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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

Una reforma clave para la economía y la sociedad española

Una ley "a traición" aprobada en 50 días: la reforma laboral del PP resiste casi diez años pese a su histórica burla al consenso

Pintada a favor de la huelga general del 29 de marzo de 2012.
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"Han sido muy importantes los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y patronal", explicaba a finales de octubre en La Hora de La 1 de TVE, con la cuestión de la reforma laboral en carne viva, la diputada y dirigente del PP Ana Beltrán. Hablaba de desarrollo económico y empleo y de todo lo que el PP hace por ello. A priori no parecía haber riesgo en tal reivindicación del "consenso". Al fin y al cabo, es lo que todo el mundo repite y repite. ¿Quién cuestiona el "consenso"?

Pero entonces el periodista Marc Sala le hizo un recordatorio incómodo: "La reforma laboral del PP fue sin los sindicatos, por ejemplo".

– Bueno –responde perdiendo la fluidez Beltrán, en una escena que circuló por las redes sociales–, pues podría haber sido sin los sindicatos, no le puedo decir exactamente, pero desde luego la... eh... cualquier acuerdo, cuantas más partes estén implicadas en él, mejores resultados da.

"No le puedo decir exactamente", apuntaba Beltrán. Pero en realidad sí se puede decir con total exactitud: la legislación laboral del PP de 2012 se hizo no sólo sin los sindicatos, sino contra los sindicatos. Y no únicamente sin consenso, sino en sólo 50 días, sin negociación ni información, y violentando un fructífero espacio de negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales, que acababa de rendir al menos dos acuerdos.

La propia CEOE vio superadas sus previsiones con la reforma, a la que puso rostro Fátima Báñez.

De 50 a más de 3.500

Aquella norma de 2012 resiste, a pesar de que desde su aprobación ha afrontado una oposición sindical total y un carrusel de promesas de derogación por parte la izquierda política. Con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, parece existir una expectativa verosímil de cambio. Al margen de la discusión sobre la forma que adoptará la "derogación", ha cobrado fuerza en el debate otra idea: "consenso". El Gobierno emite múltiples mensajes en esta línea, por voces que abarcan al presidente, Pedro Sánchez; la vicepresidenta Nadia Calviño; y la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, entre otros. La CEOE también pide "espacios de consenso".

Pero no todos creen que ese "consenso" sea posible. El ex secretario general de CCOO en Cataluña y exdiputado en el Congreso y en el Parlament Joan Coscubiela lo ve deseable, pero "casi imposible". "La patronal no tiene incentivos para el acuerdo, porque la legislación del PP, que era el programa de máximos de la CEOE, le deja una posición muy ventajosa", afirma. Y hace un inciso: no hay que olvidar "cómo se hicieron las cosas en 2012". ¿A qué se refiere? "No hubo ni diálogo, ni concertación... ¡No hubo ni debate en el Consejo de Ministros!", explica, animando a mirar en detalle unas fechas que en efecto muestran cómo es la antítesis del consenso.

Fechas, pues.

1) Las generales en las que el PP consigue la mayoría absoluta frente a un PSOE machacado por la Gran Recesión son el 20 de noviembre de 2011.

2) El primer Gobierno de Mariano Rajoy toma posesión el 22 de diciembre de 2011.

3) 50 días después, los que van de ese 22 de diciembre al 10 de febrero de 2012, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, más tarde convertida en ley.

50 días le bastaron al Gobierno para aprobar una de las reformas de mayor impacto económico y social de la reciente historia española. Este lunes, 3.559 días después de aquel 10 de febrero, la norma seguirá en el BOE y el Gobierno buscando "consenso" para cambiarla.

Un "atropello garrafal"

Nada más aprobarse, sindicatos y movimientos ciudadanos –el 15M aún tenía algo de vigor– impulsaron las primeras movilizaciones y gestos de protesta, si bien el propio factor sorpresa había restado capacidad de respuesta inmediata. Una de las críticas más frecuentes, aparte de las que afectaban al contenido, era la absoluta falta no ya de consenso, sino de diálogo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reunió con la patronal y los sindicatos el 13 de febrero, un día después de la entrada en vigor de la norma. De modo que la foto de la reforma laboral con la ministra y los líderes de UGT, Cándido Méndez; CCOO, Ignacio Fernández Toxo; CEOE, Juan Rosell; y Cepyme, Jesús Terciado, se producía después de la reforma. No antes. Se explicaban hechos consumados.

