La relación de Feijóo con la corrupción: del ‘caso Campeón’ a la “pillería” de Madrid
En sus 30 años en política, Alberto Núñez Feijóo nunca ha sido acusado en un sumario de corrupción. Ni siquiera ha llegado a tener la condición de imputado, que implica la obligación de declarar acompañado de un abogado ante la posibilidad de ser acusado de la comisión de delitos. Durante su carrera, sin embargo, sí se ha visto interpelado por numerosas investigaciones relacionadas con la corrupción que, en última instancia, no han llegado a salpicarle.
La relación del nuevo presidente del PP con la corrupción sigue desde hace décadas una pauta reconocible. Primero, negar los hechos o minimizarlos, tanto los que afectan a su persona como a su gobierno o a su partido. Después, racanear información sobre su posible participación —hay numerosos ejemplos en el Parlamento de Galicia— y, en alguna ocasión, mantener contra viento y marea la honorabilidad de cargos públicos condenados. Lo que sigue es una relación de los principales ejemplos.
El ‘caso Campeón’
Este ejemplo es paradigmático. Dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un organismo autónomo clave en el reparto del dinero con el que la Xunta riega a los empresarios gallegos, y un diputado autonómico del PP fueron condenados en 2017 como parte de una trama de concesión ilegal de préstamos y subvenciones públicas por valor de varios millones de euros. La Xunta ni se personó como acusación particular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no solo defendió a los condenados sino que incluyó el nombre del director del Igape condenado por la justicia entre los responsables del instituto a los que homenajeó en el 25º aniversario de la institución. De eso hace poco más de tres años.
Los enchufes de Baltar
José Manuel Baltar, el barón ourensano y presidente de la Diputación provincial —que heredó de su padre— ganó el congreso del PP en Ourense de 2012 gracias a que su progenitor enchufó ilegalmente en la diputación provincial dos años antes a 104 personas que le eran afines políticamente y alteró así el censo del partido. Feijóo prefirió mirar para otro lado y no sólo no pidió responsabilidades, a pesar de que el derrotado en aquel congreso fue su propio candidato, sino que mantiene a Baltar hijo como el máximo representante del PP en Ourense.
Los contratos de Dorado
Las fotos que prueban la estrecha y duradera amistad entre Feijóo y Marcial Dorado, primero contrabandista y después narcotraficante, tienen una derivada que afecta a la Xunta. Varias empresas de Dorado se beneficiaron de contratos públicos en la década de los noventa, en pleno apogeo de la relación entre ambos. Pero nunca pudieron ser investigadas, pese al interés de los partidos de la oposición, porque gran parte de los expedientes “fueron destruidos” después de “una inundación”, según el Gobierno de Feijóo.
El timo de Pemex
Feijóo firmó en 2012, poco antes de las elecciones, un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex con el que prometió millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Todo quedó en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron quebrando. Su interlocutor en aquella operación fue Emilio Lozoya, entonces director general de Pemex y hoy encarcelado por orden de Fiscalía de México imputado por los delitos de lavado, asociación criminal y cohecho. El nombre de Lozoya apareció también vinculado a las tramas de sobornos entregados a través de la constructora brasileña Odebrecht y a un caso de blanqueo de capitales en su propio país.
Las botellas de Vega Sicilia
La empresa gallega Monbus, el segundo transportista de pasajeros de España, se gastó casi medio millón de euros en regalos para políticos y altos funcionarios de toda España entre 2006 y 2014. De esa cantidad, casi 400.000 euros eran botellas de vino, y de las más caras. La mayor parte de la factura corresponde a cajas de Vega Sicilia, de hasta 878 euros. La nómina de los agasajados va desde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su número dos y sucesor in péctore, Alfonso Rueda, hasta el exministro de Fomento José Blanco, el senador del PP José Manuel Barreiro, y la senadora Pilar Rojo. Feijóo recibió 2.300 euros en vino del empresario, todavía pendiente de juicio por un delito de falsedad documental, otro contable y un tercero de blanqueo de capitales, pero las diligencias abiertas sobre los regalos fueron archivadas. En aquel momento el presidente gallego aseguró haberse enterado por la prensa, pero “viendo que este tipo de cuestiones” de cortesía “empezaban a tener distintas interpretaciones”, anunció la aprobación de “un código ético” para regular los regalos que reciben los políticos.
El amigo ‘conseguidor’
Feijóo tampoco aclaró nunca cuál era la relación que mantenía con su amigo Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, señalado como conseguidor de contratos públicos por uno de los cabecillas de la Operación Zeta y vinculado estrechamente al PP. Ocurrió en 2016 y el presidente gallego se limitó a decir en el Parlamento que sus “amigos son los intereses generales de Galicia”. Aquella trama, archivada provisionalmente en 2018, tenia como supuesto objetivo defraudar millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas de formación y empleo con una multitud de entidades y empresas incluso ficticias.
