De la "persecución" a su familia a denunciar los contratos de Sánchez: Ayuso y el arte de desviar el foco
"No creo que salga reforzada de estos escándalos. Su imagen, quiera o no, ya está manchada. Por eso hay tantos nervios". Así de contundente se pronuncia en privado un diputado de la oposición madrileña. Con un refresco sobre la mesa, analiza la situación política regional. Habla sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y sobre el contrato para la compra de material sanitario del que se benefició, en plena primera ola de la pandemia, su hermano. El estallido del escándalo ha dado munición política de sobra a la izquierda parlamentaria para tirar hasta el final de una legislatura a la que queda prácticamente un año. Los grupos de la oposición son plenamente conscientes de ello. Pero también de la habilidad que ha demostrado la líder del Ejecutivo autonómico a la hora de fijar el marco de discusión en aquellos asuntos que la acorralan. "Tienen bastante capacidad a la hora de desviar el foco e intentar imponer su relato", reconoce el parlamentario.
El aterrizaje de Díaz Ayuso en la arena política madrileña fue totalmente inesperado. Era la "apuesta personal" de Pablo Casado por una periodista de formación sin apenas experiencia en gestión –solo había estado ocho meses como viceconsejera de Presidencia y Justicia en la era Cifuentes–. Sin embargo, en cuestión de meses acabó convirtiéndose en uno de los principales activos del PP. Y lo hizo a pesar de todos los escándalos que la han ido acorralando antes incluso de que llegara a la Puerta del Sol. Una concatenación de quebraderos de cabeza que poco a poco ha conseguido ir sorteando a golpe de falsedades, desvíos de foco y mensajes que apelan directamente a las emociones de los potenciales electores. Todo ello, bajo la batuta de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
El caso Avalmadrid
A finales de junio de 2019, con las negociaciones para conformar Gobierno a pleno rendimiento, una operación alrededor de un inmueble ocho años antes comienza a poner en apuros a la presidenta regional. En octubre de 2011, tanto Díaz Ayuso como su hermano Tomás habían aceptado la donación de buena parte de los bienes de sus padres. Ella, la "nuda propiedad" de una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más exclusivos de la capital. Él, el pleno dominio de una vivienda unifamiliar de 212 metros cuadrados construida sobre un terreno de 700 metros en el municipio de Sotillo de la Adrada, en la provincia de Ávila.
El problema es que la adquisición se produjo, tal y como desveló infoLibre, en circunstancias muy especiales. Dos meses después de la operación, la firma MC Infortécnica, propiedad en un 25% de sus padres, no hacía frente a un primer pago del crédito-aval de 400.000 euros que la entidad semipública Avalmadrid había concedido a la empresa. En el momento en que se aceptó la donación, era evidente que la sociedad tenía problemas económicos –antes del verano había dejado de pagar la nómina a los trabajadores–. Y la presidenta madrileña era consciente de ello. Tanto, que llegó a solicitar información a un directivo de Avalmadrid preocupada por si un posible impago del préstamo pudiera afectar al patrimonio familiar. Algo que se logró esquivar con la donación de bienes.
Acorralada por las informaciones, Ayuso optó primero por guardar un silencio sepulcral. Pero no podía esconderse de forma permanente. Por eso, no tardó en pasar al contraataque. Y lo hizo parapetándose tras la familia. Para ello, comenzó a fijar su relato a través de los medios de corte conservador. Primero, un reportaje publicado en el suplemento La Otra Crónica se encargaba de reconstruir, con fotografías de la infancia, la complicada historia alrededor de Leonardo Díaz Álvarez, su padre. "Era un hombre honrado pero con dificultad para las relaciones personales, al que le costaba exteriorizar sus sentimientos y que siempre mantuvo una relación muy complicada con sus hijos", recogía la pieza.