"El procedimiento ha sido un atropello garrafal al derecho de información y consultas de sindicatos y patronal", declaró Méndez (UGT). Los sindicatos se apresuraron a organizar movilizaciones. Las primeras tuvieron lugar el 19 de febrero en toda España. Era el preludio de la huelga general del 29 de marzo. Ese mismo año hubo una segunda huelga general, en este caso de ámbito europeo y contra las políticas de recortes, el 14 de noviembre.

Interrupción de acuerdos

Fernando Luján, secretario confederal de UGT, que era entonces abogado de la comisión ejecutiva del sindicato, recuerda hoy la conmoción que supuso la aprobación de la reforma. "Sabíamos cero. Cero. Hubo nocturnidad y alevosía. Nos pilló por sorpresa. Fue a traición", afirma. Luján sostiene que el "decretazo" no sólo "obvió" el diálogo social, sino que violentó un espacio de transacción abierto entre patronal y sindicatos.

Hay hitos que dan la razón a Luján. Otra vez, las fechas.

1) El 25 de enero de 2012, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme habían firmado el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014. Dicho acuerdo "no llegó a tener virtualidad porque la reforma vino a entrometerse", afirma ahora Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO.

2) El 7 de febrero de 2012, tres días antes de la reforma, los mismos cuatro agentes firman el V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales. De hecho, la resolución de Empleo por la que se registraba el acuerdo era el mismísimo 10 de febrero.

Todo ello era en parte resultado de que un año antes, en febrero de 2011, todavía bajo el impacto de la anterior reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero (2010), los cuatro agentes habían firmado un "pacto social" de salida de la crisis. Aunque el posterior endurecimiento de la legislación laboral de nuevo en 2011 había agriado el ánimo sindical, los puentes entre con las organizaciones patronales estaban tendidos.

Luján (UGT) afirma que la reforma laboral tuvo un efecto destructivo sobre aquel escenario de entendimiento. De repente, afirma, el Gobierno irrumpió entregándole a la CEOE incluso más de lo que esperaba, explica, citando una frase que se atribuye a Cándido Méndez: "Los empresarios fueron a la pastelería a comprar media docena de pasteles y se encontraron con que le habían regalado la pastelería entera". "Estábamos –continúa Luján– cerca de llegar a acuerdos sobre ultraactividad y prevalencia del convenio del sector [sobre el convenio de empresa]. La patronal no había ni planteado la rebaja de indemnización por despido, ni quitar la autorización administrativa [en los despidos colectivos]". Y se lo encontraron en el decreto del PP.

De 2010 a 2012

La reforma de 2012 no inauguró el casillero de cambios de la legislación laboral en contra del criterio de los sindicatos. Ni mucho menos. Rafael Gómez Gordillo, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Pablo Olavide, afirma que, después de la aprobación en 1980 del Estatuto de los Trabajadores, la mayoría de las reformas laborales han venido a profundizar en la llamada "flexibilidad", que él ve como un eufemismo de la pérdida de protección de derechos de los trabajadores, especialmente en momentos de crisis. La historia de grandes movilizaciones en España demuestra que el rechazo sindical ha estado ahí. Las huelgas generales de los años 80, 90 y 2000 han tenido entre sus causas reformas laborales, de prestaciones por desempleo o pensiones.

