El polémico presidente de Filipinas anuncia su retirada de la política cuando termine su mandato

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este sábado que se retirará de la vida política cuando termine su mandato y que no se presentará a las elecciones para el cargo de vicepresidente en 2022, como tenía previsto, según informa Europa Press. "En obediencia a la voluntad de las personas que, después de todo, me auparon hace tanto tiempo a la Presidencia, ahora anuncio este sábado que me retiro de la vida política", ha manifestado en una comparecencia recogida por ABS-CBN.

Duterte expresó en agosto su deseo de presentarse al cargo de vicepresidente en las elecciones del año próximo -el mandatario no puede revalidar mandato- en una decisión que muchos críticos denunciaron como un intento de aferrarse al poder. Ahora, Duterte, de 76 años, asegura que ha cambiado de opinión basándose en "el sentimiento universal del filipino reflejado en las diferentes encuestas y en muchos foros y, bueno, charlas y reuniones para discutir lo que debo hacer en mi vida".

"El sentimiento abrumador del filipino es que no estoy cualificado, y que se trataría de una violación del espíritu constitucional", ha añadido. En su lugar, Duterte ha respaldado la candidatura a la Vicepresidencia del senador y estrecho colaborador Christopher Go, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo".

La Corte Tribunal Penal Internacional investiga al presidente de Filipinas por crímenes contra la Humanidad

Ver más

Esta decisión despeja el camino a su hija y actual alcaldesa de Davado, Sara Duterte-Carpio, quien hasta ahora se había negado a postularse a la Presidencia porque su padre contemplaba la posibilidad de presentarse como 'número dos' en la carrera electoral.

Si finalmente cumple su anuncio, Duterte pondrá fin a cinco años en el poder, marcados por su brutal campaña antidroga, duramente criticada por organismos internacionales al considerar que la Policía ha sido partícipe en asesinatos extrajudiciales y campañas de terrorismo en su persecución contra los narcotraficantes, extendida bajo cuerda a la población civil.

Grupos pro Derechos Humanos creen que el número total de muertos en estas operaciones podría estar entre los 27.000 y 30.000, y acusan a las autoridades de llevar a cabo ejecuciones sumarias en las que murieron sospechosos inocentes, incluidos niños. De hecho, una investigación de la ONU detalló en su momento que entre los muertos había al menos 73 menores de edad, y el más joven de solo cinco meses. Todos ellos se suman a un gran número de personas asesinadas por pistoleros, muchos de ellos agentes de Policía en activo o retirados.