Bruselas niega la gravedad de la crisis energética que amenaza la recuperación europea tras la pandemia

“Por supuesto, Europa no hará nada”. Si bien los términos son más diplomáticos y elegantes, este es el mensaje que Kadri Simson, comisaria europea de Energía, hizo llegar el pasado 6 de octubre a los Estados miembros, aterrados por la subida de los precios del gas y la electricidad. Aunque la Comisión Europea debe presentar formalmente la próxima semana propuestas para ayudar a los países a hacer frente a una crisis energética histórica, la comisaria ya ha adelantado las líneas generales: poco o nada se puede esperar.

La Comisión Europea descarta cualquier intervención a corto plazo y la comisaria de Energía niega que la UE sea responsable de la actual subida de precios. “Las razones de la subida de los precios de la energía en todo el mundo no surgieron aquí en Europa”, señalaba Kadri Simson a The Financial Times. Olvidaba la falta de inversión en capacidad de almacenamiento de gas, así como en renovables, la falta de reflexión sobre la dependencia gasística de Europa, la ceguera ante los beneficios del mercado.

“La crisis que vivimos no está relacionada con un aumento del consumo, ni con un incremento de los costes de producción, sino con la liberalización del sector. El sistema actual ni siquiera permite financiar las inversiones necesarias porque no ofrece ninguna visibilidad”, subraya Anne Debregeas, responsable de la federación Sud Énergie.

Pero nadie parece querer hablar de esto. Y es que, una vez más, esta crisis energética sirve de pretexto para escenificar la ya habitual y constante división entre el norte y el sur de Europa.

Antes de la reunión de los dirigentes europeos en Liubliana (Eslovenia) el 6 de octubre, varios líderes europeos habían insistido en la necesidad de que la Comisión actuara rápidamente para limitar el impacto de la subida de los precios de la energía. España, Francia, la República Checa, Grecia y Rumanía pedían públicamente que se actuase para permitir una respuesta nacional coordinada. En esta fase, la Comisión ha optado por devolver la responsabilidad de los mecanismos de apoyo a los gobiernos de los Estados miembros.

Europa, confrontada a la histeria de los mercados, avanza de forma dispersa, y cada Gobierno intenta limitar el daño a su población. Desde mediados del verano, un puñado de países europeos, sobre todo España, Italia y Francia, han adoptado medidas (reducción de la fiscalidad indirecta, cheques energéticos para los hogares más pobres, congelación temporal de las subidas, tasa a los beneficios de las compañías de electricidad y gas) para intentar ayudar a los consumidores a hacer frente a la subida de precios. Toda esta ayuda representaría unos 10.000 millones de euros.

“No son 10.000 millones de euros, sino 100.000 millones de euros de costes adicionales a los que pueden enfrentarse los consumidores de la UE este invierno”, advirtió la economista Simone Tagliapietra, especialista en mercados climáticos y energéticos del Instituto Bruegel.

Desde enero, los precios del gas han subido un 400% –esta semana hasta un 500%–, los de la electricidad un 150% y los del carbón un 100% en Europa, según cálculos de Bloomberg.

El regulador belga ya ha calculado que, sobre la base de los precios del mes pasado, las facturas anuales de gas y electricidad subirán al menos 700 euros por hogar. “¿Cómo se compensan, con un cheque de 100 euros, los 806 euros de subida del precio de la energía?”, preguntaba la diputada socialista Valérie Rabault durante una sesión de preguntas al Gobierno francés esta semana. “Los ciudadanos europeos no pueden hacer frente a semejante aumento de los costes de la electricidad, que sólo puede conducir a una aceleración inmediata de la pobreza energética”, escribieron los ministros griegos de Economía y Medio Ambiente en una carta a la Comisión Europea.

“Los precios de la energía podrían poner en peligro la recuperación europea”, insistió Simone Tagliapietra. “La crisis energética sitúa al Banco Central Europeo (BCE) en una posición difícil. No puede hacer nada contra este aumento, esta inflación importada. Pero ¿cuánto tiempo podrá mantener su política monetaria y los tipos de interés a cero?”, se preocupa la eurodiputada Aurore Lalucq (S&D), que teme que se cuestionen las políticas de estímulo fiscal en Europa.

El rechazo absoluto de la Comisión Europea

Entre las soluciones planteadas para contener la crisis, algunos responsables europeos han propuesto una política de compras de gas agrupadas en Europa, conforme al modelo de las vacunas, para tener una mayor capacidad de negociación.