Ya la reforma laboral de 2010 del Gobierno del PSOE suscitó una huelga general, de hecho. A juicio de Gómez Gordillo, no se puede entender la reforma de 2012 sin la de 2010 –y otra posterior, de menor alcance, de 2011–, que le preparó el terreno. No obstante, cree que la reforma de de 2012 rompe "una cierta tradición histórica de un mínimo de diálogo con los interlocutores mayoritarios". Los sindicatos coinciden en que no hubo antecedente en las formas. "En 2010 se negoció. Es verdad que no estuvimos de acuerdo, pero se habló", señala Luján (UGT), que tampoco ve comparables en contenido ambas reformas y ve más grave la de 2012. "Siguiendo unos postulados ultraliberales, la reforma de 2012 nos trajo una devaluación de salarios tal que ha provocado en España el fenómeno de los trabajadores pobres. Además, no ha cumplido sus objetivos. No ha acabado con la dualidad, ni ha reducido la temporalidad...", afirma. Vicente, desde Comisiones Obreras, remarca que tampoco hubo voluntad de acuerdo en 2010 por parte del Gobierno del PSOE, pero ve especialmente grave esta falta no sólo de acuerdo sino de diálogo en una reforma, la de 2012, que tuvo un alcance inédito. Y no es sólo que para aprobarla no hubiera consenso, es que "no hubo negociación ni información", añade.

Fátima Báñez y la CEOE

El papel de la CEOE en la reforma de 2012 es controvertido. En caliente, nada más aprobarse, Toxo (CCOO) dijo que el decreto estaba escrito "por la pluma" de la patronal. Transcurrido el tiempo, los dirigentes sindicales consultados creen que la reforma le vino de perlas a la CEOE, pero dudan que estuvieran al corriente de sus detalles. Es más, recuerdan escenas y conversaciones que desvelaban sorpresa en la patronal.

Aquí es relevante el punto de vista de Marcial Sánchez Mosquera, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Sevilla, exhaustivo conocedor de los condicionantes internos y externos que explican el comportamiento de la CEOE. En un artículo publicado en Economic and Industrial Democracy, Sánchez Mosquera concluye que la CEOE "no aprovechó la radical desregulación legislativa" que se le brindó. La síntesis del razonamiento de Sánchez Mosquera sería esta: la reforma de 2012 era tan favorable a las empresas que acababa teniendo el efecto paradójico de restar utilidad a la CEOE.

"Aquella reforma sorprendió a la propia CEOE, que estaba negociando con los sindicatos. Es una reforma no unilateral, unilateralísima. La patronal no llegó a explorarla al límite de sus posibilidades porque había incluso aspectos, como la lesión de la negociación colectiva sectorial, que la dejaban en fuera de juego", explica el economista. La CEOE sí estuvo a favor, explica, del abaratamiento del despido y de la mayor unilateralidad de las decisiones empresariales, pero no de otros aspectos que amenazaban con "disparar la conflictividad".

infoLibre trató de recabar el punto de vista de la CEOE sobre la forma en que se fraguó la respuesta de 2012, pero la patronal respondió negativamente.

A través del PP, este periódico solicitó una conversación con la ministra Fátima Báñez. La respuesta del partido de Pablo Casado fue: "Fátima Bañez no tiene ya ningún cargo orgánico en la estructura del partido. Ahora trabaja en la CEOE". En efecto, Báñez es ahora presidenta de la Fundación CEOE.

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¿Es posible ahora el consenso?

¿Será posible ahora el tan mencionado "consenso" que no hubo en 2012? Desde UGT y CCOO los mensajes son de moderado optimismo, aunque domina en el discurso la idea de que la reforma tiene que salir sí o sí, incluso si la patronal se niega. "Lo vamos a intentar hasta el último minuto", señala Vicente (CCOO). "El consenso se demuestra con los miles de convenios que se firman en España. A los sindicatos no se les puede achacar falta de responsabilidad", añade Luján (UGT).

Gómez Gordillo, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, responde –con mucha cautela– que cree que el consenso sí es posible. Es una respuesta con grises. Se muestra consciente de que la patronal tiene mucho que perder y poco que ganar, pero aun así considera que es posible que arranque logros con su firma y se decante por la misma. Además, añade, desde 2012 hasta ahora se han producido cambios en la jurisprudencia, menos inclinada que antes hacia la "flexibilidad" a toda costa, y en el discurso mayoritario de los economistas. "En 2012 todo era más flexibilidad, ahora más keynesianismo", dice. En toda la UE, añade, cunde el temor a que la precariedad arrastre a la población políticamente hacia soluciones extremas y eso podría allanar el acuerdo.

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