El pacto de dos clientes de Villarejo con la Fiscalía le señala el camino de vuelta a la cárcel

El primer juicio a José Manuel Villarejo empieza ya. Cuando se van a cumplir cuatro años desde su detención, la vista oral que comienza este miércoles en la Audiencia Nacional es también una prueba de fuego para la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que lleva manteniendo desde el principio, y es que el expolicía construyó una "organización criminal" dedicada a realizar trabajos millonarios para particulares y empresas –algunas grandes compañías del Ibex 35 como Iberdrola, Repsol o BBVA– que, según los escritos del Ministerio Público, incluían la extorsión, el descubrimiento y revelación de secretos, la falsedad de documentos y otra serie de delitos que permitían al comisario jubilado enriquecerse utilizando para ello medios e información privilegiada sacados de su papel activo en la Policía Nacional, colaborando para ello con otros altos mandos policiales. Ahí reside la principal acusación de la Fiscalía y que podría comportar a Villarejo una condena por cohecho por haber sido contratado a sabiendas de su condición como funcionario del Cuerpo.

Es en este punto en el que reside la principal baza de Anticorrupción para lograr una condena. Para ello, se ha asegurado la confesión de dos de los clientes que encargaron trabajos de espionaje a Cenyt, el grupo de empresas de Villarejo, y que se sentarán en el banquillo de los acusados junto al comisario en este primer juicio de la macrocausa de corrupción Tándem. Son Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y Susana García-Cereceda, propietaria de la urbanización de lujo La Finca. Ambos llegan a esta vista oral habiendo pactado con el Ministerio Público una condena mínima a cambio de admitir que contrataron al comisario y que sabían que éste seguía en activo en la Policía.

He ahí la importancia de este primer juicio a Villarejo en la Audiencia Nacional. Más allá de que lo que se enjuicia son tres encargos menores –por su impacto mediático y por las cantidades pactadas en los contratos con las empresas del expolicía–, lo que se concluya de esta vista oral puede depender el futuro del resto de piezas separadas de la macrocausa, unas treina y que ya cuentan con más de un centenar de imputados. Y también el futuro inmediato del propio comisario jubilado, quien está en libertad provisional desde hace seis meses tras pasar más de tres años en prisión preventiva pero se enfrenta ahora a peticiones de cárcel de más de cien años.

¿Qué se juzga ahora? Tres juicios en uno

Aunque Tándem se divide, de momento, en casi una treintena de piezas separadas, una por cada encargo realizado por las empresas de Villarejo o por el propio expolicía a título particular, el primer juicio que se ha señalado en la Audiencia Nacional juzgará tres de ellas, las denominadas Iron, Land y PintorIronLandPintor. En la primera se investiga la contratación de Cenyt por el despacho de abogados Herrero&Asociados para que espiara a un bufete de la competencia, Balder IP Law. En la segunda, Susana García-Cereceda le habría encargado buscar información comprometedora sobre otros herederos en la guerra familiar por el legado del promotor de La Finca. En la tercera, se juzgará el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz a Villarejo en 2017, cuando ya se había jubilado como comisario, para supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía.

La diferencia entre las dos primeras piezas y la tercera es que en Iron y Land el expolicía aún no se había jubilado, mientras que en Pintor, síIronLandPintor. Por eso, Anticorrupción pide que sea condenado por cohecho en las dos primeras, mientras que en la tercera no le acusa de este delito. En Iron, los clientes del comisario mantienen que no sabían que era policía en activo; mientras, en Land y Pintor, los clientes sí han admitido la contratación del expolicía, y en el caso de los herederos de La Finca, han pactado con Fiscalía un reconocimiento de las acusaciones, esto es, que pagaron sus servicios por la información privilegiada a la que podía acceder como miembro del Cuerpo.

Los acuerdos con Anticorrupción han llevado a radicales reducciones de la petición de pena para algunos de los clientes de Villarejo. Así, por ejemplo, Juan Muñoz y su hermano se enfrentan a una petición fiscal de once meses de cárcel a pesar de que la inicial llegaba hasta los ocho años, mientras que Susana García-Cereceda ha reducido la solicitud a dos años frente a la inicial de casi diecisiete.

¿Cómo pueden influir los acuerdos?

El pacto de los hermanos Muñoz y los acusados en Land con la Fiscalía supone que éstos asuman el relato de Anticorrupción y que lo reconozcan ante el tribunal. Su testimonio dota de más contundencia los cargos del Ministerio Público, pero éste no es el único que ejerce la acusación. Podemos, en calidad de acusación popular, mantiene sus peticiones de más o menos condena para todos los procesados y, por lo tanto, expondrá en la vista oral toda la prueba que considere necesaria para obtener condenas, por lo que esto podría hacer que el tribunal se decantase por esta estrategia en detrimeno de la de Anticorrupción.

Fue precisamente Podemos quien solicitó la testifical de Ana Rosa Quintana por su presencia en dos reuniones con Villarejo que fueron grabadas por éste y cuyas fechas coinciden en el tiempo con la contratación del comisario por parte de Juan Muñoz. Sin embargo, esos audios, en los que también se escucha al director de Okdiario Eduardo Inda y que están incorporados a la causa, no fueron considerados por el tribunal motivo suficiente para que la periodista fuera citada en el juicio.

Los socios de Villarejo

Aparte del comisario jubilado y sus clientes, en estas piezas también se sentarán en el banquillo los supuestos socios de Villarejo en la supuesta organización criminal. Su socio en Cenyt, Rafael Redondo –el tándem que da nombre a la macrocausa–, su mujer, Gemma Alcalá, y su hijo José también se enfrentan a altas peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía. Pero la trama funcionó, en opinión del Ministerio Público, gracias también a la participación de otros policías que suministraban al comisario los datos que necesitaba para sus trabajos de detectives. 

En un puesto destacado en los escritos de acusación figura el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, quien "de forma permanente se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, su capacidad de obtención de información para la Policía Nacional, obteniendo un relevante lucro por ello".

Los delitos

Cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias... Son los delitos de los que se acusa al comisario jubilado en estas tres piezas de Tándem. El que más pena acarrea es el primero, seis años, y el que podría determinar, en caso de ser condenado por ello, el cálculo para el máximo de cumplimiento efectivo. Según la ley, "el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, que no podrá exceder de veinte años”.

En el caso de Villarejo, podrían ser dieciocho años si los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que le van a juzgar encuentren probado el cohecho del que le acusa la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.

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¿Cuál es la defensa de Villarejo?

A la espera de ver lo que argumenta y cómo lo argumenta durante la vista oral, ya se puede intuir la estrategia que puede seguir ante el tribunal a la vista de lo que ha ido defendiendo durante los casi cuatro años de instrucción del procedimiento de investigación. Por un lado, que sus negocios privados tenían el beneplácito de sus superiores en la Policía y en los sucesivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE; por otro, que el comisario era un activo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que en el marco de ese trabajo se produjeron algunos de los numerosos encargos que se investigan en la Audiencia Nacional.

Villarejo no se limitará a asumir el rol de acusado durante el juicio, sino que intentará hacer valer su estatus de abogado codefensor, admitido durante la fase de instrucción –muchos de sus escritos al juzgado llevan su firma–, lo que le permitirá interrogar a otros imputados y a testigos junto al otro letrado de su defensa, Antonio José García Cabrera, informa Europa Press.