La propuesta no ha sido rechazada oficialmente. Pero ya se ha quedado al margen, pues el gas, y la energía en general, es dominio soberano de cada país, con su propia historia, geopolítica y geoestrategia, como demuestra el reciente ejemplo del gasoducto Nord Stream 2, por el que Alemania se enfrentó a toda Europa y a Estados Unidos. “Es complejo para la Comisión obtener permiso para negociar en nombre de los Estados miembros, que tienen diferentes combinaciones energéticas y normas sobre cómo comprar gas”, señaló Kadri Simson.

En verano, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que parecía descubrir entonces cómo funciona el mercado de la electricidad, pidió que se revisara la forma de calcular los precios de la electricidad para tener en cuenta la preponderancia de la nuclear y la hidroeléctrica en el mix energético francés. Junto con España, el Gobierno francés también reclamaba que se revisase la forma de fijar los precios de la electricidad al mayor coste marginal. Otros sugieren que el sector debe volver a reregularse lo antes posible.

Ideas curiosas, insinúa la comisaria de Energía en sus respuestas. En su opinión, la organización del mercado energético europeo es un éxito. Mejor aún, el actual aumento de precios permite a los pequeños productores plantearse nuevas inversiones en energías renovables. Además, “no hay muchas voces que nos pidan que cambiemos algo que no tiene que ver con los precios altos”, asegura. Lo único que admite es que Europa, a largo plazo, podría ayudar a los Estados miembros a construir la infraestructura de gas y la capacidad de almacenamiento de la que carecen actualmente

Alemania y los Países Bajos ya han dejado claro que tocar las reglas del mercado europeo de la electricidad está fuera de lugar. Para ambos países, el mercado está funcionando perfectamente y la actual subida es sólo transitoria. Se supone que todo volverá a la normalidad al final del invierno. Cualquier intervención de la Comisión Europea les parece inútil, o incluso contraproducente en estas tensiones que, según ellos, sólo pueden ser a corto plazo.

Este análisis está lejos de ser compartido por quienes conocen el mercado energético. Nada está resuelto en el mercado del gas y la electricidad. Las tensiones son extremas y todo toma dimensiones desmesuradas. El 6 de octubre los precios del gas ya habían subido más de un 30% durante la sesión en el mercado de Londres, hasta que Vladimir Putin aseguró que Rusia estaba dispuesta a aumentar sus entregas a Europa. Desde ese momento, los precios del gas bajaron ligeramente.

Pero el alivio puede ser sólo temporal. “Todo está relacionado a la meteorología. Si el invierno es largo y duro, la capacidad de resistencia de los hogares para hacer frente a las grandes fluctuaciones de los precios de la energía es prácticamente inexistente en Europa”, advierte Angela Wilkinson, secretaria general del Consejo Mundial de la Energía.

El espectro de los ‘chalecos amarillos’

Sobre todo, es probable que la crisis dure mucho más de lo que algunos esperan. Las subidas en el mercado del gas al contado se han extendido a los mercados de la electricidad, el carbón y el petróleo. Pero ahora se han extendido a los mercados de futuros (contratos a largo plazo). Los contratos de suministro de electricidad para 2022 e incluso 2023 se están negociando a un precio de 150 euros por MWh (frente a una media de 39 euros en 2019). Esto es una señal de que los participantes en el mercado no prevén un rápido descenso. Inevitablemente, estos precios se reflejarán en algún momento en las facturas de los hogares. A riesgo de provocar un creciente malestar social.

En un momento en el que el informe del IPCC ha vuelto a insistir en la urgencia de luchar contra el calentamiento global, la cuestión de la aceptabilidad social para lograr la imperiosa transición ecológica y, sobre todo, los medios y las políticas aplicadas, podrían resultar cruciales. La teoría de la señal de precios, muy apreciada por muchos economistas neoliberales, pero también por varios ecologistas, que la ven como una forma de fomentar el ahorro y la sobriedad energética, podría no sobrevivir. ¿Cómo se puede hacer que los hogares soporten esos aumentos de la demanda impuesta y limitada?

Responsables europeos empiezan a temer que el contagio se extienda también a la opinión pública, que los ciudadanos europeos asocien la actual subida de los precios de la energía con la política de transición ecológica de Europa. “La Comisión debe actuar inmediatamente. De lo contrario, el Green Deal será el símbolo de los altos precios de la energíaGreen Deal y en lugar de chalecos amarillos, tendremos chalecos protestando contra la pobreza energética en todas partes”, advierte un alto responsable europeo citado anónimamente por The Financial Times.

Una preocupación que empieza a ganar terreno en las filas del Parlamento Europeo, según Aurore Lalucq. “Estamos atrapados entre la crisis energética y el imperativo del cambio climático. Aunque el Fit for 55 [como se conoce también al Pacto Verde europeo] no es tan ambicioso como nos hubiera gustado, sigue siendo un verdadero paso adelante. No debemos dejar que todo se comprometa”, insiste.

