El CGPJ se encamina a tres años de bloqueo con casi 60 plazas en la cúpula judicial que no puede cubrir

"Todo es posible con voluntad de acordar y de ceder”. Son palabras que pronunció el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hace dos semanas en las que pareció verse un cambio de estrategia en el partido conservador de cara a un posible desbloqueo en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque fuentes de la negociación explicaban entonces que se habían retomado las conversaciones para tratar de cerrar un acuerdo, a día de hoy apuntan que no ha habido avances. El órgano de gobierno de los jueces se encamina, por tanto, a los tres años de bloqueo y, ante la imposibilidad de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones, a finales de este año habrá casi 60 plazas en la cúpula judicial sin cubrir si Gobierno y PP no ponen remedio con un acuerdo.

Según los datos que maneja el CGPJ, actualmente hay 48 nombramientos pendientes tanto en el Tribunal Supremo como en tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y Audiencia Nacional. En el alto tribunal, los fallecimientos, jubilaciones o excedencias solicitadas por los magistrados hacen que su plaza se quede sin cubrir. En el resto de órganos judiciales se cubren alargando el mandato del magistrado de turno, que se suele quedar el tiempo necesario hasta ser sustituido, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Se calcula que, de seguir sin cambios la situación de bloqueo, la cifra de puestos sin cubrir o con el mandato finalizado aumentará a los 57 a 31 de diciembre de 2021 –51 en la jurisdicción ordinaria y 6 en la jurisdicción militar–.

Esta situación en la cúpula de órganos judiciales tiene una traducción muy gráfica en el Supremo: de prolongarse esta situación, implicará que en este tribunal se dicten "aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas" y se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta, de acuerdo con el informe que redactó hace sólo unos días el gabinete técnico de la Sala de Gobierno.

Los nombramientos pendientes a día de hoy vienen provocados por distintos factores, de entre los que destaca la jubilación, las excedencias voluntarias, el fin del mandato o, en última instancia, el fallecimiento de algún magistrado. En algunos casos, también se da la circunstancia de que el cargo ha sido nombrado para otro puesto o se encuentra destinado en servicios especiales. Esto último es lo que ocurre con la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, que en las próximas semanas tomará posesión como magistrada del Tribunal Constitucional, órgano para el que ha sido propuesta por el PP en virtud del acuerdo alcanzado recientemente con el Gobierno.

De acuerdo con las cifras facilitadas por el CGPJ, en el Tribunal Supremo hay actualmente once vacantes por seis jubilaciones, tres fallecimientos, una excedencia y la salida de una magistrada, Lourdes Arastey, después de ser nombrada juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por su parte, los tribunales superiores de justicia registran un total de 18 vacantes, en su mayoría por el fin del mandato de los jueces. Lo mismo ocurre con las audiencias provinciales, en el que destaca el caso de Ignacio Subijana, que el pasado mes de marzo fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Plazas sin cubrir, más carga de trabajo y traslados de emergencia

Debido a que en el Supremo es el órgano que se ve más afectado por la imposibilidad del CGPJ en funciones de hacer nombramientos discrecionales, ya que en el resto los cargos salientes pueden continuar de forma interina en la mayoría de los casos, en el tribunal y el órgano de gobierno de los jueces ya estudian posibles soluciones provisionales. Tal y como publicó este periódico, un ejemplo es recurrir a jueces suplentes, esto es, que los magistrados que se vayan a jubilar alarguen su periodo de trabajo. Otro es convocar plazas en comisión de servicio, a la que únicamente se podrían presentar magistrados de los tribunales superiores de justicia o de la Audiencia Nacional, esto es, sólo los que podrían optar a una plaza fija para asegurar que cuentan con la suficiente experiencia para resolver asuntos en el Supremo, aunque también se podría dar la opción a miembros del gabinete técnico del propio Supremo. Como tercera solución, las fuentes destacan a los magistrados que forman la Sala de Admisión de los recursos de casación, que se encargan de estudiar los escritos que van llegando para decidir si cumplen los requisitos para ser admitidos a trámite en el alto tribunal.

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Otras fuentes consultadas apuntan que antes de acudir a personal externo, lo primero que se podría hacer en el Supremo es recurrir a "recursos propios". En cada sección que necesite reforzar su plantilla de modo puntual ante un aumento de la carga de trabajo, se destinarán jueces de otras secciones en que se divide esa misma Sala. Estas reorganizaciones internas puntuales no requieren la intervención de la Sala de Gobierno del tribunal, sino que es el presidente de cada Sala el que va disponiendo los traslados puntuales. También puede darse la situación de que magistrados de unas Salas pasen momentáneamente a otras para deliberación o enjuiciamiento de asuntos de otras; ahí ya haría falta que la Sala de Gobierno acudiera al CGPJ con la petición y éste la autorizara.

De momento, parece que la primera de estas dos soluciones es la que más opciones tiene para aplicarse a partir del próximo año, si es que hiciera falta. Todo depende de la carga de trabajo de las Salas. La de lo Contencioso-Administrativo es la más numerosa de las cinco Salas del Supremo, pero también es de las que más asuntos tiene encima de la mesa. Y en torno a marzo de 2022, la previsión es que se quede con 24 miembros de los 32 que marca su composición.

La Sala Cuarta (de lo Social) no se queda atrás: ahora está compuesta por diez magistrados –de los trece que debería tener asignados– que se dividen en dos secciones de cinco cada una y actualmente ya tiene en cartera unos 7.200 asuntos que están pendientes de resolución, según fuentes de la Sala consultadas por este periódico.