De Telemadrid a la Cámara de Cuentas, Ayuso apuesta por fulminar los consensos políticos

El 4M le dio carta blanca para hacer y deshacer prácticamente a su antojo. A pesar de quedarse a las puertas de la mayoría absoluta, la aritmética parlamentaria que salió de las urnas hace ya ocho meses ha permitido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, funcionar como si la tuviera. El adelanto electoral ha facilitado que la dirigente conservadora pueda, más o menos, "gobernar en libertad". Ese era su principal objetivo cuando se sometió al examen electoral. Entonces no quería ni oír hablar de la necesidad de llegar a acuerdos. Ahora, parece que tampoco. Y mucho menos con la oposición. La política de grandes consensos cotiza a la baja. En la región y a nivel nacional.

En la búsqueda de un modelo que le permita gobernar sin bloqueos y sin tener que buscar el respaldo en el bloque de izquierdas, la presidenta no ha dudado en ir construyendo vías alternativas que permitan al Ejecutivo autonómico esquivar aquellas mayorías reforzadas que le obligan a sentarse a negociar, sí o sí, con una oposición a la que descalifica de forma recurrente, en algunos casos con ataques personales a sus cabezas visibles. Unas barreras que se levantaron, justamente, durante la etapa de Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol y con las que se aspiraba a reforzar la independencia de los entes públicos tras casi una década de desmanes y corruptelas.

Entonces como diputada, Ayuso no vio con malos ojos las reformas impulsadas. Incluso llegó a defenderlas públicamente. Pero ahora, como presidenta, ha decidido dar marcha atrás. A través de la conocida como ley ómnibus, la líder del Ejecutivo madrileño plantea, entre otras cosas, reformular nuevamente el sistema de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, el órgano al que corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid. Y que, en base a este nuevo modelo, sean renovados de inmediato –en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma– todos los miembros del ente, cuyo mandato se encuentra caducado desde hace tres años.

La norma actual, a la que se dio luz verde por unanimidad y a propuesta de Podemos, establece que la cúpula del organismo fiscalizador la compongan tres personas: el presidente y dos consejeros. Todos ellos elegidos por mayoría de dos tercios –lo que actualmente serían 91 diputados–. Ahora, sin embargo, los conservadores pretenden introducir una modificación para rebajar la barrera de elección de sus siete miembros –vuelve a incrementar la composición– hasta los tres quintos, lo que actualmente equivaldría a 82 diputados. De no conseguirse dicha cifra, la norma contempla que en tres votaciones diferentes sean elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.

Los candidatos, además, dejarán de ser sometidos a examen en la Cámara autonómica. Actualmente, la norma establece que los aspirantes "deberán comparecer previamente ante la Comisión competente de la Asamblea de Madrid en materia de presupuestos, a los efectos de que dicha Comisión pueda evaluar su idoneidad". Algo que desaparece en la redacción del artículo que pone sobre la mesa el Ejecutivo conservador en la ley ómnibus.

Mayoría absoluta para administrar Telemadrid

No es la primera vez que el Gobierno regional plantea cambios orientados a sortear mayorías reforzadas. De hecho, la primera iniciativa que Ayuso puso en marcha nada más salir de los comicios del 4M iba en esa misma línea. Se canalizó a través del Grupo Parlamentario Popular. Y tenía un claro objetivo: tomar el control de la radiotelevisión pública. Un traje a medida para hacer caer al entonces director del ente con el que se modificaba el texto alumbrado durante la etapa de Cifuentes, aquel que la propia Ayuso se había encargado de defender en sede parlamentaria: "Es el momento de que, por fin, en una televisión pública en España no haya partidismo".

El cambio normativo estuvo listo antes del parón estival. Hasta ese momento, la norma que regía el funcionamiento de la radiotelevisión pública fijaba para la elección del director general una mayoría de dos tercios. La reforma de Ayuso mantenía esa barrera. Pero introducía un nuevo elemento con el que poder esquivarla. Si cumplido el periodo del máximo responsable del ente público no existe el consenso necesario para su sustitución, el propio Consejo de Gobierno puede designar a un administrador provisional para cuya ratificación basta con una mayoría absoluta en segunda vuelta. Es decir, con la mitad más uno de los miembros de la Cámara el Gobierno puede poner por tiempo indefinido una figura con exactamente las mismas competencias que el director general.

"Poco a poco van reforzando esa deriva autoritaria"

A la oposición le preocupa esta forma de gobernar. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Cámara autonómica, considera que estos últimos dos años y medio han puesto de manifiesto una forma "autoritaria" de entender la política por parte de la presidenta regional. "Los intentos de cercenar el debate público han sido permanentes", dice.

Una reflexión que también hace el diputado de Más Madrid Alberto Oliver. "Poco a poco van reforzando esa deriva autoritaria del Gobierno en la que la oposición solo molesta, no es parte del sistema", sostiene el parlamentario en conversación telefónica con este diario.

De la lectura única al rechazo previo de enmiendas presupuestarias

No son solo estos cambios normativos. "Todo lo que hacen va orientado a hurtar la democracia", aseveran desde la oposición. Hablan de los procedimientos, de las formas. Ponen como ejemplo la ley ómnibus, vehículo a través del cual se pretenden modificar decenas de textos normativos. El texto fue presentado en vísperas de Nochebuena. Y se recurrió al trámite de urgencia, que permite reducir a la mitad el periodo de audiencia e información pública. De esta manera, todas aquellas personas, organizaciones o asociaciones que se vieran afectadas por el anteproyecto solo tenían siete días hábiles en plenas Navidades para presentar alegaciones.

Tampoco se olvidan de la tramitación por lectura única de algunos proyectos de Ley en la Asamblea de Vallecas, una fórmula que impide al resto de grupos presentar enmiendas al texto. Es el procedimiento al que se ha echado mano para dar luz verde con la mayor celeridad al cambio en la Ley de Radio Televisión Madrid, a la rebaja de medio punto del IRPF, a la suspensión de impuestos propios o a la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa, un nuevo centro privado promovido por una entidad del Grupo Planeta de Agostini.

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Incluso se tiró de la lectura única para aprobar la reforma de la Ley del Suelo, a pesar de que el texto incluía más de una veintena de cambios en la norma previa. Se le dio el visto bueno en la Cámara a pesar de que no existía el quórum requerido. Por eso, ahora el asunto se encuentra en el Constitucional.

Y luego están los Presupuestos. Las primeras cuentas públicas de la era Ayuso llegaron a la Cámara regional tras el acuerdo que los conservadores alcanzaron con la extrema derecha. Un pacto que, incluso antes de que se presentasen, recogía el compromiso de Vox de "no apoyar ninguna" de las modificaciones totales o parciales de "los otros grupos presentes en la Asamblea".

Más de 3.700 enmiendas presupuestarias registradas por la izquierda fueron directas a la papelera. Cientos y cientos de propuestas entre las que figuraban inversiones de todo tipo. Desde construir nuevos centros escolares hasta levantar nuevas residencias de mayores, pasando por la puesta en marcha de más centros de salud, el aumento del personal del Summa 112, la ampliación de la red pública educativa de cero a seis años o la mejora de la red eléctrica en la Cañada Real.