La Fiscalía ve indicios de prevaricación y malversación en la etapa de alcalde de Casero (PP)
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elaborado un informe después de que una jueza de Trujillo elevara exposición razonada al Alto Tribunal en la que pedía que se tomara declaración como investigado al diputado por Extremadura del PP y exalcalde de esta localidad, Alberto Casero. El Ministerio Público entiende que "existen indicios racionales de la comisión (...) de sendos delitos continuados prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos".
Este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se conoce después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo, apoyándose en el informe del Ministerio Público, instara al Supremo a investigar a Casero, quien ha sido la mano derecha del que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante.
Ahora, la fiscal María Ángeles Montes solicita al Supremo que se declare la competencia del Alto Tribunal para el conocimiento de los hechos contenidos en la denuncia y pide que se proceda al nombramiento de un instructor para la causa. Cabe recordar que las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que podían existir "indiciaria responsabilidad penal" del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según recoge la exposición.
El contrato al psicólogo
Ahora, la Fiscalía del Supremo asevera que Casero en su condición de alcalde celebró "determinados contratos y acuerdos de servicios con diversas personas y entidades comprometiéndose al pago de las correspondientes prestaciones dinerarias, pero sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos para ello".
Al igual que en la exposición razonada, la fiscal recoge que Casero el 3 de marzo de 2017 contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.120 euros, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales, con duración de un año.
Según indica, Casero no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del Órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto. "Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura desde julio a octubre de 2017" y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género "a la que no le consta ninguna actuación" por parte de esta persona.
La exposición razonada recogía además que Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial y que de hecho hubo condena al ayuntamiento para que se las abonara.
Cámara de Comercio de Perú
El informe de la fiscal indica asimismo que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú en el 6 de septiembre de 2017 que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.
Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Recuerda la fiscal que ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que aunque ese contrato pudiera considerarse de patrocinio, Casero no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.
La exposición razonada recuerda que la Cámara de Comercio de Perú reclamó facturas por importe de 15.000 euros que no fueron abonadas por el consistorio ya que existía una nota de reparo del interventor
El pop eye de Trujillo
Además del asunto del psicólogo y del convenio, la fiscal menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso "verbal" de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala Pop Eye a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Pero una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente. Y en 2018 firmó el convenio y se comprometió a aportar otros 9.349 euros por otros costes, pero el ayuntamiento no abonó nunca esas facturas.
Recuerda el Ministerio Público que en esa fecha había entrado ya en vigor Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público por la que se rebajaba la cuantía de los contratos menores de 18.000 a 15.000 euros. Señalan que Casero ni siguió procedimiento administrativo alguno, ni llevó a cabo la preparación, publicidad o adjudicación del contrato.
También en enero de 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la Feria Internacional del Queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado, según la nota de reparo del interventor del ayuntamiento, porque era un servicio periódico y previsible año tras año y por lo tanto no podía seguir los trámites de contrato menor.
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En el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El contrato una vez más fue menor cuando no podía ser así porque superaba los 15.000 euros y además era una prestación periódica. Al igual que ocurriera en otras ocasiones, la empresa acabó llevando a los tribunales al ayuntamiento para poder cobrar las facturas.
Las empresas no cobraban
La fiscal recuerda que de lo actuado se ha podido constatar que las personas o empresas contratadas por Casero no recibieron todo o parte de las prestaciones económicas a las que éste se había obligado en calidad de alcalde. Esto acabó en los juzgados por la vía contencioso-administrativa y las reclamaciones fueron atendidas.
En concreto, la fiscal dice que el psicólogo presentó factura por importe de 2.949 euros, la Cámara de Perú dos facturas de más de 15.000 euros cada una —pendiente de resolución judicial—, Icaro Consultores reclamó 17.306 euros, y Radio Interior 18.119 euros.
