El PP presume de "despolitización" del TC porque Espejel y Arnaldo no han ocupado cargos políticos pese a su notoria afinidad

Que los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) o los futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tengan estrechos vínculos, bien conocidos, con el Partido Popular no compromete su prestigio ni su papel en las instituciones porque el verdadero problema no es que no sean independientes sino que no lo parezcan. Ese es el razonamiento con el que el PP de Pablo Casado defiende su decisión de aupar al TC a dos personas tan afines a este partido como Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

La primera, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es tan cercana al PP que hasta sus propios compañeros la recusaroncercana, junto a Enrique López, hoy mano derecha de Pablo Casado en Génova para temas relacionados con la justicia, de todos los tribunales que se iban a encargar de juzgar las distintas piezas del caso Gürtel. Y el segundo, letrado de las Cortes y abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo en un despacho privado, no sólo es un colaborador habitual de la fundación FAES de José Maria Aznar sino que su nombre se ha visto comprometido en investigaciones por corrupción en Madrid e Illes Balears.

Tanto Casado como López han subrayado en numerosas ocasiones la importancia de que la renovación de los órganos constitucionales revista una “apariencia de independencia”. Algo que, según el líder del PP, se consigue simplemente eligiendo nombres que no hayan ejercido cargos políticos, aunque su relación con un partido sea tan obvia como la que tienen Espejel y Arnaldo.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, abundó en este razonamiento apenas unas horas después de cerrar, en conversaciones directas mantenidas con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los nombres elegidos para el Constitucional, el Tribunal de Cuentes, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

“Planteamos criterios objetivos”, señaló, como “que nadie que hubiese ejercido la política hace un tiempo, o que estuviera activamente en ella, pudiera estar en un órgano jurisdiccional”. “Teníamos que ponernos de acuerdo en profesionales de reconocido prestigio que pudieran reforzar estas instituciones”, porque “si nosotros damos una sensación de parcialidad, de politización, lo que estamos haciendo es debilitar institucionalmente España”.

¿Y qué es dar “sensación de politización”, según el número dos de Casado? Nombrar personas que, por mucho prestigio que tengan, han ejercido en algún momento responsabilidades en puestos políticos. Algo que, asegura García Egea, sugiere que “uno puede estar un día en la política y otro en un tribunal, juzgando sentencias que pueden afectar a los partidos”. Y eso que, añadió, haber estado en política no es algo malo, “si se ha hecho bien”.

“Gracias a estos criterios que hemos impuesto”, se jactó el secretario general del PP en una entrevista en Telecinco, “ya no hay ni atisbo de politización”.

El propio Casado se mostró igual de tajante a la hora de juzgar la trayectoria de Espejel y de Arnaldo, claramente vinculada a su partido. “Nuestras exigencias eran avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional y la trayectoria de los candidatos, y creo que se ha cumplido”, declaró por la mañana poco antes de asistir a un acto en el centro de Madrid.

Lo importante, en opinión del líder del PP, es avanzar “en la independencia de los órganos judiciales” y también, “en este caso”, de “dos órganos jurisdiccionales que no son nombrados por los jueces porque no son poder judicial”.

Para conseguir esa independencia, razonó, “teníamos que proponer candidatos de prestigio y nosotros proponíamos también que no fuesen políticos en ejercicio, ni siquiera expolíticos, ya que por ejemplo el Tribunal de Cuentas tiene que supervisar la labor de los partidos políticos y sus fundaciones y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución”.

“Fuera de toda duda”

“Eso se ha cumplido. La trayectoria de todos los que se ha propuesto está fuera de toda duda”, concluyó obviando la afinidad de Espejel y Arnaldo, los dos nombres propuestos por el PP, con su partido.

Casado no se quedó ahí. Apenas unos segundos después de afirmar que el acuerdo sobre el TC es “positivo porque hace falta reforzar las instituciones en España” pero también porque “la Constitución nos obliga”, aseguró su intención de seguir incumpliendo la ley que le obliga a negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial a menos que el Ejecutivo acceda a sus exigencias y, en contra de la voluntad mayoritaria del Congreso, acepte cambiar la legislación para que sus miembros sean elegidos de otra forma.

Consciente de que aunque se cambiara la ley la renovación del actual CGPJ debe llevarse a cabo siguiendo la normativa actual, lo que exige un acuerdo entre el Gobierno y el PP, Casado quiere que se aplique el mismo criterio que con el TC. “Reforzando la independencia” de los vocales por el mecanismo no de evitar aquellos que tengan vínculos conocidos con los partidos sino aplicando el criterio de que nunca hayan desempeñado cargos políticos, que es como él siempre ha defendido que el CGPJ tenga “apariencia de independencia”.

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En todo caso, repitió, el PP no pactará la renovación del Consejo a menos que el Gobierno acepte reformar antes la ley para que en el futuro 12 de los 20 vocales que en la actualidad seleccionan el Congreso y el Senado por mayoría reforzada a partir de las propuestas que les hacen llegar las asociaciones de jueces sean elegidos directamente por los propios jueces sin participación alguna del poder legislativo.

“El Gobierno lo que tiene que hacer es aceptar la renovación del CGPJ modificando la ley orgánica [del Poder Judicial] para que los jueces elijan a los jueces”, insistió. “No hay alternativa. No se puede dar esa imagen de que no se respeta la justicia”, remarcó.

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