¿Rusia paraíso fiscal? Un proceso largo que dañará su reputación pero sortea la lista negra española
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso que va a “impulsar” la inclusión de Rusia en las listas negras de paraísos fiscales tanto de la Unión Europea como de la OCDE. No mencionó si también incorporará a la federación rusa en la lista española. Cada una de ellas es distinta. La europea sólo tiene nueve territorios en este momento. La OCDE dejó su lista en blanco en 2009, cuando sacó de ella a los tres últimos: Andorra, Liechtenstein y Mónaco. La española, en cambio, señala a 33 países.
Rusia no está en ninguna de ellas. Pero el pasado 24 de febrero, la UE decidió añadirla a su lista gris, la que reúne a los países que no cumplen los estándares de transparencia y equidad fiscales ni aplican las normas internacionales contra la erosión de las bases fiscales y el traslado de beneficios –las normas diseñadas por la OCDE para luchar contra las estrategias de planificación fiscal agresiva–, pero se comprometen a hacer reformas para mejorar su comportamiento. La decisión no tuvo que ver con la invasión de Ucrania, puesto que requiere un largo procedimiento de evaluación llevado a cabo por el grupo Código de Conducta, el órgano encargado de revisar cada seis meses tanto la lista negra como la gris.
“La incorporación de Rusia a la lista negra tiene más efectos reputacionales que prácticos”, apunta Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado. Estar en ella no implica recibir sanciones económicas, pero a los países señalados se les excluye del acceso a fondos de desarrollo y las empresas o particulares que recurran a ellos para sus negocios deben someterse a mayores controles y supervisión. El Parlamento Europeo no ha cesado de criticar la ineficacia de la lista negra, que en la actualidad incluye a países que representan menos del 2% de las pérdidas de ingresos fiscales mundiales.
La primera se elaboró en 2017 e incluía a 17 países. Desde entonces, la lista no ha hecho más que menguar. La última sólo incorpora territorios minúsculos: Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Guam y Vanuatu.
El objetivo de la medida, dice Miguel Alba, responsable de Fiscalidad de Oxfam Intermón, es “desincentivar las inversiones en Rusia”. Y quienes utilicen territorio ruso para instalar sociedades fantasma también tendrán más problemas si Vladimir Putin termina en la lista negra europea. El objetivo, ha explicado Pedro Sánchez, es “aislar al Gobierno de Putin, a Putin y a la oligarquía” rusa.
Ya está en la lista gris de la UE
Pero eso está ocurriendo ya sin necesidad de añadir a Rusia a la lista negra comunitaria. Las sanciones adoptadas por la UE han abocado a multinacionales de todo el mundo y de todos los sectores a abandonar el país eslavo enseguida. Petroleras como British Petroleum, que se deshará de su participación en la rusa Rosneft, y Shell, que ha anunciado su ruptura con Gazprom. Apple ha dejado de comercializar sus productos en Rusia. Las navieras MSC y Maersk no seguirán visitando puertos rusos. Volvo ya no vende sus coches allí. Mercedes Benz se desprenderá de su 15% en Kamaz, un fabricante local de camiones. Las zapatillas de Nike tampoco se podrán comprar en el país.
Hace sólo unos días, además, la OCDE decidió poner punto final a la solicitud de adhesión de Rusia. Ya había quedado paralizada en 2014, tras la invasión de Crimea, pero ahora el proceso está cerrado definitivamente. Por lo que se refiere a la lista negra de la UE, cualquier decisión tardará meses si se sigue el procedimiento reglado. Cuando un país entra en la lista gris, se analizan sus esquemas fiscales a la luz de unos criterios prefijados e incluso se inicia un “diálogo” con él para indicarle lo que debe cambiar. Sólo entonces y si no acepta las reformas que se le piden, entra en la lista negra.
En ese proceso está Rusia. En junio de 2021, la UE le pidió que hiciera cambios en sus Zonas Administrativas Especiales (SAR por sus siglas en inglés), las conocidas como offshore rusas: Kaliningrado, Vladivostok y otras áreas en el extremo este. Las empresas que se trasladen allí desde Chipre o Reino Unido, por ejemplo, obtienen un trato fiscal ventajoso en el impuesto de sociedades. Ese fue en principio el objeto de las SAR: atraer a quienes tenían sus negocios en otras plazas fiscalmente laxas fuera de la federación.
