Del fraude fiscal por el regalo de 65 millones al cohecho pasivo: lo que oculta la carcajada del emérito

Si alguien esperaba ver algo similar a lo sucedido tras el escándalo de Botsuana, ya puede ir olvidándose. Tras casi dos años residiendo en Emiratos Árabes Unidos, país al que viajó tras las investigaciones abiertas sobre su patrimonio, el rey emérito sigue sin considerar su conducta reprochable. O, al menos, es lo que se desprende de su primera visita a España. "¿Explicaciones de qué?", respondió este domingo Juan Carlos de Borbón a los periodistas tras un fin de semana de regatas en Sanxenxo. Tres palabras, emitidas desde el coche, que el monarca no tuvo a mal acompañar de una risotada. Carcajada con la que el emérito parece olvidarse del millonario fraude fiscal que él mismo reconoció con sus regularizaciones y del que la Fiscalía dejó constancia en su extensa resolución de archivo de las pesquisas abiertas contra Juan Carlos I.

La Casa del Rey se limitó a última hora de la tarde de este lunes a informar de que el rey Felipe VI y el emérito habían discutido durante su encuentro en Zarzuela de "cuestiones familiares" así como "sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que Juan Carlos se trasladó a Abu Dhabi en agosto de 2020.

La actitud del emérito ha sido duramente criticada por el Ejecutivo. Para la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el monarca "ha perdido la oportunidad que merece "la sociedad española" y "la democracia" para "dar cuenta" de las "acciones" conocidas, que "no son compatibles con la ejemplaridad y transparencia que se exige a una institución como la Casa del Rey". Un punto de vista que no comparte la derecha política y mediática. "Es una pena que perdamos el tiempo en esto", resaltaba el domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que subrayaba que es "un ciudadano" que "no tiene ninguna causa pendiente con la justicia". Un argumento que ha repetido hasta la saciedad el juancarlismo. Olvidándose, eso sí, de los hechos contrastados.

1. Un fraude millonario frenado por la inviolabilidad y la prescripción

Si no se ha enjuiciado al emérito no ha sido porque no se haya encontrado reproche alguno en sus acciones. Ni mucho menos. De la investigación que llevó a cabo la Fiscalía se desprende que el ex jefe de Estado "no incluyó" en sus autoliquidaciones de IRPF "rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por la fundación Lucum, cuyo titular real era Juan Carlos de Borbón. "No presentó la declaración tributaria especial (modelo 750). Ni en el ejercicio 2012 ni en los ejercicios sucesivos presentó declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720)", recoge el decreto de archivo del Ministerio Público, que cifraba en hasta 56,097 millones de euros lo que el monarca defraudó en solo un lustro: desde el año 2008 hasta el 2012.

El problema es que, a pesar de estos hechos contrastados, la Fiscalía no presentó querella contra el emérito al considerar que "los posibles delitos fiscales" cometidos hasta 2011, tanto en IRPF como en donaciones, "estarían prescritos por el transcurso de más de cinco años desde sus respectivas fechas de comisión". Y el de 2012, que no prescribiría hasta julio del próximo año, "no sería susceptible de reproche penal" puesto que hasta su abdicación dos años más tarde "estaba protegido por la inviolabilidad", una interpretación que no comparten algunos juristas que consideran que este blindaje solo es aplicable a actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.

2. Reconocimiento a golpe de regularización

Pero el fraude del monarca a la Hacienda Pública no se circunscribe exclusivamente a su etapa como jefe del Estado. Ni tampoco a Lucum. La investigación de la Fiscalía también analizó los 516.606,32 euros que el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause transfirió a cuentas bancarias a nombre de Nicolás Murga Mendoza, un coronel del Ejército que había sido ayudante del emérito. Un dinero que fue destinado "al abono de gastos particulares" de Juan Carlos de Borbón o de "personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo". A estas transferencias habría que añadir también el pago de viajes o el abono de servicios sanitarios a favor del monarca de los que se hizo cargo el empresario mexicano.

La fundación Zagatka, constituida en Liechtenstein por el primo del emérito y de la que este último fue beneficiario, también abonó "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos" originados por Juan Carlos I.

En ambos casos, y al verse ya acorralado, el monarca decidió regularizar su situación con el fisco, lo que implica reconocer que tenía una deuda con la Hacienda Pública. En el de su amigo mexicano, pagó 678.393,72 euros. En el de la fundación, 4,41 millones de euros. "La actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros correspondientes a las cuotas adeudadas por Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública", recogía el decreto de archivo de las diligencias contra el emérito.

