El Ejecutivo estudia renovar a dos magistrados del Constitucional en junio aunque el PP mantenga el bloqueo del CGPJ

Superada la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) correspondiente al Congreso, que llevaba bloqueada justo un año, la pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿qué va a pasar en junio de 2022, cuando les toque el turno al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? El primero debe designar entonces a dos nuevos miembros del tribunal de garantías; el segundo, a otros dos. Aún quedan siete meses para eso, pero de momento el órgano de gobierno de los jueces sigue bloqueado y en funciones, por lo que no puede hacer nombramientos discrecionales en virtud de la reforma legislativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos a principios de este año. Y ante esta situación, el Ejecutivo de coalición ya estudia la posibilidad de sacar adelante su renovación sin el CGPJ.

El Constitucional está conformado por doce miembros y la ley orgánica que regula su funcionamiento prevé su renovación por tercios, es decir, por grupos de cuatro magistrados en cada proceso. Fuentes de las dos formaciones que integran el Gobierno consultadas por infoLibre reconocen que hay debate jurídico sobre si el Ejecutivo puede renovar sin el CGPJ porque hasta la fecha nunca se había planteado esta posibilidad que ahora sí está sobre la mesa en caso de que el PP siga bloqueando la sustitución de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces, que están a punto de cumplir tres años en situación de interinidad.

La Constitución establece, en su disposición transitoria novena, que las propuestas de Gobierno y CGPJ "se entenderán agrupadas", lo que, según algunas interpretaciones, obligaría a que una y otra institución tengan que renovar a la vez. Pero otros juristas consultados creen que esta disposición sólo hacía referencia a la primera composición del tribunal de garantías y, por tanto, se podría interpretar que, salvo en ese caso, la designación que haga el Ejecutivo no está vinculada necesariamente a la del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes jurídicas recuerdan el caso de Antonio Narváez, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en sustitución de Enrique López cuando éste dimitió tras ser sorprendido conduciendo su moto en estado de embriaguez y sin casco. López había sido designado en el turno del Ejecutivo y, cuando renunció un año más tarde, el Consejo de Ministros nombró a un sustituto, es decir, no dejó la plaza vacante al no ir ésta acompañada del CGPJ.

En el Gobierno de coalición defienden la segunda interpretación, por lo que, según su parecer, no habría impedimento legal que no permitiera al Ejecutivo cumplir con su función de nombrar a dos miembros del órgano de garantías. Es decir, consideran que el Consejo de Ministros tiene autonomía legal para renovar las dos plazas del TC que le corresponden. Lo contrario supondría una anomalía, insisten, que otorgaría al PP el poder de bloquear también las designaciones que le corresponden única y exclusivamente al Gobierno.

Siete meses más de mayoría conservadora

En todo caso, el asunto se sigue estudiando en el seno del Ejecutivo de coalición, aunque las fuentes consultadas insisten en que confían en que el CGPJ esté renovado para el próximo mes de junio y los cuatro nuevos magistrados que deben ocupar asiento en el Constitucional lo hagan a la vez en tiempo y forma. Hasta entonces, las sensibilidades en el tribunal continuarán como hasta ahora, es decir, los conservadores retendrán la mayoría, pues en la última renovación el Gobierno nombró a dos jueces progresistas, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel, y el PP, a dos conservadores, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Los cuatro toman posesión de sus cargos este jueves. Y además, Pedro González-Trevijano ocupará la presidencia del órgano por ser el magistrado que reúne más apoyos en la mayoría conservadora y forma parte del turno con más antigüedad.

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Pero esta situación cambiará previsiblemente a mediados del año que viene: se da por seguro que el Gobierno elegirá a los dos magistrados progresistas, mientras que el órgano de gobierno de los jueces suele designar a uno de cada tendencia. Y González-Trevijano cesará al haber agotado su mandato y se designará un nuevo presidente que saldrá del turno de magistrados más veteranos, entre los que está Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, quien llegó al órgano de garantías en marzo de 2017 a propuesta del PSOE en el Senado.

De momento, no hay avances en las conversaciones Gobierno-PP para renovar el CGPJ. Después de que anunciaran hace unas semanas el desbloqueo para renovar a los cuatro magistrados del Constitucional correspondientes al turno del Congreso, todo parecía indicar que podría haber un acercamiento en las malogradas negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, ya hace casi un mes que se conocieron los nombres para el tribunal de garantías y el diálogo sigue enquistado, según apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.

Hace sólo unos días que el líder del partido conservador, Pablo Casado, insistió en quesigue exigiendo una reforma de la ley vigente, cambiar la fórmula de elección de los vocales del CGPJ, para poner fin a la obstrucción a la que está sometiendo una renovación que debía haberse producido hace ya casi tres años. La misma condición que lleva poniendo desde el pasado mes de febrero, cuando el acuerdo parecía más cerca que nunca desde finales de 2018.