LOS RETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El ingreso mínimo vital no consigue erradicar la pobreza extrema en las siete comunidades más ricas

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prometió que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sacaría de la pobreza extrema a más de un millón de personas. Más de medio millón dejarían de sufrir pobreza muy alta y otras 125.000, pobreza moderada. Además, mejoraría la renta de 575.000. Las cifras proceden de su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso en junio de 2020. Año y medio después, el IMV ha recibido múltiples críticas por sus problemas de tramitación, los numerosos requisitos que dificultan el acceso a las ayudas y el elevado número de denegaciones. También por su escasa cuantía.

De forma que el ministerio ya ha llevado a cabo un buen número de modificaciones, que incluyen un complemento de ayuda a la infancia de 100 euros por hogar en el caso de niños hasta tres años; de 70 euros al mes entre tres y seis años y de 50 euros entre seis y 18 años. También podrán solicitar la ayuda los jóvenes extutelados. Y se han rebajado ciertos requisitos, como el plazo de convivencia que hay que acreditar para conseguir la prestación o el número de años de vida independiente que es necesario alcanzar si el solicitante tiene menos de 30 años. Finalmente, se han elevado los umbrales de renta y patrimonio en algunos casos y eliminado del cómputo de rentas las prestaciones por dependencia y desempleo o la pensión de alimentos.

Con estas medidas, el objetivo es duplicar el número de beneficiarios, de los 350.000 hogares actuales a 700.000. Hay que recordar que el plan inicial del ministro Escrivá era alcanzar los 850.000 hogares y favorecer a 2,3 millones de personas. Sin embargo, la ayuda de 461,5 euros al mes no sólo no llega a todos los que en principio necesitan recibirla sino que, además, no siempre cumple con el fin para el que fue diseñada.

Es lo que revela un estudio elaborado por la Fundación Iseak, que dirige la catedrática de Economía Sara de la Rica, sobre el diferente impacto que el IMV tiene en las comunidades autónomas. Pese a que el ingreso mediano en España era de 1.251,15 euros al mes en 2018 –15.015 euros al año–, las distancias territoriales son significativas: desde los 906,83 euros mensuales de Extremadura hasta los 1.751,6 euros del País Vasco. Casi el doble. En 2019, el ingreso mediano –el valor que queda en la mitad de todos los ingresos ordenados de menor a mayor– se elevó a 16.043 euros anuales.

Como el riesgo de pobreza es un indicador relativo, que mide desigualdad, es distinto dependiendo de cuáles sean los ingresos medianos del territorio en cuestión. El estudio de Iseak recoge el umbral utilizado por la OCDE para fijar la cantidad de dinero que una persona necesita para dejar de ser pobre: en situación de pobreza extrema se encuentran los hogares cuyos ingresos sean inferiores al 40% del ingreso mediano de un país o, en este caso, de una comunidad autónoma.

Sólo en las más pobres y para las familias monoparentales

Y el resultado es que el IMV no cumple con su objetivo de erradicar la pobreza extrema en las siete comunidades más ricas en ninguno de los tipos de hogar. Los 461,5 euros mensuales, aun incrementados en un 30% por cada miembro adicional y en 22% para las familias monoparentales, no consigue que ningún tipo de hogar llegue al 40% del ingreso mediano en Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Melilla. En Asturias y Cantabria sólo lo logra con las familias monoparentales con un menor.

Por el contrario, dada su escasa cuantía, sólo en las comunidades con menor nivel de rentas el IMV salva de la pobreza a la mayoría de los hogares: Andalucía –971.92 euros de ingreso mediano–, Extremadura, Murcia –1.023,41 euros– y Ceuta –1.004,83 euros– . Pero en otras comunidades de la parte baja de los ingresos únicamente lo consigue con las familias monoparentales y los unipersonales sin menores: Canarias –1.068,25 euros– y Castilla-La Mancha –1.115,33 euros–. En la Comunidad Valenciana –1.166,16 euros–, Castilla y León –1.279,08 euros–y Galicia –1.247,25 euros–, sólo erradica la pobreza extrema de los hogares monoparentales.

En general, en todas las comunidades autónomas favorece a las familias monoparentales. En Andalucía, Extremadura, Murcia y Ceuta consigue que éstas sobrepasen el 50% del ingreso mediano de la comunidad, mientras que en Castilla-La Mancha ayuda a estos hogares a superar el 45% de la mediana autonómica. En cambio, en el País Vasco no logra acercarlos más que al 30% de los ingresos medianos de la comunidad. Lo mismo ocurre con los hogares vascos integrados por un adulto o dos con o sin menores: por su escasa cuantía y el mayor nivel de renta autonómica, el IMV no les permite llegar ni al 25% de la mediana. En Canarias y Castilla-La Mancha les acerca al 40% del ingreso mediano autonómico y sólo les ayuda a sobrepasarlo en Andalucía, Extremadura, Murcia y Ceuta.

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Pero en la categoría donde resulta más ineficaz el IMV en su actual cuantía es en la de los hogares grandes, compuestos por tres o más adultos y sin menores: en ninguna comunidad autónoma, ni siquiera en las más pobres, consigue que salgan de la pobreza. Aunque sí reduce “significativamente su intensidad” en estos últimos territorios, asegura el estudio de Iseak. En las más ricas, por el contrario, apenas les permite superar el 20% del ingreso mediano.

El triple de riesgo de pobreza en Extremadura que en Navarra

La Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE y en la que se ha basado la Fundación Iseak para sus cálculos, mide el riesgo de pobreza establecido, siguiendo el criterio de Eurostat, en el 60% de los ingresos medianos. Así, en 2019 el umbral del riesgo de pobreza se situaba en España en 9.626 euros anuales para un hogar compuesto de una sola persona, y en 20.215 euros para un hogar de dos adultos y dos niños. Según ese baremo, en España el 21% de la población se encontraba en riesgo de pobreza antes de la pandemia. Entonces había subido tres décimas con respecto a 2018.

Pero también en este caso las diferencias autonómicas son considerables. En Extremadura, la tasa de riesgo de pobreza es del 31,4%, mientras que en Canarias alcanza el 29,9% y en Andalucía es del 28,5%. En el otro extremo, en Navarra es sólo del 9,9% y en el País Vasco, del 10%. En total, 9,9 millones de personas están en riesgo de pobreza en España.