Entonces, la información se sostenía en "fuentes del entorno". Pero luego fue ella misma la que se encargó de seguir apuntalando el relato. "Fue un hombre decente, trabajador, que lo único que quería era que su familia estuviese bien", señaló en una entrevista con El Mundo. "No han contado la enfermedad de mi padre, no han contado la situación de mi madre, no han contado que mi familia perdió muchas cosas durante la crisis. (...) Ese señor del que tanto han hablado y que han puesto de vuelta y media, y que es mi padre, mi difunto padre, era un hombre bueno", señalaba dos días más tarde la candidata conservadora en la Cámara regional durante su sesión de investidura.
Una "persecución" contra su familia. Ese era el mensaje que se encargaba de colocar a nivel mediático Díaz Ayuso. Un marco de discusión que la dejaba fuera del foco, a pesar de que había sido ella misma quien aceptó la donación del inmueble. Y cuando se le apretaba con este asunto, una frase sencilla que apelaba directamente a las emociones. "Yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, nos podemos ir debajo de un puente", resaltaba en El programa del verano de Telecinco. Y se terminó la discusión.
En el relato que fue levantando, la líder del Ejecutivo se esforzó por mantenerse completamente al margen de la operación de Avalmadrid y de los negocios de su "difunto padre". "Yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie". Una mentira mil veces repetida. Ayuso estuvo durante meses en contacto con un directivo de la entidad semipública al que le pidió información sobre la solvencia de varias empresas familiares y datos confidenciales de los socios de la firma en la que participaban sus progenitores y sus hijos.
Una pandemia de mentiras y portadas de dolor
Casi un año después de desahogarse con El Mundo por el caso Avalmadrid, Díaz Ayuso volvió a ocupar la portada del rotativo conservador. Otro domingo más en primera plana. En este caso, la imagen elegida no fue la de una dirigente sonriente ante una iluminada vidriera. Diez meses después, el contexto era radicalmente distinto. La pandemia de coronavirus había segado ya la vida de miles de compatriotas. Por eso, ahora el luto dominaba la puesta en escena. Gesto serio, ojos tristes, brazos cruzados sobre el pecho. La presidenta madrileña se convertía en la Virgen de los Dolores para hacer balance de los casi dos meses de crisis sanitaria en la región.
De nuevo, la conversación con el rotativo se produce en el momento justo. Tras una semana de infarto en la que ha visto cómo dimitía su directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, tras negarse a avalar con su firma la documentación que había que trasladar al Ministerio de Sanidad para solicitar el cambio de fase en la desescalada. En la entrevista, se presenta como una víctima de las circunstancias. Y se pronuncia sobre la falta de derivación de residencias a hospitales: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".
Dos semanas después, infoLibre pone sobre la mesa los papeles oficiales vinculados a esa ausencia de traslados a los centros sanitarios. Sale a la luz el conocido como Protocolo de la Vergüenza, un texto que fijaba como "criterios de exclusión" a la hora de hacer las derivaciones algunos relacionados con la discapacidad física o el deterioro cognitivo del residente.
Fue entonces cuando la maquinaria comunicativa del PP se puso nuevamente en marcha. Primero, se azuzó la teoría del borrador. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", apuntó la presidenta madrileña en la Asamblea de Madrid. El problema es que ese documento era tan oficial como que estaba firmado digitalmente por quien entonces era director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, y fue enviado a varios hospitales y residencias. Sin embargo, en su empeño por imponer el relato, desde Sol se encargaron de bombardear con el argumentario oficial. Un mensaje que estaba plagado de datos erróneos y falsos.
También se repitió machaconamente que las competencias en materia de servicios sociales las había asumido el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, algo que nunca sucedió. Es más, cuando llegó el momento de desprestigiar en público al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por haber denunciado abiertamente los protocolos y la falta de ayuda por parte de la Consejería de Sanidad en plena pandemia, los conservadores se encargaron de vincularlo directamente al dirigente de Unidas Podemos. "¿Dónde está el jefe de Reyero, que es Pablo Iglesias, además de estar echando gasolina en este debate y haciendo tanto daño?", deslizaba Ayuso en público.
