Ribera agota sus opciones para rebajar el recibo de la luz a la espera de una reforma europea casi imposible

Hay muchas medidas que un Gobierno de la Unión Europea puede hacer para bajar el precio de la electricidad en el contexto de un mercado liberalizado sobre un bien básico. A pesar de lo que cabría esperar. El problema es que el Ejecutivo español ya las ha ejecutado todas o casi todas: y las que de verdad causarían un cambio de paradigma no dependen solo de su voluntad. Aún hay margen, pero cada vez es más estrecho. Y la factura sigue subiendo, aunque suba menos de lo esperado. La propia ministra Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, adelantó este martes cuáles serán las próximas reformas que su departamento tiene en mente. Algunas, ampliamente demandadas por empresas y sociedad civil: otras, necesarias según organizaciones contra la pobreza energética, aún no se vislumbran en el horizonte. 

El Gobierno ha bajado o suprimido temporalmente todos los impuestos aplicables a la energía eléctrica. El mercado de carbono está en máximos, así que el Ejecutivo ha utilizado tanto estos ingresos que percibe, inesperados, como los que extrae de la minoración del gas para dejar en la mínima expresión los peajes y las cargas que abonamos en el recibo. Ha puesto fin, no sin polémica, a los "beneficios caídos del cielo": y ya retira, en principio, 2.600 millones de euros de beneficios a las eléctricas, al entender que reciben un extra en el escenario actual y que tienen que arrimar el hombro. Otra ley en tramitación en el Congreso, si se aprueba, aumentará esa cifra. Este martes, Ribera aplacó el golpe, librando a determinados contratos bilaterales con la industria por entender que no se estaban beneficiando de la escalada y tras semanas de amenazas, quejas y exabruptos del oligopolio.

En el mismo Consejo de Ministros se ha aprobado un aumento del descuento del bono social eléctrico, desde un 25% a un 60% en el caso de consumidores vulnerables y del 40% al 70% en el caso de consumidores vulnerables severos, así como un bono de 90 euros para calefacción que llegará en diciembre y que será tramitado, ha explicado Ribera, por las comunidades autónomas. Es lo que pedía la Comisión Europea: que las medidas se centraran en los que más pueden sufrir un aumento de la factura. Hasta el momento, Transición Ecológica había creado el llamado "suministro mínimo vital", en la práctica una ampliación hasta ocho de los meses en los que se prohíben cortes por impago. Pero el recibo tenía, y tiene, que abonarse. 

Por otro lado, Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa la obligación de que el mercado libre no sea tan libre como para engañar al consumidor. En primer lugar, exigiendo que los cambios de tarifa cuando el contrato vence sean avisados con un mes de antelación. La subida del pool también afecta a las tarifas al margen de la regulada, que pueden aplicar subidas cuando se acaba el periodo de facturación. Según organizaciones de consumidores, el aumento está siendo de un 30% de media. Lo que pretende el Ejecutivo es que estos encarecimientos sean transparentes, sin sorpresas para el cliente. Además, las eléctricas deberán informar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cómo establecen sus tarifas y cómo venden su electricidad: la alternativa a la auditoría sobre los costes que lleva meses pidiendo Unidas Podemos y que los expertos ven difícil de ejecutar, al tratarse de empresas privadas. 

Las actuaciones han abarcado casi todos los frentes. Pero hay algunos a los que aún no se ha llegado, porque se necesita tiempo; por complicaciones burocráticas; o por falta de ambición política, según los opositores al Ejecutivo. 

La tarifa regulada: el próximo gran melón

Reconoció Ribera en su comparecencia de este martes que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada, podría cambiar y que la modificación tiene la capacidad de ayudar a alcanzar el objetivo fijado por su Gobierno: que paguemos lo mismo que en 2018. Para ello ha abierto una consulta pública, aunque aún no está confirmado que la decisión se termine tomando. Esta modalidad, a la que se acogen el 40% de consumidores domésticos en este país, tiene la ventaja de que es más barata que las ofertas que hacen las comercializadoras en el mercado libre en tiempos de paz: y la desventaja de que, como única excepción en Europa, la parte del coste de la energía está indexada a la subasta diaria. No solo sufre de vaivenes continuos, sino que internaliza casi directamente la escalada del pool.pool.

