"Violencia intrafamiliar" mejor que "de género": el PP suma y sigue con el manoseo a la igualdad

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), dio por buena este miércoles la etiqueta "violencia intrafamiliar". Así contado, es difícil saber qué implicaciones tiene algo así. Pero hay que tener en cuenta que esa etiqueta, "violencia intrafamiliar", es la usada por Vox para negar y despreciar otro término, "violencia de género". De las palabras del consejero, que provocaron un revuelo político, empezaron a circular tres interpretaciones. Una, la más indulgente con Aguirre, es que son un añadido a la serie de comentarios mal calibrados por el titular de Salud, como cuando dijo sobre el aborto que era "lo fácil" y se refirió al mismo como "el chupetón". Dos, que se trataba de no complicar la situación a Alfonso Fernández Mañueco, que en Castilla y León ha pactado una "ley de violencia intrafamiliar" con Vox para ser presidente. Y tres, la hipótesis preferida de la oposición, que las palabras son una aproximación a Vox.

En realidad, hay una cuarta lectura: la aceptación de la "violencia intrafamiliar" no hace sino dar continuidad al manoseo al que el Gobierno andaluz (PP y Cs) ha sometido a los conceptos en torno a la igualdad y la violencia de género esta legislatura. Así lo demuestran los acuerdos de la mayoría derechista. El PP y Cs, con Juan Manuel Moreno y Juan Marín al frente, han realizado cesiones por escrito al discurso de Vox.

Las declaraciones de Aguirre (y su contexto)

En respuesta a una pregunta sobre la futura "ley contra la violencia intrafamiliar" de Castilla y León, Aguirre afirmó que dicho concepto, "violencia intrafamiliar", puede ser preferible al de "violencia de género", dado que el primero incluye al segundo. “La violencia de género es nada más que la del hombre contra la mujer, mientras que la intrafamiliar enfoca hombre, mujer, hacia los mayores, hacia niños, de mujer hacia el hombre… Es más demostrativa”, afirmó Aguirre. Al cierre de este texto, Aguirre no había rectificado. infoLibre preguntó a su consejería si quería realizar alguna matización. La respuesta: "El consejero es contundente es la lucha contra la violencia de género. Lo que ha querido es mencionar la existencia de cualquier otro tipo de violencia que también se condena".

Las declaraciones no sólo suenan próximas al discurso de Vox, sino que ofrecen la posibilidad de ser interpretadas como una cesión. Además, pesa el contexto. Juan Manuel Moreno, presidente del Gobierno andaluz (PP), podría verse abocado a pactar con Vox tras las próximas autonómicas. Existe la posibilidad, en función del resultado, de que el futuro acuerdo no sea como en la actual legislatura , con apoyo del partido de ultraderecha desde el Parlamento, sino como en Castilla y León, es decir, metiendo a los de Santiago Abascal en el Gobierno.

La cuestión semántica es importante. La expresión "violencia de género" pretende explicar la violencia del hombre contra la mujer como resultado de una estructura de dominación que tiene como máxima expresión el asesinato. Al decir "violencia de género", se impide una lectura de la agresión como un fenómeno fortuito o inevitable. La "violencia intrafamiliar", en cambio, es la ejercida en el seno de la familia, sin más connotación, con lo que neutraliza la crítica política y cultural que pretende el feminismo. El futuro vicepresidente Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), conoce la diferencia, dejando claro que su partido se ha apuntado un tanto en este terreno. "Hemos acordado aprobar una ley contra la violencia intrafamiliar. Vamos a tratar a todas las víctimas por igual, sean hombres o mujeres", dijo el lunes. Añadió que se evitaba así una "discriminación", en referencia a la que sufren los hombres con las leyes "de género".

Más que palabras

La ley celebrada por García-Gallardo es la ley sobre la que le preguntaron a Aguirre. Hubo reacciones a su respuesta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alertó del "peligro" de que el PP se preste a "desandar" los avances del feminismo. Edmundo Bal (Cs) rechazó las palabras de Aguirre: "Se llama violencia machista".

Aguirre no fue desautorizado por ningún miembro del Gobierno andaluz con rango superior. Reinó el silencio. El PP sí tuvo que pronunciarse. Y al máximo nivel. Preguntado por las declaraciones, Alberto Núñez Feijóo sorteó la polémica, llamando a "no politizar el debate".

Es obvio que la frase de Aguirre es una inconveniencia para Moreno, que no se pronuncia en los términos de Vox ni de Aguirre sobre estos temas. Tampoco lo hace su consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), que presume de que el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer ha crecido un 3% con respecto a la etapa del PSOE [ver aquí una síntesis de la legislatura remitida por Igualdad a infoLibre]. Este miércoles Ruiz se mostró comprensiva con Aguirre, al que llamó tras su declaración: "No se ha explicado bien".

Se haya explicado mal o no, lo cierto es que las palabras de Aguirre no dejan de ser coherentes con lo que ha hecho el Gobierno andaluz esta legislatura. Porque, si es cierto que no ha habido un descuido presupuestario, también lo es que ha habido cesiones ante el discurso de Vox.

Las políticas de igualdad y contra la violencia de género han sido una obsesión para el partido de Abascal. Los principales logros de Vox en este terreno han sido semánticos. Y la semántica es un terreno de la política. El partido de Abascal ha dado siempre a las palabras el máximo interés dentro de su "batalla cultural". Por eso han intentado introducir términos como "Iberosfera" y "violencia intrafamiliar".

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El acuerdo firmado por PP, Cs y Vox junio de 2019, que permitió aprobar los presupuestos de 2019 y encarrilar los de 2020, recogía la supresión de la expresión "transversalidad de género” de los presupuestos y la habilitación del "teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar". ¿Qué hizo el Gobierno andaluz ante el empeño de Vox con el teléfono? Como en otras muchas ocasiones, la fórmula elegida fue la de tratar de contentar a Vox ofreciéndole una pieza con el menor coste posible sobre la gestión real. Igualdad habilitó el teléfono "intrafamiliar", pero manteniendo la línea "de género". La utilidad del teléfono "intrafamiliar" es más que dudosa, ya que existían ya las líneas de mayores y del menor. Pero de lo que se trataba era de entregar a Vox un logro simbólico. Al partido de Abascal le irritó que el Gobierno andaluz minimizara el teléfono y defendiera que no era un logro de Vox. En busca de rentabilidad político-mediática de su medida, volvió a meter el teléfono en el acuerdo presupuestario PP-Cs-Vox de octubre de 2019, que sirvió para aprobar las cuentas de 2020, e hizo firmar a PP y Cs que la Junta no sólo lo tenía que ponerlo en funcionamiento, sino también darle "impulso y publicidad".

Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género en noviembre de 2020, con el acuerdo que daba luz verde a los presupuestos de 2021. PP, Cs y el partido de Abascal acordaron la realización de una “auditoría” de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si logran o no sus objetivos. Los dos partidos de gobierno lo justificaban diciendo que no hay nada malo en comprobar si algo funciona. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido de Abascal de publicitar el acuerdo, consistente a su juicio en "auditar los inútiles informes de impacto de género".

Ha sido una constante. Un mismo acuerdo es interpretado por PP y Cs de un modo y por Vox de otro. Mientras los partidos de gobierno quitan hierro al alcance de una cesión, Vox la presenta como un avance en su batalla contra los progres y las feministas.