El mercado del carbono, acusado

En el marco del Pacto Verde europeo, la Comisión se ha fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. Estos compromisos han tenido un impacto inmediato en el mercado europeo del carbono. Lanzado en 2005, este mercado del carbono –o, más exactamente, el mercado de los derechos negociados, una parte de los cuales se asigna gratuitamente a las empresas más contaminantes– es una de las piedras angulares de la política energética y climática europea. Durante años, fue prácticamente inexistente: en lugar de incentivar la lucha contra el CO2, sirvió sobre todo para redondear los beneficios de los grandes grupos, que, como Arcelor-Mittal, revendieron en el mercado los derechos que les habían sido asignados gratuitamente.

Desde hace algún tiempo, el mercado del carbono ha encontrado su papel. Mientras que el precio de la tonelada de carbono había bajado a 10 euros, ahora ronda los 60 euros. Incluso los 65 en los últimos días, después de que algunas centrales eléctricas de carbón europeas se pusieran en marcha de nuevo para satisfacer la escasez de gas y la demanda de electricidad. Algunos operadores creen que el precio del carbono podría alcanzar rápidamente los 100 euros. Según las estimaciones europeas, entre el 12 y el 15% de las subidas actuales del precio de la electricidad pueden atribuirse al aumento del precio del CO2.

Pero todo esto se ha hecho muy rápidamente, dejando a todos a merced del mercado una vez más. No se adoptó ninguna medida de redistribución, ninguna política de acompañamiento, ningún plan de ayuda y apoyo para ayudar a los hogares más pobres pero también para facilitar la aplicación de medidas de ahorro y sobriedad energética para todos. Ni siquiera se ha lanzado una reflexión en el marco europeo. “Cómo hacer que la gente odie la transición ecológica en una sola lección”, reprocha Aurore Lalucq.

Nueva fractura europea

No faltó. Nada más comenzar la reunión de Liubliana, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, retomó el tema criticando la política europea de imposición de CO2. “La razón por la que los precios de la energía están subiendo es en parte culpa de la Comisión. Hay que cambiar urgentemente algunas normas, de lo contrario todo el mundo saldrá perjudicado”, denunció. En su punto de mira está, en particular, el proyecto de ampliar el impuesto sobre el carbono al transporte y la calefacción de los hogares. Propuso rediscutir todo el Plan Verde Europeo.

“Debemos garantizar un precio del carbono más predecible y evitar una volatilidad excesiva”, escribieron los ministros francés, español, griego, rumano y checo en una declaración conjunta publicada esta semana. Piden que se introduzcan mecanismos de vigilancia y control para frenar la especulación y la subida de los precios del CO2.

Una hipótesis que Alemania, Países Bajos y otros países del norte de Europa se niegan a estudiar de antemano. Están decididos a que la crisis actual no haga descarrilar el plan contra el calentamiento global acordado en julio, pero también cualquier medida que pueda ayudar a controlar o mitigar los peores efectos de las tensiones actuales. Por principio, se oponen a cualquier cambio: el mercado debe hablar.

La Comisión Europea sigue esta línea. Señala que, gracias al aumento del precio del carbono, los Estados que se benefician de este mercado han recibido ya 11.000 millones de euros adicionales. Son ellos los que pueden utilizarla y redistribuirla como consideren oportuno. Por lo demás, cree que hay que dejar al mercado y a todos sus actores la libertad de determinar los precios.

Con la crisis energética, Europa ha encontrado un nuevo ámbito de discordia y fractura, quizá más peligroso que todos los demás, porque la energía es muy estratégica, constitutiva de la organización económica y social de cada país. De momento, cada país sigue la pendiente natural de sus intereses nacionales: Alemania defiende a ultranza el gas y su gasoducto Nord Stream 2 con Rusia; la Francia de Emmanuel Macron se empeña en jugar la carta nuclear; Europa del Este reabre sus centrales de carbón, etc.

Pero si Europa, cuya justificación es precisamente ocuparse de cuestiones tan urgentes y transnacionales como el calentamiento global y la transición climática, es incapaz de articular una política integral sobre estos temas, que favorezca tanto el desarrollo de las energías renovables como la descarbonización de las economías, al tiempo que pone en marcha medidas de solidaridad y apoyo, si su única respuesta a todo ello es el libre juego del mercado, dejando a los ciudadanos europeos en la miseria y la pobreza, ¿para qué sirve?

El mercado único de la electricidad, el gran fiasco de Bruselas que explica la escalada de precios de la energía

Ver más

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: