Sánchez promete agotar la legislatura frente a la inestabilidad en Gobiernos del PP y da el CGPJ por perdido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la vicepresidenta Yolanda Díaz

Acabar la legislatura en 2023. Ese es el horizonte que se ha marcado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia del informe de rendición de cuentas del Ejecutivo. El socialista cuenta con un balón de oxígeno después de que el Congreso validara las cuentas públicas de 2022 y el Consejo de Ministros aprobara la reforma laboral tras un acuerdo entre patronal y sindicatos. Con ese acuerdo de fondo, Sánchez ha reclamado "sentido común" para salir de la "dinámica de bloques" que impera en el Congreso.

En pleno ecuador de la legislatura, el presidente del Gobierno la lanzado un mensaje claro a aquellos que auguraban el fracaso del Ejecutivo de coalición ya en enero de 2020. El primer gobierno conjunto de la historia de la democracia goza de buena salud, según Sánchez, que este miércoles se ha comprometido a alargar otros dos años más. "Estabilidad política es legislaturas de cuatro años, y yo garantizo su cumplimiento", ha asegurado.

En pleno ecuador de la legislatura, tanto Sánchez como la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos en el Gobierno, insisten en que la legislatura llegará a 2023, año en el que se terminará de "consolidar la recuperación" del país y se verán los "frutos" del trabajo conjunto. El presidente del Gobierno ha cifrado en un 42,7% el cumplimiento de los 1.481 compromisos adquiridos en el acuerdo de Gobierno y ha marcado como hitos la reforma laboral, la ley de eutanasia y el aumento del Salario Mínimo, entre otros.

Lo que Sánchez busca es dotar al Ejecutivo de una imagen de seriedad y estabilidad frente al colapso de los Gobiernos de coalición del Partido Popular y Ciudadanos. A principios de este año, gobernaban conjuntamente en cuatro autonomías: Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia. Doce meses después solo queda en pie Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno Bonilla, también amaga con convocar elecciones antes de tiempo. En el resto de casos los presidentes populares rompieron con Ciudadanos en busca de un gobierno en solitario o, en todo caso, apoyado por Vox.

El PP busca la extinción de Ciudadanos mientras sigue mirando a Vox

Se suele situar a la moción de censura, finalmente frustrada, en la Región de Murcia, como el inicio del fin de la alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos. Pero en realidad fue unos meses antes, en diciembre de 2020, cuando el PP catalán ya asestó el primer golpe a la formación presidida por Inés Arrimadas. Lo hizo a través del fichaje de Lorena Roldán, uno de los rostros más visibles del partido naranja en Cataluña, que se marchó poco antes de las elecciones autonómicas en la región. Esta salida generó una desconfianza manifiesta en el que entonces era su socio de gobierno en cuatro autonomías y decenas de ayuntamientos.

La maniobra en Murcia fue la excusa perfecta para que Isabel Díaz Ayuso convocase elecciones en la Comunidad de Madrid. Bajo el pretexto de una supuesta moción, echó a todos los miembros de Ciudadanos del Ejecutivo y construyó su relato de cara al 4 de mayo. El resultado final se tradujo en una victoria contundente de la madrileña y la desaparición de Cs del mapa electoral. Entre medias los naranjas también perdieron Murcia: su grupo parlamentario se rompió y cuatro diputados tránsfugas pasaron a formar parte de las filas del PP, en las que permanecen a día de hoy. 

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha utilizado el mismo pretexto que Ayuso para justificar el adelanto electoral en la región. Después de estar meses negando, tanto en público como en privado, su voluntad de romper el Gobierno, el pasado lunes 20 de diciembre comunicó al vicepresidente Francisco Igea y al resto de consejeros su destitución. 

En este contexto a la propia Arrimadas no le ha quedado más remedio que admitir que la estrategia de pactos de Ciudadanos en 2019 fue un "completo error". En Ciudadanos se arrepienten de haberle dado todo el poder a un PP que solo busca su extinción y que se conforma con gobernar junto a Vox, al que sigue mirando de reojo por su avance en las encuestas.

Sánchez trata de situar al PP como un partido poco fiable

Con la pugna entre la derecha de fondo, Sánchez trata de situar al PP como un partido poco fiable que "está instalado en el no por el no". Por ese motivo este miércoles ha admitido que es "altamente improbable" llegar a un acuerdo con los de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), cuyo mandato expiró hace más de tres años. 

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El presidente del Gobierno ha señalado que "el deber institucional está por encima de cualquier otra cuestión" y que "hay que cumplir con la Constitución cuando se está en el Gobierno y cuando no". Para aumentar la presión contra el PP ha puesto de ejemplo el pacto alcanzado en la reforma laboral con patronal y sindicatos, y ha criticado al líder de la formación conservadora por oponerse a la norma sin habérsela leído primero.

La condición que pone Casado para renovar el órgano de gobierno de los jueces es un cambio en la ley. Este miércoles ha asegurado que Sánchez no le quedará "más remedio" que ceder en este punto si quiere alcanzar un acuerdo. Sin embargo, sin micrófonos delante en la dirección de Génova también creen que el pacto está lejos. 

El líder del PP ha reprochado a Sánchez que no le haya llamado en ocho meses, al mismo tiempo que ha calificado al Gobierno como "nefasto". Para el presidente del Gobierno "la discrepancia se debe basar en respeto al adversario y a la buena educación".

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