a corto plazo, no tienen compromiso con el sector. Funcionan bajo la lógica cortoplacista. Necesitan indicadores rápidos para vender lo comprado".

En actividades estratégicas de tanto impacto como la energética, hace ya tiempo que los fondos son parte apreciable del accionariado de las principales empresas del oligopolio. Un fenómeno que suele correr paralelo al auge del capital financiero internacional de carácter especulativo es la utilización de paraísos fiscales. No en vano, las cuatro grandes eléctricas del IBEX poseen 89 filiales en paraísos fiscales. Iberdrola, que tiene 58, 47 en el Estado de Delaware, cuenta como accionistas significativos con Qatar Investment, Blackrock y Norges. A esa empresa le pedía "empatía" la ministra Teresa Ribera.

¿Excepción? Regla

Cati Torres, profesora de Economía en la Universitat de les Illes Balears, cree que no hay reflexión útil si se retira la mirada de las dinámicas del sistema financiero. "Ha habido un cambio de metabolismo económico. Y hablamos mucho de la necesidad de revertirlo. Pero para eso hay que hacer algo que al final nadie hace: analizar con profundidad cómo el sistema financiero internacional alimenta un capitalismo desenfrenado y especulativo con los paraísos fiscales como elemento clave", explica. A su juicio, el discurso económico a contracorriente suele centrarse en la redistribución, pero eso supone "dar por buenas las reglas de juego del poder financiero", que permiten concentrar y dirigir grandiosas cantidades de capital hacia cualquier sector, sin limitación alguna.

Los pilares sociales del Estado, como la sanidad y la educación, presentan el atractivo añadido de que el flujo de dinero público prácticamente asegura la rentabilidad, analiza Torres. Escandaliza cuando ocurre con sectores como las residencias, pero realmente –razona la economista– la toma de ese sector por fondos de inversión con ramificaciones en paraísos fiscales no es más que el resultado de las reglas vigentes bendecidas por el FMI y el Banco Mundial.

No es una excepción, dice, sino la regla.

Cadenas largas

A la expectativa ante la próxima actualización de la lista europea de paraísos fiscales y la reforma para un impuesto global de sociedades, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, confía en que haya ambición y se produzca un cambio no sólo cosmético. Porque, a su criterio, los paraísos fiscales son un instrumento que profundiza en la indefensión de los pilares del Estado social. Da varios motivos: facilita el "alargamiento de la cadena de propiedad" hasta capitales lejanos que utilizan los paraísos fiscales para "arañar rentabilidad", mantener ocultas identidades o "minimizar responsabilidades" en caso de conflicto; se produce una atracción de fondos que actúan por la sencilla lógica de "si compro por 10 lo quiero vender por 15, si compro por 15 lo quiero vender por 20". "Cuanto más alejado [el accionista], más fácil una decisión aséptica", señala. Y ello, que podría ser defendible en algunos sectores, difícilmente lo es en sanidad, educación o vivienda, donde la rentabilidad económica no debería ser la única variable a tener en cuenta.

Ruiz propone mecanismos de contratación pública que penalicen las conexiones con paraísos fiscales. Pero no es fácil. Durante la pandemia, las medidas para intentar limitar el acceso a las ayudas públicas a empresas en paraísos fiscales se han topado con graves problemas. Es fácil evitar las poco exigentes listas negras de España y la UE y también lo es sortear las limitaciones mediante filiales. En la Comunidad Valenciana, la falta de competencias dificulta el propósito del Govern de evitar que el dinero público para las residencias de mayores acabe en paraísos fiscales. Es difícil romper con la inercia.

Gran Recesión más pandemia

Iván Murray, analista crítico de la economía española, no ve motivos para pensar que el imperio de los fondos vaya a contraerse. "En la crisis de 2008 hubo un punto de inflexión. El dinero barato de la Reserva Federal dio alas a los fondos para devorar los detritos de la crisis. De la etapa de los grandes bancos de inversión, tipo Goldman Sachs, hemos pasado a la etapa de los megafondos, a los que les gusta autodenominarse gestores de activos, como Vanguard, Blackrock o Street Capital", explica Murray, que añade que estos capitales, favorecidos por la devaluación de activos causada por la pandemia, están encontrando en España y la UE puertas abiertas. Dos ejemplos: la venta de vivienda pública a Blackstone, en España, y el contrato con Blackrock para definir las reglas del "capitalismo verde", en la UE. ¿Qué se puede hacer? Murray cree que sólo grandes alianzas sociales y políticas pueden introducir restricciones "en contra del espíritu neoliberal de la UE".

Las cuatro grandes eléctricas del IBEX 35 poseen 89 filiales en paraísos fiscales

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De forma parecida lo ve Javier Gil, investigador sobre vivienda y financiarización, que constata la sublimación de un proceso ideológico iniciado en los años 80, consistente en "achacar todos los males" de la economía al Estado del bienestar y al intervencionismo del Estado. El resultado ha sido un repliegue de este, generando "nichos de negocio" en áreas antes reservadas al control público. Gil recalca que, en el ámbito de la vivienda, lo que ocurre no es fruto de una evolución más o menos natural del mercado, sino que supone el triunfo de una opción "ideológica", concretada en decisiones políticas como las facilidades fiscales a las socimi o la reforma para facilitar desahucios de alquiler, destinadas a "atraer capital". Lo que ocurre, a su juicio, no es casual.

También en la Gran Recesión sitúa Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, el instante de aceleración de los grandes fondos. A su juicio, su entrada en sectores con fuerte protagonismo del Estado no es más que resultado de su deseo de buscar negocios "con rentabilidad asegurada", o casi. En España el poderío de estos agentes se materializa de forma tan inapelable que cabe considerar a Blackrock, señala Ramiro, "el verdadero jefe del IBEX 35", al mismo tiempo que dicho fondo es contratado para "dirigir" las políticas ambientales de la UE. A Belén Balanya, cofundadora del Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO), el caso de Blackrock le parece especialmente sangrante, al tratarse de una compañía "conocida por sus inversiones en combustibles fósiles y deforestación" sobre la que la Comisión Europea ha ignorado todos los posibles "conflictos de interés".

¿No se puede hacer nada para evitar que los fondos se adueñen en sectores clave del Estado del bienestar o de carácter estratégico? "Se puede hacer pero se hace poco", responde Balanya, que destaca la existencia de reglas del juego que desprotegen a los Estados frente a las grandes corporaciones, cuyos intereses quedan siempre blindados. A su juicio, las grandes empresas tienen "influencia excesiva" sobre las de la UE. Ahora, añade, existe un "riesgo grande" de que la "transición ecológica" sea capitalizada por fondos de inversión, gestores de activos y estructuras oligopólicas.