Hay varias opciones. Las eléctricas, deseosas de pasar a cuantos más clientes mejor a un mercado libre en el que cobran más si quitamos la crisis actual de la ecuación –entre un 20% y un 30%, según fuentes de Transición Ecológica–, quieren que la tarifa regulada deje de ser de libre acceso y solo se mantenga para los consumidores vulnerables. Además, proponen una manera de evitar idas y venidas: que los precios de la factura intervenida estén relacionados con los de los mercados a largo plazo, que también reflejan el coste de la energía, pero sin tantos vaivenes. Es difícil que el Ejecutivo renuncie así como así a una de las pocas regulaciones que le permite Bruselas sobre el recibo, pero sí que está abierto a estabilizar el proceso, que causa "ansiedad" en palabras de un miembro del Gobierno, y desgaste político. 

Otras propuestas, como la de la Fundación Renovables, defienden un cambio más radical: que pague más quien más consume, con independencia de su situación de vulnerabilidad, y siempre hablando de consumidores domésticos. Un tramo gratuito, hasta los primeros 1.500 KWh; un tramo intermedio, con un sistema igual que el actual; y un tramo penalizado, en el que la electricidad que se pase de un límite se abone a precio de oro. Es la aplicación directa de la máxima "quien contamina, paga", pero especialistas consultados por infoLibre tienen dudas sobre si esta medida beneficiaría de verdad a los más vulnerables –que consumen más de lo que a veces se presupone, por el uso de electrodomésticos viejos, por ejemplo– y sobre si un tramo gratuito es realmente viable en el contexto actual. 

Bono social automático, ¿por qué no?

La ministra ha anunciado mayores descuentos en la factura a los consumidores que cuentan con el bono social eléctrico, de hasta el 70% si se cuentan en una situación de vulnerabilidad severa. Pero las asociaciones contra la pobreza energética, que ya han tachado la mejora de "insuficiente", reclaman una automatización de su concesión. Según cálculos de Ecodes, hasta el 50% de la población española que cumple los requisitos no percibe el bono. ¿Por qué? Desconocimiento, burocracia lenta y complicada o comercializadoras que alargan demasiado los trámites.

Transición Ecológica reconoce que es un método ineficiente y que la concesión se aplicara automáticamente, sin tener que pedirla, sería lo ideal, pero también reconoce dificultades para coordinar a las administraciones y recabar todos los datos necesarios para ello. Por las palabras de Ribera de este martes, no parece que esté en los planes del Ministerio a corto plazo. El dinero a desembolsar de más sería mucho mayor a los 100 millones que anunció el domingo el presidente, Pedro Sánchez. 

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Transición Ecológica no renuncia a promover una reforma integral en  las reglas del sistema europeo de electricidad, mediante el cual el carísimo gas marca el precio del resto de tecnologías, pero no deja de recibir reveses. Primero fue la fría acogida del Parlamento Europeo; segundo, el escepticismo de la Comisión Europea, que dijo que estudiaría alternativas pero que dejó claro que el mercado mayorista gozaba de "consenso general"; ahora, once países de la Unión Europea que han hecho una defensa cerrada del sistema actual.  Ya no están solas Alemania y Bélgica en la oposición activa. 

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, llevó una propuesta concreta al Consejo de Ministros de Energía celebrado en Luxemburgo este martes: un sistema que  calcule una media entre el precio marginal y el inframarginal, quitándole protagonismo al gas en el precio que se traslada a los consumidores y haciendo que se note la entrada de renovables en el mix. La Comisión Europea, como siempre, dice que lo estudiará, pero ha vuelto a rechazar a priori la iniciativa y a defender el modelo actual por "eficiente". Es la principal ventaja que le ven algunos expertos al mercado marginalista: la oferta y la demanda se acoplan a la perfección, sin que entre en la subasta ni un solo KWh, procedente o no de combustibles fósiles, que no sea necesario. 

Si el Gobierno español quiere seguir en la batalla, tendrá que especificar cómo un nuevo modelo puede atajar estas carencias, que también sufren, a juicio de los especialistas, la propuesta de Goldman Sachs que circula en Transición Ecológica como ejemplo de que el cambio es posible, también desde la más pura ortodoxia económica. En todo caso, los cambios no llegarán a tiempo para solventar un invierno que promete ser de los más duros de las últimas décadas. La última opción es que Bruselas, como ha puesto Aegesen sobre la mesa comunitaria este martes, autorice que España ejecute los cambios por su cuenta. El riesgo es alto: los posibles inconvenientes serían asumidos solo por el mercado español. Pero la alternativa coge fuerza ante el impasse.