Cerrojazo 'sine die' para los secretos oficiales: Moncloa desclasificará documentos solo si lo pide un juez

La predisposición que el Gobierno mostró el martes para desclasificar documentación sobre el espionaje a líderes independentistas por iniciativa propia se ha visto matizada este viernes. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha explicado que únicamente levantarán el secreto si se lo pide el juez. El Ejecutivo llegó a barajar desclasificar de oficio, sin necesidad de petición del juez, documentos del espionaje, pero finalmente lo ha descartado. Con todo (sea mediante petición judicial o motu proprio), la última decisión recae en el Consejo de Ministros. Si el Gobierno accede a dar curso a la petición, deberá pedir previamente un informe al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) llevan toda la semana reclamando un gesto al Gobierno para tratar de zanjar la crisis iniciada tras las revelaciones sobre el espionaje a más de 60 dirigentes independentistas. Entre otras medidas, fuentes de la dirección de la formación admitían a infoLibre que la publicación de las órdenes judiciales que enseñó la exdirectora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Gastos Reservados sería una “buena iniciativa” para calmar las aguas. Esta fue una de las opciones que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, planteó a la consellera Laura Vilagrà en Barcelona.

Se trata de los mandamientos judiciales (y la solicitud razonada) con los que el magistrado del Supremo Pablo Lucas autorizó al Centro Nacional de Inteligencia para intervenir los teléfonos de 18 dirigentes independentistas, entre ellos el de Pere Aragonès, actual president de la Generalitat. Con todo, según apuntan fuentes que tuvieron acceso a las citadas órdenes judiciales, “la mayor parte del contenido estaba tapado”, incluídas las conversaciones que teóricamente justificaban el espionaje.

Lo cierto es que nuestro país no es ejemplo de transparencia y mantiene un cerrojazo en lo que a desclasificación de documentos se refiere, lo que contrasta con lo que sucede en otros países occidentales. España es de los pocos Estados donde la clasificación de secreto tiene carácter indefinido. En Estados Unidos, el plazo para la desclasificación automática se sitúa en los 25 años, aunque puede alargarse o acortarse en función del tipo de documento. En Alemania, por ejemplo, el tiempo de protección oscila entre los 30 y 60 años. Tres décadas que también marca la legislación de Reino Unido. 

La legislación española tampoco prevé el establecimiento de mecanismos por los que los ciudadanos puedan pedir la desclasificación de los secretos, una cuestión que consagran los convenios europeos de transparencia y de garantía en el acceso a la información que España ha rubricado pero a los que no da cumplimiento, a lo que se le une la anomalía que supone la falta de mecanismos automáticos de desclasificación.

Una legislación franquista que sigue en vigor medio siglo después

La legislación sobre secretos oficiales nació en plena dictadura. En concreto, fue ratificada en el Palacio del Pardo por Francisco Franco el 5 de abril de 1968. Y, desde entonces, sólo ha sufrido una ligera reforma durante la Transición. Casi medio siglo después del fin del franquismo, la redacción de la Ley de Secretos Oficiales es anacrónica. Esto se traduce en que si el órgano que en su día se encargó de la clasificación de determinados documentos no los desclasifica de forma expresa, toda esa información puede permanecer eternamente bajo llave.

Tan anacrónica es la norma, que contempla que tiene potestad para calificar papeles la Junta de Jefes del Estado Mayor, que ya ni siquiera existe (desapareció en 2005). Y lo mismo sucede con el decreto que la desarrolla. Firmado por el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el texto dedica uno de sus artículos solo y exclusivamente al cambio de las "combinaciones de las cerraduras de los equipos de seguridad". Y otro a los procedimientos para la destrucción de emergencia de material calificado: "Será destruido por medio del fuego, procedimientos químicos o, cuando tales medios no existan, por medio de artefactos que los reduzcan a pulpa o fragmentos tan minúsculos que imposibiliten su reconstrucción".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, reclamó el jueves desde el Senado la modificación de la citada ley, ya que, a su juicio, una normativa "rubricada por Carrero Blanco no puede atender las necesidades de seguridad" en el siglo XXI. Un compromiso que también trasladó Félix Bolaños en el Congreso. El ministro de la Presidencia aseguró ante los grupos que en 2022 el Ejecutivo remitirá un proyecto a las Cortes, enterrando así la proposición del PNV. "No hay manera de avanzar en la tramitación que no sea aprobarlo por el Consejo de Ministros", justificó.

El PNV lleva planteando insistentemente desde 2016 cambiar la ley, pero sus Iniciativas de reforma se quedan constantemente atascadas. La última, registrada antes del estallido de la pandemia, acumula  decenas de ampliaciones de enmiendas en la Comisión Constitucional. El borrador de la norma que quiere aprobar el Ejecutivo, adelantado por El País, sustituye los dos niveles de protección actuales –secreto y reservado– por cuatro –alto secreto, secreto, confidencial y restringido–, con plazos de desclasificación que oscilan entre los 50 años para los primeros y 5 años para los últimos.

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Uno de los precedentes más recientes de desclasificación de documentos llegó tras la petición a los jueces de la Audiencia Nacional Diego Egea y José de la Mata, que solicitaron al Ejecutivo desclasificar los documentos que demostraban el uso de fondos reservados para pagar a colaboradores de la operación Kitchen, como el chófer Sergio Ríos Esgueva, que cobraba 2.000 euros al mes por investigar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y buscar su información relativa a la caja b del partido. Fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que autorizó estas desclasificaciones en dos tandas, el 7 de diciembre de 2018 y el 18 de enero de 2019.

Otro gobierno socialista, en este caso liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, desclasificó en 2009 un documento del CNI sobre las circunstancias de la muerte del periodista de Antena 3 Ricardo Ortega en Haití. El Gobierno tomó la decisión después de que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, solicitara la desclasificación de las investigaciones del CNI. La entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, prometió que el Gobierno no escatimaría esfuerzos para resolver el caso. Pero finalmente fue archivado. 

El Ejecutivo de José María Aznar (entonces en funciones) también desclasificó dos notas informativas del CNI en marzo de 2004, una semana después de producirse los atentados contra los trenes de Madrid, para reforzar su postura respecto a cómo gestionó la información tras el atentado. La primera nota, del mismo día del atentado a las 15.51, daba por "casi segura" la autoría de ETA con los datos que los servicios de información del CNI tenían en ese momento. En la nota desclasificada por el Gobierno se tachó un párrafo donde los servicios de inteligencia analizaban la reacción de Batasuna. Arnaldo Otegi, principal dirigente de la formación independentista, se desmarcaba de la matanza de los trenes y exculpaba del atentado a la banda terrorista ETA.