El ‘caso Gürtel’
El actual presidente del PP, como le ocurría a su antecesor, Pablo Casado, no se siente interpelado por las tres sentencias condenatorias que acumula su partido en materia financiación ilegal. Sobre la última, dictada hace apenas unos días por la Audiencia Nacional condenando al partido que preside a título lucrativo, aseguró que ni la había leído ni le “preocupa”. “Hace 20 años me estaba afiliando al PP”, añadió tratando de desmarcase de unos hechos sobre los que no tiene nada que decir a pesar de ser el presidente del partido. No posee, dice, “ninguna información”.
Su línea de defensa sobre este asunto siempre ha sido la misma: la culpa es de Luis Bárcenas. “No fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar al PP”, declaró cuando se produjo la primera sentencia. Y se considera, en todo caso, absuelto por los votantes gallegos: “Llevan 12 años preguntando, yo contestando y, lo más importante, los gallegos decidiendo”. Tampoco se siente interpelado por el hecho de que uno de los cabecillas de la trama, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, confesase que el 75% del presupuesto electoral con el que los populares encadenaron mayorías absolutas en la época de Fraga era dinero negro.
El ‘caso Kitchen’
A la hora de hablar de la operación montada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para destruir pruebas en poder de Bárcenas que pudieran incriminar al PP, Feijóo sólo tuvo palabras para defender al entonces presidente, sobre cuya honorabibilidad no tiene “dudas”, declaró. Como en otras ocasiones, trató de poner distancia con los hechos alegando que ha pasado mucho tiempo, aunque todo sucedió en 2013: “Ni las épocas ni los hechos tienen que ver con la situación actual”, alegó. Un argumento que se le olvida cuando él mismo alude a los ERE, el caso que afecta a la gestión del PSOE en Andalucía, como hizo esta misma semana en una entrevista y que se remontan a los primeros años del siglo.
La sede del PP y el dinero negro
La Audiencia Nacional condenó en octubre al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas por pagar con dinero negro las obras de rehabilitación de la sede que el partido posee en la calle Génova de Madrid. Pablo Casado llegó a ordenar su venta, antes incluso de la sentencia, para marcar distancias con un inmueble que los ciudadanos asocian a prácticas corruptas. “No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales”, declaró en febrero de 2021. A Feijóo esto le da igual. La venta del edificio, explicó hace apenas unos días, depende solo de razones financieras, pero no de la necesidad de desmarcarse de la corrupción.
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En plena denuncia de supuestas irregularidades en la comisión que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había cobrado por un contrato de suministro de mascarillas en plena primera ola de la pandemia, encabezada por el líder del PP, Pablo Casado, Feijóo se puso del lado de la presidenta madrileña. Desde el primer momento. Negando que hubiese nada que investigar y afirmando que es “una persona honorable” que va “a defender porque no” le “presenta dudas su honorabilidad”.
Las primarias de Mañueco
El primer presidente de un Gobierno de coalición PP-Vox, Alfonso Fernández Mañueco, tiene abierto desde hace tiempo un frente judicial en Salamanca para averiguar si existió financiación ilegal del partido durante las elecciones primarias que celebró en 2019 al ingresar en el banco cuotas impagadas por los militantes para que pudieran votarle. El caso está en manos de un juez que ha imputado al PP, al presidente provincial y a la gerente del partido. Fiel a su estrategia de mantenerse al margen, Feijóo ni siquiera ha opinado sobre este asunto. El lunes, después de su investidura, elogió su liderazgo y su capacidad de ofrecer “estabilidad, responsabilidad y gestión”.
Las caras mascarillas de Almeida
El escándalo de las mascarillas y otros materiales sanitarios, algunos de ellos en mal estado, pagadas a precio de oro por el Ayuntamiento de Madrid a dos proveedores que contactaron con la corporación gracias a la ayuda de un pariente del alcalde y que después gastaron sus millonarios e instantáneos beneficios en coches deportivos, un yate y una vivienda de lujo es, para Núñez Feijóo, una cosa de “pillos”, no un problema de gestión del dinero público. “Ha habido pillos durante la pandemia. China era una especie de casa de subasta. Improvisamos mucho”, aseguró para justificar al alcalde, José Luis Martínez Almeida. El asunto que Feijóo considera una pillería está siendo ya investigado por los tribunales a la vista de que hay indicios de la comisión de supuestos delitos de estafa, falsedad y blanqueo.