Pero Bruselas cree que esos territorios constituyen una competencia fiscal desleal y pide que se obligue a las empresas allí asentadas a abrir oficinas con empleados y que se dé acceso a las ventajas tributarias también a las empresas domiciliadas en Rusia. En teoría, el Gobierno de Moscú había accedido a cambiar las leyes precisas antes del 31 de diciembre de este año. La guerra ha dado al traste cualquier posibilidad de acuerdo. Es decir, si el procedimiento europeo sigue su curso natural, Rusia debería entrar en la lista negra de paraísos fiscales en la próxima revisión dentro de seis meses, independiente del impulso que quiera darle España.
Lista negra española
Carlos Cruzado cree que sería mucho más efectivo introducir a Rusia en la lista española de paraísos fiscales. No sin antes adaptarla a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal aprobada el pasado mes de junio, que amplía el concepto de paraíso fiscal a los territorios o “jurisdicciones no cooperativas” que no sólo sean opacas fiscalmente –porque no intercambian información sobre titulares reales de un patrimonio, por ejemplo–, sino que además faciliten la existencia de instrumentos o sociedades extraterritoriales diseñados para atraer beneficios, pero no tengan actividad real. Y, por supuesto, a aquellos países que no cobren impuestos de sociedades o sobre la renta o lo hagan con unos tipos menores que los españoles.
Con arreglo a esos nuevos criterios, el Ministerio de Hacienda debería haber actualizado ya la lista de paraísos fiscales, explica Carlos Cruzado.
Con Rusia, al igual que con otros muchos países, España tiene firmado desde 1998 un convenio para evitar la doble imposición; es decir, para impedir que una empresa pague en dos territorios distintos por el mismo hecho imponible. De modo que su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales española también requeriría de todo un proceso de análisis y justificación. Una vez en ella, las empresas españolas con negocios en Rusia tendrían que cumplir mayores requisitos de información tributaria y deberían justificar mejor sus operaciones –declarando previamente las inversiones por encima de determinadas cuantías desde o hacia Rusia, por ejemplo–.
Tampoco tendrían acceso a determinadas exenciones, como las que disfrutan las retenciones a los rendimientos y ganancias, si las perciben a través de filiales en Rusia. Ni podrían deducirse los gastos pagados a través de empresas situadas allí o por servicios de entidades residentes en ese territorio. Ni podrían rebajarse impuestos por los dividendos y ganancias obtenidos en Rusia. Además, las sociedades domiciliadas en ese país que tengan inmuebles en España tendrían que pagar un gravamen especial, entre otros requisitos.
El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) tiene registradas a unas 130 empresas españolas con intereses en Rusia. Entre ellas, Inditex, que mantiene 527 tiendas en el país de Vladimir Putin. No son pocas. En toda América, posee 790. Otra firma española de primera línea, Mango, cuenta con 130 locales. El Grupo Fuertes, que fabrica los embutidos El Pozo, mantiene una inversión en el mayor productor de carne ruso, el grupo Cherkizovo, que además acababa de ampliar el pasado mes de enero. Y tres fabricantes de componentes para el automóvil, Gestamp, Cie Automotive y Grupo Antolín producen allí para clientes locales. Todas ellas se verían afectadas por la declaración de Rusia como paraíso fiscal.
Cuestión distinta serían las grandes fortunas rusas, aclara Carlos Cruzado. Los ultrarricos tienen ya sus patrimonios ubicados en paraísos fiscales de todo el mundo, desde Chipre hasta el Caribe pasando por Suiza. Y no son fácilmente localizables porque los esconden utilizando múltiples sociedades interpuestas.
infoLibre ha preguntado al Ministerio de Hacienda por qué Pedro Sánchez ha mencionado sólo las listas de la UE y la OCDE, pero no la española. “Se trata de una respuesta europea al conflicto”, ha indicado un portavoz.
