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Las leyes que no vio la abogada del Estado Macarena Olona y ponen en jaque su carrera en el 19J

Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona durante un Pleno del Congreso.

“No puedo decir que ella esté aquí regularmente porque estaría mintiendo”. Con esas 11 palabras el presidente provincial de Vox en Granada y concejal de la formación ultraderechista en el municipio costero de Salobreña, Manuel Martín Montero, abrió hace una semana la puerta hacia el despeñadero legal: el que amenaza con precipitar al vacío la carrera de Macarena Olona como aspirante a la presidencia del Gobierno andaluz el próximo 19 de junio (19J). Con 11 escaños en el Parlamento regional, las encuestas pronostican hoy por hoy a Vox una subida hasta los 19 diputados.

La amenaza estriba en que Olona no vive en la casa que Martín Moreno le dejó anotar como residencia habitual para que se inscribiera en el padrón de Salobreña. La bola de nieve que puso en marcha la confesión de su compañero de filas ha llevado finalmente al Ayuntamiento de Salobreña a iniciar el proceso de baja en el censo municipal. Y salvo que la situación experimente un inesperado giro de 180 grados, salir del padrón dará al traste con los planes políticos de Vox en Andalucía. O sea, a la candidatura de Macarena Olona, que reaccionó con furia y auguró que habrá una cascada de "ataques descarnados" y "bulos a todos los niveles".

Abogada del Estado desde 2009 y con un papel relevante en el despliegue de denuncias impulsadas por su partido siempre bajo el lema de que Vox defiende la legalidad, la todavía viceportavoz de la formación ultraderechista en el Congreso no vio venir que esa misma legalidad podía convertirse en la principal enemiga de sus intereses personales.

Porque la legislación andaluza solo permite votar y ser votado en las elecciones autonómicas a quienes poseen la “condición política” de andaluces. Traducido al lenguaje común, eso significa que elegir o ser elegido se reserva para quienes tienen “vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía”. Es decir, quienes están empadronados en alguna de las 785 localidades de la Comunidad.

Ahora, el resultado final queda en manos de la Junta Electoral de Granada. Ante ese órgano, una pequeña coalición andalucista –Andaluces Levantaos– presentó el miércoles un recurso que busca anular la candidatura de Olona. La almendra central del recurso se resume así: las circunstancias alegadas por la candidata de Vox para empadronarse en Salobreña no se corresponden con la verdad y, por tanto, le resultan aplicables las normas que la excluyen a la hora de transformarse en candidata.

En favor de la exclusión de Olona como aspirante a presidir Andalucía, la mayor comunidad de un Estado de las Autonomías calificado ya en 2015 por Vox como "agonizante y obsoleto", el recurso esgrime la Ley Electoral de Andalucía, que define como electores a quienes poseen la ya citada “condición política de andaluces”. A su vez, la ley electoral se remite al Estatuto de Autonomía, donde se establece que “son andaluces los que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía”. Y en este racimo de cerezas legales, es ese concepto –el de vecindad administrativa– es el que enlaza con la Ley de Bases de Régimen Local, de rango estatal: su artículo 15, recuerda el recurso de Andaluces Levantaos, declara obligatorio que toda persona que viva en España se empadrone en el municipio donde “resida habitualmente”. Y quien viva “en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo del año”.

"Los ataques van a ser descarnados"

Pese a que fue un militante de Vox –Martín Montero– quien reconoció que Olona no desarrolla “regularmente” su vida en Salobreña, Vox salió este viernes en tromba para definir lo que está sucediendo como una operación orquestada por “el binomio PP-PSOE”. Ambos partidos, dijo Olona, han lanzado un "bulo" sobre su empadronamiento porque están "aterrados".

La diputada no se quedó ahí y lanzó un augurio. Según sus palabras, vendrán “largos días” en los que “los ataques van a ser descarnados, como lo están siendo ya, y los bulos van a ser a todos los niveles".

“El bulo sobre mi empadronamiento supuestamente fraudulento en Salobreña –proclamó Olona– es sin lugar a dudas obra de este binomio PP y PSOE porque están aterrados tras haberme escuchado decir que voy a entrar en San Telmo con una auténtica escoba".

En la nota oficial donde anuncia que Olona dispone ahora de 15 días para presentar alegaciones contra el proceso de baja en el padrón local, el Ayuntamiento incluye que la Policía Local ha confirmado que la diputada no vive allí. Las averiguaciones practicadas en “varias visitas” a la dirección del formulario de empadronamiento –se lee en el comunicado– “impiden acreditar que la señora Olona reside en la vivienda”. Fue tras conocer esas actuaciones de la Policía Local cuando Olona reaccionó airada y anunció una cascada de bulos. Y fue también entonces cuando en su cuenta de Twitter, el líder de la formación, Santiago Abascal, escribió en la misma dirección: "Tienen miedo a que los andaluces elijan. Tienen miedo al cambio real".

En diciembre, Vox reclamó al Gobierno el inicio de una "reforma legislativa" para "atajar" los empadronamientos "fraudulentos" que se producen en las ciudades de Ceuta y Melilla por parte de personas que viven en Marruecos. Su diputada por Ceuta, Teresa López, narró así lo que, según sus datos, estaba ocurriendo:  "Los casos de empadronamientos fraudulentos en la ciudad son una realidad, y muchos de estos son detectados a través de las comprobaciones que realiza la Policía Local de Ceuta, procediendo posteriormente al inicio del expediente de baja de aquellos ciudadanos que incumplen la normativa vigente". La diputada habló en esos términos al preguntar al Gobierno en el Congreso "cuántos expedientes sancionadores se han iniciado investigando el empadronamiento ficticio".

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