La Ley de Memoria supera su primer examen pero evidencia la lejanía de los socios del Gobierno con el texto actual

El Gobierno se ha enfrentado este miércoles a su primera prueba de fuego en la tramitación de la nueva Ley de Memoria Democrática. Sobre la mesa, tres enmiendas a la totalidad, dos de devolución y una con un texto alternativo. Durante dos horas, los grupos han debatido ampliamente sobre el proyecto y las propuestas de PP y Vox, que han acusado al Ejecutivo de agitar el "guerracivilismo", y de ERC, que le ha recriminado que no haya sido más valiente. Ninguna de las tres enmiendas han salido adelante. Sin embargo, la de Esquerra ha puesto de manifiesto que los socios parlamentarios habituales del Gobierno no están de acuerdo con el texto. Quieren más, mucho más. Y, en este sentido, el Ejecutivo se ha mostrado "flexible" a la hora de introducir retoques durante su tramitación en el Congreso.

El primero en subirse al estrado para defender el proyecto fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Su intervención arrancó con la historia de un objeto. En concreto, de un sonajero. Un pequeño juguete que fue localizado en 2011 en una fosa de Palencia, que pertenecía a un bebé de apenas nueve meses llamado Martín de la Torre y que sostenía en sus manos su madre, Catalina Muñoz, antes de ser fusilada en septiembre de 1936. “Mientras estamos debatiendo, muchas personas en su casa observan un objeto que evoca una pérdida irreparable y, a la vez, saca a personas del olvido”, arrancó el ministro, quien defendió durante media hora un texto que, dijo, se apoya en “valores democráticos” como la “concordia” o la “cultura de la paz” y que permitirá situar a España en línea con todos aquellos países “que han sufrido dictaduras”.

Bolaños hilvanó un discurso en el que recurrió a historias concretas, como la del sonajero, para sostener la necesidad de continuar avanzando en materia de memoria. Una intervención en la que tendió la mano al resto de grupos. “Trabajemos juntos”, apuntó el ministro de la Presidencia, que aseguró que desde el Ejecutivo serán “flexibles” a la hora de retocar el texto durante su tramitación parlamentaria. La norma, sostuvo, solo busca “saldar una deuda de la democracia con nuestro pasado”. No intenta reabrir heridas, sino “cicatrizar” el dolor que arrastran todavía “muchas personas”. “Se trata de calmar el daño que el silencio causó en miles de familias rotas”, recalcó. Hijos, hijas, nietos o nietas que siguen aferrados “a los retratos de sus madres, padres, abuelos y abuelas” para “poder encontrarlos”.

Porque uno de los principales objetivos del texto en tramitación, aseveró Bolaños, es localizar y dar digna sepultura a todos aquellos compatriotas que, todavía en democracia, siguen tirados en fosas comunes esparcidas por toda la geografía española. “El Estado tiene que ayudarles más de lo que ha hecho hasta el momento”, afirmó. Y continuó: “¿Quién puede oponerse a que se identifique y localice a todas estas personas? No es una cuestión de ideología, es una cuestión de democracia”. Se trata, en definitiva, de “pasar página” pero “habiéndola leído” antes. Y pasarla lo más pronto posible. Porque, sentenció, no hay tiempo: “Tenemos que hablar, dialogar y pactar. Pero cuando ustedes tengan que votar, sean conscientes de que hay gente que no tiene ya tanto tiempo”.

"La pregunta es por qué son tan cobardes"

Pero la norma puesta sobre la mesa, en opinión de ERC, se queda corta. Por eso, Esquerra llevó al Pleno una enmienda a la totalidad con un texto alternativo en el que proponía, entre otras cosas, reconocer “cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas” de las víctimas y su derecho a la reparación, restituyendo “los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales requisados”, ya sea con la devolución del propio bien o con la compensación de su valor económico en la actualidad. “Es una enmienda en legítima defensa de las víctimas, del país que les robaron, de las entidades memorialistas que jamás se han rendido”, dijo desde la tribuna de oradores el diputado Gabriel Rufián.

El portavoz parlamentario de ERC ha sido duro durante una intervención dirigida a “todos los antifascistas” de la Cámara, a los que recordó que el Estado tiene “una deuda histórica” con “la verdad y el perdón”. Cargó a derecha e izquierda. “La derecha y ultraderecha no quieren pasado porque les avergüenza”, dijo sobre PP y Vox. “La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, la pregunta es por qué son ustedes tan cobardes”, dijo dirigiéndose al Ejecutivo.

Lo hizo tras recordarle que la norma redactada es “incapaz” de “calificar de ilegal” a un régimen “surgido de un golpe de Estado”, que crea una Fiscalía para investigar algo que luego no puede llevar a los tribunales por el mantenimiento de la Ley de Amnistía o que no fija un mecanismo para reparar a las víctimas patrimonialmente. “Queda bien entregar un diploma a la nieta de un represaliado, pero claro, devolverle la casa, el dinero o la tierra que robó a su abuelo un fascista hace 90 años ya no, porque vale dinero”, señaló Rufián.

La enmienda a la totalidad con texto alternativo no salió adelante. Pero sí puso de manifiesto que el texto puesto sobre la mesa por el Gobierno no convence a algunos de sus principales apoyos parlamentarios. El texto alternativo de ERC fue respaldado por todos los grupos nacionalistas catalanes, EH Bildu y el BNG. "Si esta ley no sirve para la gente como la que ha acudido a la Querella Argentina con nosotros no cuenten", han avisado diputados como Albert Botrán, de la CUP. También para el PNV el texto es mejorable. Sin embargo, dijo, eso es algo que se puede hacer a través de las enmiendas parciales.

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"Reabrir heridas" y "dinamitar" la "concordia de la Transición"

PP y Vox, por su parte, solo recabaron el apoyo de la derecha regionalista y Ciudadanos. Durante la defensa de sus textos, los dos partidos mantuvieron un discurso similar. Hablaron de comunismo, de ETA o acusaron al Gobierno de tratar de rescribir “la historia”. “El proyecto de ley pone los cauces para un constante adoctrinamiento histórico de la población”, dijo desde la tribuna de oradores el diputado de Vox Francisco José Contreras. “Pretenden decirnos qué ideología es la políticamente correcta, qué víctimas son dignas de tributo. Inocular una memoria colectiva”, coincidió Macarena Montesinos.

Y, por supuesto, acusaron al Gobierno de intentar “dinamitar la convivencia” con el texto. “De nuevo, se busca la atracción de los extremos para provocar una ruptura. Y no cuenten para eso con nosotros”, dijeron desde la bancada conservadora, desde la que añadieron que con la norma se “agita” el “espíritu del guerracivilismo”, “reabriendo heridas” y “removiendo sentimientos pasados”. “Rezuma un oscuro deseo de dinamitar el proceso de concordia que supuso la transición”, sentenció la diputada del PP. Pero las dos derechas se quedaron solas. Y así se lo recordaron el resto de grupos políticos de la Cámara. “Son ustedes los herederos de los valores que encarnó el franquismo”, les recordaron desde la bancada socialista.