Pero las regularizaciones fiscales no fueron el único reconocimiento de los tejemanejes protagonizados por el viejo rey. De hecho, la primera prueba de que algo olía a podrido hasta en Zarzuela fue el hecho de que su propio hijo marcase distancias tras conocerse la participación de su padre en las fundaciones bajo la lupa. En un comunicado, Felipe VI, que figuraba como beneficiario de Zagatka, anunció su renuncia a la parte de la herencia de su padre "que personalmente le pudiera corresponder", así como "a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad" pudieran "no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad". El movimiento, que también implicó la retirada de la asignación económica al emérito, se llevó a cabo un año después de que el jefe del Estado tuviera constancia de la existencia de Lucum.

3. Los regalos de sus 'hermanos' árabes y el cohecho pasivo

Esta última fundación fue constituida en suelo panameño el 31 de julio de 2008. Ocho días más tarde, abrió una cuenta en el banco suizo Mirabaud, en la que en pocas horas se efectuó un ingreso de 64,88 millones de euros procedente del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí. "Importe enviado por el rey Abdallah de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías", se señalaba en el informe de apertura de la cuenta. No fue, sin embargo, el único dinero que llegó de Oriente Medio. En abril de 2010, una tercera cuenta bancaria de Lucum recibió una transferencia de 1,41 millones de euros procedente del sultán de Bahrein. Una parte importante de estos activos terminarían siendo donados a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante del monarca.

Se barajó la posibilidad de que el dinero procedente de Arabia Saudí fuera una comisión ilícita por haber conseguido la adjudicación del AVE a La Meca en favor de un consorcio hispano-saudí, algo que la Fiscalía descartó al considerar "insuficientes" los indicios existentes para sostener un delito de corrupción en los negocios. Sin embargo, otra cosa bien diferente es el cohecho pasivo impropio, que castiga a "la autoridad o funcionario público que admitiese dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función". En este caso, y a diferencia del anterior tipo, el Ministerio Público no rechazó tajantemente este delito. Es más, ni siquiera llegó a hacer un análisis del mismo. Simplemente concluyó que la conducta "se encontraría claramente prescrita".

4. "Colmadas las exigencias" del blanqueo de capitales

Algo parecido sucedió con el blanqueo de capitales. La Fiscalía puso el ojo en este delito, fundamentalmente, por la decisión del monarca en 2012 de transferir la totalidad de los activos de Lucum a una cuenta bancaria en Nassau, comunicando a la entidad que se trataba de una "donación irrevocable" en favor de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante del emérito. Una conducta que "permitiría, en principio, considerar colmadas las exigencias" que se recogen en el artículo 301 del Código Penal, el que recoge el delito de blanqueo.

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Sin embargo, el blindaje constitucional vuelve a cubrir a Juan Carlos de Borbón. "De cualquier modo, habiendo cesado en junio de 2012 la vinculación económica de Juan Carlos de Borbón con los fondos que le fueron transferidos por orden del rey de Arabia Saudí, el discutible delito de blanqueo apuntado, que no estaría prescrito, quedaría en todo caso cubierto por la ya referida inviolabilidad", sentenció el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en los decretos de archivo de comienzos de marzo.

5. Un proceso pendiente en Reino Unido

Donde el emérito no tiene todavía el camino totalmente despejado es en Reino Unido. Hace algo menos de un año, la examante del monarca presentó una demanda contra él y contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, a quienes acusa de "vigilancia ilegal" y hostigamiento, incluidas amenazas y difamación. Pide una indemnización por daños. Y que se impida al ex jefe del Estado o a cualquier agente de los servicios secretos acercarse a sus residencias o comunicarse con ella o con su familia.

Entre otras cosas, la defensa del monarca se escudó en su inmunidad. Sin embargo, el juez Matthew Nickin del Tribunal Supremo rechazó esa posibilidad. "Sea cual sea su posición constitucional después de su abdicación, no es el jefe del Estado de España. Desde su abdicación no está protegido por la inmunidad personal", sostenía el magistrado en una resolución de finales de marzo. Y trataba de explicar la trascendencia de aceptar ese argumento de la defensa con un ejemplo: "Si, mañana, el acusado entrara en una joyería en Hatton Garden y robara un anillo de diamantes, no podría enfrentar ningún proceso civil o penal en esta jurisdicción (a menos que el estado español renuncie a su inmunidad)".