Qué es el "componente 23": el plan del Gobierno para la reforma laboral que validó Bruselas

La crisis de 2008 instauró en el imaginario colectivo un temor permanente hacia la Unión Europea y sus políticas de ajuste: “Esto lo exige Bruselas” o “esto no lo permitirá Bruselas” se convirtieron en auténticos mantras que a menudo operaban a modo de autocensura previa por parte de los gobernantes, antes incluso de que ningún responsable comunitario se pronunciase al respecto. Era la Europa de la austeridad, especialmente rigurosa para con los países del sur.

El caso es que esos mantras siguen intentando instalarse ahora, a pesar de que la Bruselas de 2008 no es la de 2021 y de que las recetas neoliberales de la anterior crisis económica han sido sustituidas por políticas expansivas y de carácter social tras la pandemia. Muchos han argumentado en los últimos días que el Gobierno debería andarse con ojo con su reforma laboral porque Europa nos mira con lupa y nos jugamos los multimillonarios fondos europeos.

Lo cierto es que, en líneas generales, la UE ya ha dado el visto bueno a esa reforma laboral. La Comisión aún espera el detalle de la norma que ahora el Ejecutivo de coalición español se dispone a apuntalar tras una intensa batalla interna entre PSOE y Unidas Podemos. Pero Europa ya ha validado los planteamientos más importantes de la nueva legislación laboral que pretende desarrollar el Ejecutivo, sin poner siquiera objeciones al desarrollo normativo avanzado desde el ministerio de Trabajo. Algo que sabemos por el famoso "Componente 23" del llamado Plan de Transformación y Resiliencia, algo así como el precontrato enviado por los países miembros a la Unión Europea para poder acceder a las ayudas de los fondos europeos.

¿Qué es el "componente 23"?

Ese “Componente 23” ya es fruto de un largo proceso de negociaciones en el seno del Gobierno de coalición, con notables discrepancias y enfrentamientos entre los ministerios de Economía, más cauto, y Trabajo, decidido a no dejar rastro de la legislación laboral que el PP implantó en 2012. Esas negociaciones se prolongaron durante seis meses y fueron desencalladas a finales del año pasado por el propio presidente del Gobierno y su equipo. Y el balance que se hizo entonces desde el entorno de Yolanda Díaz fue muy positivo, interpretando incluso que sus tesis habían logrado imponerse a las de Nadia Calviño: se alcanzaba el compromiso de recuperar la ultraactividad (un convenio no decae hasta que el nuevo no entre en vigor), de hacer prevalecer el convenio sectorial al de empresa y de atajar la precariedad implícita en la figura de la subcontratación, entre otras cosas.

Bajo el epígrafe “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, ese "componente 23" se envió a Bruselas. En total, 90 páginas de compromisos adquiridos por España en materia de legislación laboral. En ese texto se enumera cada capítulo de reformas que el Ejecutivo pretende llevar a cabo, se asigna la dotación presupuestaria de aquellas partidas que requieren de inversión pública e incluso se fija qué departamento ministerial es el competente en cada uno de los puntos.

Subcontratación

Uno de los capítulos más explícitos de todo el documento enviado a Bruselas es el de la subcontratación. En este apartado el Gobierno es claro: “Es necesario abordar una reforma que impida que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación como mecanismo de reducción de los estándares laborales de las personas que trabajan para las empresas subcontratistas”, reza el texto, que añade que “se utiliza cada vez más la externalización para subcontratar tareas que están dentro de la actividad propia de la empresa, del núcleo que define su negocio. Eso hace necesaria una regulación precisa que garantice un nivel adecuado de protección a las personas trabajadoras de las subcontratas en relación a la actividad que realizan”.

La de la subcontratación es una de las líneas rojas para los sindicatos y uno de los asuntos más delicados para la patronal, que siempre reclama respeto a los mecanismos de “flexibilidad” del mercado laboral. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha repetido en las últimas semanas un mismo ejemplo: el modelo de subcontratación actual permite que las camareras de piso o limpiadoras de hoteles encadenen contratos precarios “a 3 euros la hora”.

Ultraactividad y convenios colectivos

Hay otro capítulo, el de la ultraactividad, también enunciado en el "componente 23". En este caso está menos detallado y, por tanto, deja mayor margen a la discusión en el seno del propio Gobierno. Pero también señala cuál es la apuesta. Antes de la reforma laboral de 2012, los convenios se prorrogaban automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio, algo que los sindicatos defienden que aportaba seguridad a los trabajadores. Pero el Gobierno del Partido Popular introdujo una modificación esencial que hoy sigue vigente: si en el plazo de un año desde la finalización de un convenio no hay otro en vigor, esa regulación decae y los nuevos empleados pasan a tener como marco de referencia el estatuto de los trabajadores y el salario mínimo interprofesional.

Algo que la próxima reforma laboral también abordará, tal y como se enuncia en documento remitido: “la modernización de la arquitectura de negociación colectiva constituye una quinta pieza clave del paquete de reformas que serán elevadas al Diálogo Social, abordando aspectos tales como la ultraactividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.

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Todas estas, junto a un amplio paquete de medidas que van desde las políticas activas de empleo, la igualdad retributiva o la implementación de los ERTEs como mecanismos de flexibilidad interna, conforman “la hoja de ruta” de la reforma laboral que va a acometer el Gobierno. A pesar de los choques de los últimos días en el seno de la coalición, el presidente afirmó este jueves durante su comparecencia en la cumbre hispano-lusa que su Ejecutivo cumplirá con ese rumbo trazado. 

Los sindicatos advierten que no admitirán “rebajas” en reformas estructurales como las de la subcontratación, la prevalencia de los convenios sectoriales o la ultraactividad. Su socia de Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido públicamente en su compromiso de “derogar” la reforma laboral del PP, algo que también exigen la mayoría de socios parlamentarios de Pedro Sánchez. El presidente del Ejecutivo destaca la necesidad de que de esa ecuación forme parte también esta vez la CEOE, algo que ya ha ocurrido hasta en doce acuerdos sociales entre empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo a lo largo de la legislatura. De momento, la primera parada parece la más trascendente: el martes, el propio Sánchez presidirá una reunión para poner de acuerdo a su propio Consejo de Ministros.