La delgada línea que va a separar la actividad privada de Iván Redondo del conflicto de intereses

Vuelve Iván Redondo. Apenas cuatro meses después de su inesperado cese, por voluntad del presidente según todas las crónicas, a petición propia según el propio interesado, el que fuera principal asesor de Pedro Sánchez abandona el descanso que se autoimpuso tras su salida de Moncloa y prepara su regreso a la consultoría.

Será a partir de noviembre y el formato elegido, del que Redondo se propone ir dando detalles en los próximos días, es “un proyecto nuevo” de “consultoría independiente” que va a “liderar” con “profesionales de primer nivel” al que también se sumarán “unos cuantos amigos”.

Redondo anticipó el pasado martes sus planes en un evento organizado por Llorente y Cuenca (LLYC), eventola consultora especializada en comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos en la que él mismo empezó su carrera. Fue en respuesta a una pregunta de Luisa García, CEO de LLYC Europa, que moderó el encuentro en el que también participó el presidente de la consultora, José Antonio Llorente.

El exasesor de cabecera de Pedro Sánchez aseguró allí que se trata de un proyecto ambicioso. “Vamos a intentar llevar la consultoría a otro nivel y a otra posición”, dijo sin dar más detalles. De momento, nada se sabe sobre si su área de trabajo incluirá España o si se centrará exclusivamente en otros países.

Lo que sí se conoce es que Redondo compatibilizará su regreso a la consultoría privada con una colaboración en el diario catalán La Vanguardia, esta sí focalizada en lo que ha sido su actividad en los últimos tres años: la política española.

Su idea, explicó en el mismo evento, es “tomar posición en la política española” desde las páginas del diario. “De manera totalmente independiente”, subrayó, y desde “un punto de vista técnico”. Para explicar “cómo veo que están las cosas” con “informaciones y datos”.

Iván Redondo formó parte del núcleo de decisión del presidente del Gobierno desde la moción de censura que le llevó a la Moncloa. Como director de gabinete de Pedro Sánchez —un puesto que tiene categoría de secretario de Estado y que es el más próximo al jefe del Gobierno— ha tenido acceso de primera mano no sólo a todas las decisiones y a las estrategias de presidente sino a elementos clave de las políticas públicas y de seguridad durante los últimos tres años.

Antes de la pandemia, Redondo ya lideraba la planificación a largo plazo del Gobierno y tuvo pleno acceso dentro del PSOE a la preparación de todas las campañas celebradas desde 2018. Entre sus funciones estaba conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al presidente la coordinación de la acción del Gobierno. Y tenía a su cargo organismos tan importantes como el Departamento de Seguridad Nacional, un órgano crítico en el entramado de la Moncloa porque de él dependen el seguimiento y la gestión de las crisis.

A estas tareas, ya de por sí muy relevantes, Redondo acabó sumando otra todavía más trascendente: el control de los fondos europeos. Por decisión del propio Pedro Sánchez, su director de gabinete asumió la responsabilidad de controlar el destino del dinero que la Unión Europea asignó a España para salir de la crisis provocada por la pandemia: 140.000 millones de euros, 70.000 de los cuales son ayudas que hay que justificar pero que no es necesario devolver.

Esta suma de responsabilidades concentró en el superasesor de Sánchez si no más margen de maniobra que algunos ministros sí acceso a un volumen de información cuando menos delicado ahora que ya no está en la administración y planea volver a la consultoría privada, una de cuyas áreas de negocio más rentables en estos momentos es la asesoría de empresas e instituciones precisamente para hacerse con una porción de la tarta del dinero que ya ha empezado a llegar desde Bruselas.

La paradoja es que si se confirma que Redondo desarrollará su actividad en una empresa de nueva creación y se limita a asesorar a otros sin solicitar directamente fondos de la administración, no tendrá ninguna limitación legal para hacerlo.

La ley 2/2015, que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece límites a la actividad profesional “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”. Pero no demasiado exhaustivos. Únicamente impide prestar servicios en entidades privadas “que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, lo que excluye a las de nueva creación.

La nueva consultora de Redondo, eso sí, no podrá, también durante dos años, “celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado servicios, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercía”. Y siempre y cuando el exasesor de Sánchez posea al menos el 10%.

Conflicto de intereses

La misma ley exige a Redondo declarar durante dos años sus planes a la Oficina de Conflicto de Intereses para que ésta decida si vulnera la ley o si autoriza la actividad.

Es decir: no tendrá límites para asesorar a empresas y corporaciones para, por ejemplo, buscar el mejor modo de acceder a la lluvia de millones de los fondos europeos, cuyo control era hasta hace apenas cuatro meses su máxima responsabilidad en el Gobierno, lo que como mínimo le otorga una privilegiado conocimiento de los criterios de reparto que ahora, en teoría, puede aplicar desde el otro lado de la ventanilla.

Esta laguna de la ley ya ha sido señalada por especialistas en la materia, como el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor: “¿Qué sucede si el alto cargo pasa a trabajar para un despacho de abogados que, a su vez, presta servicios a empresas sometidas a regulación? ¿O si lo hace para un lobista? No estaría sujeto a restricción alguna. La intermediación de un tercero que sí podría prestar servicios a la empresa podría romper la prohibición. Es un fallo muy relevante que cuestiona, una vez más, la eficacia de la prohibición”.

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José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Público de la Universidad de Cádiz, sostiene que la ley vigente descansa sobre “una visión simple de las puertas giratorias” porque “únicamente se recoge la cautela de evitar que los ex altos cargos puedan incorporarse a empresas o entidades que se vieron afectadas por sus decisiones”. “Sin embargo, no se preocupa ni ocupa de la posibilidad de que el ex alto cargo se incorpore a una nueva empresa o realice actividad profesional con el fin de “emplear” sus contactos y conocimientos recientes para su beneficio, en una situación que claramente debería estar en el marco del conflicto de intereses”, asegura en un estudio publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública del Ministerio de Hacienda.

Redondo, en principio, también está obligado a guardar reserva de cualquier cosa que tenga esa categoría de secreto y que haya conocido en virtud de su cargo o de su estrecho vínculo con el presidente y de su papel al frente del departamento de Seguridad Nacional. De ahí que sus prometidos artículos en La Vanguardia se vayan a centrar en el análisis técnico de datos y en la prospectiva de cara al futuro y no en la explicación de acontecimientos clave de los últimos tres años.

Redondo no atendió este jueves la petición de infoLibre para responder algunas preguntas sobre sus nuevas actividades y los posibles conflictos de intereses que pudiesen acarrear.