El PP se alimenta del libertarismo para movilizar su poder institucional y minar la autoridad del Gobierno

El anunciado boicot a la futura ley de vivienda por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que el líder del PP, Pablo Casado, ha extendido a todas las administraciones gobernadas por su partido alimenta el frente que el principal partido de la oposición ha abierto contra la legislación estatal.

En la lista negra de leyes que el PP no quiere cumplir se cuentan la ley de educación, la ley de eutanasia, la futura ley de memoria democrática —y la vigente de memoria histórica—, el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI o la que el Gobierno quiere poner en marcha para armonizar los regímenes fiscales de las comunidades autónomas y evitar la competencia desleal entre territorios ricos y menos ricos. A las que hay que sumar la ley del aborto, que los gobiernos autonómicos contrarios a que las mujeres puedan poner fin a embarazos no deseados han convertido en un campo minado. O la ley reguladora del CGPJ, que el PP se niega a cumplir.

Detrás de la decisión de Casado de poner en rebeldía a su partido hay una posición política del líder del PP que echa raíces en el ultraliberalismo político y económico, le sitúan en el entorno de las ideas del libertarismo y le emparentan con una parte de las corrientes ideológicas que alimentan el trumpismo.

El propio Casado se ha declarado en más de una ocasión militante de las escuelas económicas de Salamanca, de Chicago y de Austria. Las tres son sinónimo de ortodoxia liberal, de la primacía del libre mercado y la propiedad privada. Pero la escuela austríaca va más allá porque enlaza directamente con el libertarismo, una filosofía política nacida a mediados del siglo XX en Estados Unidos que defiende la libertad del individuo por encima de la sociedad, además de la supremacía del derecho a la propiedad privada y del libre mercado. Su ideario incluye una profunda desconfianza hacia el Estado.

El líder del PP nunca ha ocultado su admiración por Friedrich Hayek, uno de los economistas más relevantes de la escuela austríaca.

La bestia negra del libertarismo, como la de Casado, es el keynesianismo, la teoría económica que defiende la necesidad de una intervención del Estado para corregir los excesos del libre mercado. De ahí que el discurso del líder del PP esté lleno de frases en las que denuncia el “intervencionismo” del Gobierno de Pedro Sánchez, de propuestas como el adelgazamiento del Estado y de apelaciones a la necesidad de dar más protagonismo al sector privado y menos a lo público. De ahí uno de sus mantras más habituales: hace falta una reducción drástica de impuestos.

Casado, como los libertaristas americanos, defiende la primacía del mercado. Y quiere que la política económica se ponga a su servicio, desde las pensiones a la educación, sin olvidar, por supuesto, la regulación laboral. O, más exactamente, su desregulación.

Es esta filosofía la que el PP está utilizando para boicotear desde las instituciones en las que gobierna, comunidades autónomas y ayuntamientos, las leyes del Estado aprobadas o en vías de aprobación por el Congreso. Siempre en nombre de la libertad y de la defensa de los ciudadanos frente al intervencionismo.

Con esa actitud, ha explicado en varias ocasiones Casado, el PP hace frente a lo que llama la “ingeniería social” de un Gobierno que pretende decidirlo todo sobre la esfera privada de los ciudadanos, desde lo que comen a lo que leen, pasando por qué coche conducen o en qué casa viven. Y hacerlo mediante “una clientelización de la economía nacional”.

El proyecto de ley de Vivienda con el que el Gobierno quiere frenar los alquileres abusivos en determinadas áreas de las grandes ciudades, cuyo texto todavía no se conoce, es el último ejemplo de la batalla emprendida por Casado para minar la autoridad del Ejecutivo. Este miércoles la tachó de “comunista” e “intervencionista” y su partido la descalificó diciendo que es el mayor ataque que ha sufrido nunca la propiedad privada en España. Según Casado, el Gobierno no es nadie para decirle a la gente lo que debe hacer con sus viviendas, tampoco si debe sacarlas al mercado de alquiler o cobrar por ellas lo que les dé la gana.

Díaz Ayuso

A la cabeza del boicot se ha puesto la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recientemente premiada por el Instituto Bruno Leoni, una entidad muy vinculada precisamente con el libertarismo. La lideresa madrileña, convertida en un icono pop del ultraliberalismo y de la resistencia contra el Gobierno “socialcomunista” de Pedro Sánchez, trabaja desde hace tiempo en una estrategia para obstaculizar la aplicación en su comunidad de leyes como la que regula la Eutanasia o la que próximamente, si obtienen el aval del congreso, consagrará la igualdad real y efectiva de las personas trans.

En el caso de la eutanasia, ya se han empezado a conocer casos concretos de boicot activo al ejercicio de este derecho. Por mecanismos a veces tan simples como la dilación a la hora de desarrollar la ley. Algo parecido a lo que ya sucede con la vigente ley del aborto, un derecho que determinados gobiernos torpedean en sus territorios. Hace pocos días la denuncia de una médica madrileña sacó a la luz el mal trato que reciben las mujeres que desean —o necesitan— abortar.

El boicot a la legislación estatal no es una novedad. Hace años que las administraciones gobernadas por el PP trabajan para poner palos en las ruedas de normas que no les gustan, como la ley de memoria histórica. Una actitud que planean mantener cuando se apruebe la reforma que tramita el Congreso, que la rebautizará como Ley de Memoria Democrática.

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En el caso de la ley de educación, conocida popularmente como ley Celaá, el propio Casado asumió el liderazgo del boicot nada más salir adelante en el Congreso confirmando en noviembre del año pasado que pondría a los gobiernos de Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia al servicio de su estrategia contra la nueva norma. También en nombre “de la libertad”, porque según el PP la nueva ley es un ataque a la centros concertados.Hay más ejemplos. El PP ya se ha organizado para, también en nombre de “la libertad”, hacer frente a cualquier intento por parte de Gobierno de poner límites al dumping fiscal entre comunidades, una estrategia que lidera Madrid y que acaba perjudicando a los territorios con menos capacidad financiera.Y es bien conocido el boicot al que está sometiendo e la ley que obliga a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un procedimiento en el que se niega a participar alegando que el Gobierno quiere condicionar la independencia de los jueces. el propio Casado asumió el liderazgo del boicot

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