Un informe oficial destapa que las cuentas de Vox en las autonómicas de Madrid no cuadran
“Coherencia interna de la contabilidad rendida: NO”. Insertada en el informe que sobre las elecciones autonómicas de mayo aprobó el jueves la Cámara de Cuentas de Madrid [puedes consultarlo pinchando aquí], esa escueta nota consagra y resume lo que el organismo fiscalizador ha detectado en Vox, uno de los seis partidos que cuando se celebraron los comicios tenían diputados en esa comunidad. Las cuentas electorales de la formación ultraderechista que a escala regional comanda Rocío Monasterio no cuadran.
Aunque menores en lo que respecta a las cuantías, el examen ha localizado “inconsistencias internas” que abren interrogantes. Porque, según fuentes conocedoras de la materia, la clave reside en la propia discordancia y no en la diferencia de importes que señalan distintos documentos de su contabilidad aportados por Vox en aplicación de la ley. En las anteriores autonómicas, las de 2019, la Cámara no halló ninguna anomalía. En estas, el único gasto legalmente prohibido al que se refiere el informe es uno de Vox, también de cuantía muy reducida: 325 euros por la emisión de cuñas de radio previa al inicio oficial de la campaña.
El apartado del informe donde se analizan las "inconsistencias internas" de Vox desgrana los casos a que se refieren. Un ejemplo: “La cuenta de acreedores varios en Balance presenta un saldo de 672,72 euros, y en el Libro Mayor presenta un saldo de 29.372,40 euros”. Es decir, la cifra de lo adeudado por Vox a distintos acreedores por sus actividades en la campaña autonómica de Madrid se balancea en 28.699,68 euros, según el papel que se consulte.
Otro ejemplo: la llamada cuenta de cuentas corrientes no bancarias del balance “presenta un saldo de 1.813.000 euros”, mientras que el desglose de Aportaciones del partido “muestra un total de 1.824.306 euros”. Y esa diferencia se desglosa a su vez en dos partidas que la Cámara de Cuentas detalla así: “En el extracto bancario no se registra un importe de 1.000 €, correspondiente a 2 ingresos de 500€ en concepto de “Recarga Pidal Reg. 5414-9614”, que sí se incluyen en la cuenta 580 de Tesorería, así como en la cuenta 554 de Cuentas corrientes no bancarias y en el Balance”. A renglón seguido, el informe añade lo siguiente: “Aunque en alegaciones se afirma que el origen de estos movimientos en contabilidad que no tienen reflejo en el extracto bancario se encuentra en la recarga de una tarjeta virtual, realizada erróneamente por el Banco desde una cuenta corriente no electoral, lo cierto es que no se ha acreditado documentalmente la recarga en la cuenta no electoral de titularidad del Partido, lo que hubiera fundamentado su consideración como aportación del mismo”.
Otro importe, de 12.306 €, registrado en el extracto bancario sin que conste su procedencia, ausente en la cifra de Balance y en la cuenta contable 554, de Cuenta corriente electoral, sí está presente en la cuenta 580 de Tesorería, como “devolución pago anticipo”, y declarado como aportación del partido en un desglose de aportaciones facilitado al margen de la propia contabilidad” .
El informe detalla que los "gastos electorales ordinarios justificados" ascienden a 1.339.171,65 euros. "Se financiarán con la correspondiente subvención de la Comunidad de Madrid, por importe de 596.492,37 €, con las donaciones privadas por importe de 20.000 €, y el resto, 722.679,20 € con las aportaciones del Partido". Los gastos por envío de propaganda electoral –474.184,49 euros–, se financian "en su totalidad con la subvención" específica para esa tarea.
Este martes, infoLibre pidió a los portavoces de Vox Madrid su versión sobre lo sucedido y sobre el porqué de las "inconsistencias internas". No hubo respuesta.
¿Actuará el Tribunal de Cuentas?
El dictamen de la Cámara de Cuentas madrileña no exige explicaciones adicionales por parte de Vox. Pero el partido de Santiago Abascal tal vez deba ofrecer nuevos datos si prospera en el Congreso una iniciativa registrada por el PSOE el 8 de septiembre aunque salió a la luz la semana pasada: la que propone que se encomiende al Tribunal de Cuentas “una fiscalización de la contabilidad” de Vox en 2018 y 2019, “con especial atención a los hechos recogidos en la petición remitida al tribunal en julio de 2020 por la Fiscalía de Valencia”.
La petición mencionada por los socialistas fue la que el ministerio público cursó al órgano fiscalizador estatal tras dar carpetazo a la denuncia con que una exmilitante valenciana de Vox había alertado de la supuesta existencia de una caja B en su comunidad. Tanto la interposición de la denuncia como el carpetazo a la investigación por la Fiscalía provincial de Valencia se produjeron en el lapso de 13 días. Lo que hizo el ministerio público, que no vio indicios de delito, fue derivar el asunto al Tribunal de Cuentas: por si lo que se desprendía del relato de la denunciante podía implicar que Vox hubiese infringido la Ley de Financiación de Partidos.
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Pero, como publicó este medio el pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas guardó el escrito de la Fiscalía en un cajón. El órgano fiscalizador, adujeron sus portavoces a preguntas de este periódico, solo investiga lo que "de oficio" considera prioritario o lo que solicitan las Cortes o Parlamentos autonómicos. Y "así se ha procedido –se leía en la respuesta oficial– en relación con el escrito enviado al Tribunal de Cuentas por parte de la Fiscalía de Valencia". Este lunes, y tras el pacto político del Gobierno con el PP para desbloquear órganos constitucionales, la progresista Enriqueta Chicano -propuesta por el PSOE- relevó en la presidencia del Tribunal de Cuentas a la conservadora María José de la Fuente. Aupada por el PP, De la Fuente entró como vocal del TCU en 2012. Y en 2018 fue elegida presidenta.
Si la denuncia de Valencia se estrelló contra la Fiscalía levantina, lo mismo pero en sentido inverso sucedió luego con la presentada por un pequeño partido que observa a Vox con lupa: Alianza Cívica. El 13 de mayo, Alianza presentó una amplia denuncia contra Vox también por la supuesta infracción de la normativa legal sobre financiación política. El 3 de junio se supo que Cuentas había rebotado la denuncia a la Fiscalía madrileña. Y el 18 de octubre trascendió que el ministerio público había vuelto a dar carpetazo. Lo que adujo ahora la Fiscalía fue muy parecido al argumento que esgrimió en Valencia: que la pretensión de imputar a Vox hechos aparecidos “en su mayoría” en informaciones periodísticas resultaba "excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada".
Este martes, fuentes de Alianza Cívica aseguraron lo que cabría condensar así: que no han tirado la toalla frente a Abascal y su equipo. “VOX y sus irregularidades fiscales tendrán la preceptiva querella en el momento oportuno”, anuncian sus portavoces. Con un discurso que interpreta la iniciativa parlamentaria del PSOE como una decisión que bebe de la denuncia de mayo, los portavoces de Alianza Cívica no se detienen ahí: “En nuestro ánimo por sacar toda la putrefacción de la clase política que ensucia nuestras instituciones vamos a dar traslado a todos los grupos parlamentarios que lo deseen del dossier completo de pruebas y testificales recabadas aportados en nuestra denuncia y algunas más que están siendo objeto de estudio”.
