El 'sí pero no' a la ley trans, la última zancadilla del CGPJ a las leyes de igualdad
El Consejo General del Poder Judicial da el visto bueno a la ley que consagra la autodeterminación de género, pero introduce matices de peso contrarios a parte del anteproyecto. El CGPJ aprobó este miércoles su informe sobre la Ley de Igualdad LGTBI, con meses de retraso y asumiendo de forma unánime las duras críticas que ya habían sido trazadas en un primer borrador propuesto por los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea. El órgano de gobierno de los jueces sí informa favorablemente sobre el principal aspecto que da sentido a la ley, el cambio del sexo registral planteado en los términos propuestos, acompañado de una doble comparecencia en el Registro Civil y tres meses de reflexión.
El Pleno ha incluido sugerencias restrictivas en algunos aspectos. Es el caso de las personas menores de edad: el organismo propone elevar a los 18 años la edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo, un requisito que el Gobierno había situado en los 16 años.
Igualmente, el Pleno se ha expresado contrario a prohibir por completo las terapias de conversión, intervenciones habitualmente orquestadas por grupos ultracatólicos que buscan aleccionar a personas del colectivo, con el propósito de que estas rechacen su orientación sexual o identidad de género. El CGPJ es partidario de mantener este tipo de terapias en "aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado".
Respecto a la primera propuesta de informe, difundida a principios de abril, el órgano presidido por Carlos Lesmes también se corrige y deja de utilizar la expresión de "mujeres no transexuales", en referencia a todas aquellas que a su entender podrían salir perjudicadas tras la aprobación de la ley, esencialmente en aspectos como el deporte y la violencia de género, para utilizar el término "mujeres" a secas. Este cambio de parecer ha sido elogiado por la plataforma Alianza contra el borrado de las mujeres, que "celebra que también el CGPJ considere que la Ley trans discrimina a las mujeres", aunque alerta de que el informe "no cuestione la inseguridad jurídica" del anteproyecto.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró tras el dictamen que su departamento trabajará para "tramitar con urgencia" la ley y que llegue al Congreso "en este periodo de sesiones". "El CGPJ emite su informe sobre la Ley trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa", publicó en redes sociales. Ya a principios de abril, la ministra admitió que "no sería una sorpresa que el CGPJ se opusiese de nuevo a una ley feminista. Lo raro sería que no lo hiciera".
La Federación Estatal LGTBI (FELGTBI) criticó este mismo miércoles las "valoraciones políticas" de los jueces, si bien aplaudió que el órgano haya zanjado "el debate jurídico sobre la autodeterminación de género". Por su parte, la Plataforma Trans estimó que la valoración "menoscaba el derecho de las personas trans" y también recordó que el CGPJ ya ha dejado su "impronta reaccionaria, conservadora y patriarcal" en otras leyes de igualdad.
La Ley contra la violencia de género y la "exclusión de los hombres"
En 2004 fue aprobada una norma clave y pionera para las mujeres: la Ley contra la violencia de género. La principal apuesta del gobierno socialista salió adelante por mayoría absoluta en diciembre de aquel año y se convirtió en un "poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal", en palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero el CGPJ criticó en su informe previo la "exclusión de hombres, menores o ancianos" y cuestionó el concepto mismo de violencia de género. "No se juzga acertado que regule sólo la violencia sobre la mujer: una ley integral debe abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica", decía el órgano de gobierno de los jueces y aseguraba que "la mujer no obtiene mayor protección por el hecho de que la ley la proteja tan solo a ella". Añadía que la discriminación positiva "conduce a la censurable discriminación negativa".
Sobre la definición de la violencia machista, el órgano consideraba que "no es aceptable un concepto de violencia sobre la mujer basado en la intencionalidad del agresor" y ponía en duda su constitucionalidad. En ese sentido, se opuso también a la creación de juzgados especializados, lo que su juicio carecía de justificación y llevaba a "una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima".
El matrimonio igualitario y las controvertidas comparaciones
"Una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros". Con estas palabras clausuraba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el debate parlamentario en torno a la ley del matrimonio igualitario. La Cámara Baja daría luz verde a la norma en junio de 2005, a las puertas del Orgullo. España empezó a presumir de ser el cuarto país del mundo en contar con una ley de tales características. "Nos hace mejores a todos", dijo el entonces presidente socialista.
No todo el mundo opinaba igual. Meses antes, el CGPJ aprobaba su estudio jurídico sobre el proyecto normativo y no sólo expresaba su rechazo a la futura ley, sino que una primera versión comparaba el matrimonio igualitario con "la unión entre un hombre y un animal". La referencia fue finalmente suprimida, pero el dictamen definitivo mantuvo el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El análisis sostenía que "abrir el matrimonio a las personas homosexuales" ofrecía "serias y muy fundadas dudas sobre la constitucionalidad" y que hacerlo conllevaría "desnaturalizar" la institución. Y más allá de su constitucionalidad, completaba el órgano, "hay razones que hacen jurídicamente desaconsejable" la iniciativa. "Fundar la reforma en bases movedizas como la conciencia o la demanda social o un mal entendido sentido de la dignidad de la persona o de búsqueda de la igualdad" dejan al ordenamiento sin "resortes ni bases jurídicas para rechazar modelos matrimoniales ajenos a nuestra cultura jurídica", como el "matrimonio poligámico", proseguía el informe.
En cuanto a la adopción homoparental, los jueces señalaban que esa posibilidad "implica postergar el interés superior del menor" y supeditarlo "a la necesidad de una minoría de que sus tendencias homosexuales sean homologadas".
Oposición a la ley del 'sólo sí es sí'
¿Y qué ha dicho el CGPJ sobre la Ley de libertad sexual? La conocida como ley del sólo sí es sí fue analizada por el Poder Judicial en febrero del año pasado. Los jueces aprobaron entonces por unanimidad –y de nuevo tras meses de retraso– un informe crítico en el que manifestaban sus reticencias jurídicas a ciertos aspectos determinantes del proyecto.
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No estaba de acuerdo el órgano con la definición de consentimiento y de hecho la consideraba “innecesaria” porque el Código Penal "ya se asienta" sobre esa misma idea, aunque no existe una definición del concepto. Los jueces también argumentaron que la definición que contiene el proyecto plantea una "problemática probatoria" y determina un aparente desplazamiento de la carga de prueba: sería el acusado quien debería demostrar la existencia de consentimiento, lo que entraña riesgos para el principio de presunción de inocencia.
Otra de las medidas más novedosas del proyecto, actualmente en la Cámara Baja, es la fusión de los delitos de abuso y agresión sexual, uno de los principales debates que desencadenó el juicio contra La Manada de Pamplona. Para los ponentes del CGPJ, esta decisión conlleva "una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad" tanto para las víctimas como para los presuntos agresores.
Igualmente, el CGPJ se opuso a la creación de juzgados especializados en violencia sexual, basando su negativa en la existencia de juzgados dedicados en exclusiva a la violencia de género. La actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tachó entonces de "regresivo" el informe consensuado por los jueces.