Hablar de espionaje mejor que del hermano
Miércoles, 16 de febrero de 2022. Dos diarios de tirada nacional, El Mundo y El Confidencial, publican a última hora de la tarde una información que desata una guerra civil en el PP. En ambos casos, con un enfoque prácticamente idéntico. "Un cargo municipal recurrió a un detective para investigar a Ayuso", rezaba el primero. "Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso", recogía el segundo. Ambos titulares ponían el foco en el espionaje sobre el entorno de la presidenta. Y esto dejaba en un segundo plano el origen de la disputa, la madre del cordero alrededor de toda esta historia: un contrato del Ejecutivo madrileño en lo peor de la primera ola del que se había beneficiado el propio hermano de la líder del Gobierno autonómico.
Aunque el tira y afloja alrededor de este asunto con la dirección nacional venía de lejos, la bomba se dejó caer en el momento preciso. Pocas horas antes, el PP de Pablo Casado había salido de las elecciones de Castilla y León con un resultado peor del esperado. Una voladura controlada que permitió al equipo de Ayuso situar el marco del debate donde más le interesaba: en las supuestas maniobras de Génova contra la presidenta en lugar de en la adjudicación de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas a Priviet Sportive, la empresa de un amigo de la infancia de la baronesa madrileña.
Una vez estallado el escándalo, la líder del Ejecutivo se encargó de situar la guerra interna en el centro de la discusión pública. "Nunca imaginé que la dirección iba a actuar de un modo tan cruel e injusto contra mí", afirmó desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Una comparecencia en la que apenas ofreció explicación alguna sobre la licitación bajo sospecha. Eso era, al final, lo que más daño le hacía. Y, por eso, se limitó a confirmar que su hermano "había mantenido relaciones comerciales con esa empresa". Ni explicó cuáles, ni cuánto cobró por ello, ni si se habían hecho alrededor del contrato en cuestión.
Eso lo haría horas después. Con un comunicado que obligaba a un ejercicio de fe. El escrito no aportaba prueba alguna. Hablaba de cuatro facturas emitidas en 2020 a Priviet Sportive. Y decía que solo una de ellas, por valor de 55.850 euros, más IVA, guardaba relación con la Comunidad de Madrid. Del resto, no aportaba información. Había que esperar al momento adecuado para dar esos datos. La invasión rusa de Ucrania propició el escenario perfecto para soltarlo. Con todos los medios mirando hacia el Este, el equipo de la presidenta envió una suerte de argumentario a un grupo selecto de opinadores en el que se recogía un montante de 283.000 euros. Una cifra prácticamente idéntica a la que había manejado Génova. Sin embargo, en ese momento Pablo Casado ya estaba muerto políticamente.
Ayuso se niega a aclarar el contrato de su hermano y contraataca denunciando los del Gobierno central
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Cuando se le presiona políticamente con esta licitación, la estrategia discursiva a la que recurre la presidenta madrileña es idéntica a la que ya siguió con el caso Avalmadrid. Primero, ha circunscrito toda la polémica a una suerte de manía persecutoria contra su familia, "lo más importante que tenemos": "La están haciendo sufrir más de lo que cualquiera podría aguantar. A ellos les pido disculpas porque mi vocación política ha mermado su calidad de vida desde hace varios años". Y segundo, situando a su hermano como una especie de salvador en plena pandemia. "Nunca sabremos cuántas vidas habrán salvado esas mascarillas". Una vez más, mensajes que apelan de forma directa a las emociones.
Una fórmula a la que ha añadido esta misma semana un nuevo ingrediente: el Gobierno central. Cuando estalló todo el escándalo, ya buscó situar el foco sobre Moncloa afirmando que la información sobre su hermano había salido de allí directamente. Una ofensiva que ha retomado esta misma semana. "Vamos a empezar a investigar a todos", dijo la presidenta desde su escaño. Siete palabras que sirvieron de anticipo de la denuncia que terminó registrando el PP ante la Fiscalía Anticorrupción contra una docena de contratos del Ejecutivo central valorados en más de 326 millones de euros con empresas presuntamente "relacionadas con el PSOE, con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa y la vicepresidenta del Gobierno".
Fue lo único nuevo que se sacó en claro de la sesión. Porque aclaraciones sobre la adjudicación o el papel jugado por su hermano en todo el proceso, ninguna. La ley del silencio sigue imperando.
