La ley climática cumple un año sin el plan prometido sobre agua mientras las tensiones crecen

El pasado 21 de mayo se cumplió un año desde que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se publicó en el Boletín Oficial del Estado. De tramitación alargada y discutida por su ambición, incluía numerosos compromisos de medidas y desarrollos que ejecutar "en el plazo de un año". Y como han denunciado las organizaciones ecologistas y ERC en el Congreso, ese año ya ha pasado y no hay señales de lo prometido. La Estrategia del Agua para la Transición Ecológica es una de las ausencias más llamativas, teniendo en cuenta que las llamadas "guerras del agua", las tensiones sociales, políticas y territoriales por un recurso cada vez más escaso, no solo no encuentran paz sino que parecen estar rearmándose.

"La planificación y la gestión hidrológica deberán adecuarse a las directrices y medidas que se desarrollen en la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica", reza la norma, que añade a continuación que será aprobada por el Consejo de Ministros "en el plazo de un año". El Ministerio liderado por Teresa Ribera ha explicado a infoLibre que la Dirección General del Agua, responsable de este desarrollo normativo, ha estado ocupada con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, que movilizará más de 3.000 millones de euros para modernizar la gestión de los recursos hídricos y evitar el derroche.

Estas mismas fuentes apuntan que la dirección intentará tener la estrategia antes de que termine el primer semestre de 2022 y que en cualquier caso se publicará antes de 2023, teniendo en cuenta que necesita un periodo mínimo de dos semanas de consulta pública.

El problema del agua, en cualquier caso, no es menor, aunque sean demasiados los frentes abiertos. Y en las últimas semanas y meses se ha evidenciado. Los nuevos planes hidrológicos, que tienen que aprobarse a lo largo de 2022 y que marcarán la gestión de los recursos hídricos de cada cuenca, están levantando ampollas, con el trasvase Tajo-Segura como centro de la polémica. El Gobierno espera aprobar un plan que eleva lo que se conoce como el "caudal ecológico" del Tajo: el mínimo de agua que debe circular para la salud de los ecosistemas. Castilla-La Mancha lo celebra mientras que los regantes y políticos de uno y otro signo del Levante español lo lamentan.

Varias sentencias del Tribunal Supremo dan la razón a Castilla-La Mancha a la hora de considerar que el Tajo tiene menos agua de la que necesita; y las directivas europeas obligan al establecimiento de esos caudales ecológicos. Los regantes del Segura aseguran que la medida les deja sin agua para regar y la alternativa, el agua desalada, es demasiado cara para mantener sus negocios. Los ecologistas recuerdan que el cambio climático obliga a España a adaptar su consumo de recursos hídricos, porque se reducirán inevitablemente; y que una agricultura intensiva hipertrofiada, además de hacer un uso insostenible del agua, está degradando espacios naturales como el Mar Menor.

Es en el Mar Menor, precisamente, en donde se encuentra otro de los focos de conflicto: la agricultura intensiva y sus fertilizantes son la principal fuente de presión de la laguna, que en estas semanas se enfrenta a otro proceso de eutrofización, con episodios de muerte masiva de peces. El Gobierno de la Región de Murcia, ignorando las vías principales de entrada de nutrientes, echa la culpa a Ribera y reclama el bombeo de la rambla del Albujón: mientras el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han sido más dudo que nunca, pidiendo al Ejecutivo regional que renuncie a las competencias que no está dispuesto a ejercer.

En los humedales de Doñana no se viven procesos de eutrofización, pero el ecosistema sí que sufre la falta de agua, sobre todo la subterránea que alimenta el sistema. El Gobierno central se ha opuesto con fiereza a la "amnistía" que aprobaron PP, Cs y Vox el pasado febrero, que permite legalizar regadíos que se quedaron fuera del ordenamiento, bajo la promesa de nuevos trasvases que, en realidad, están destinados a liberar el acuífero, según el plan hidrológico vigente. En otros planes hidrológicos, como el del Ebro, se han ampliado regadíos con mucha menos polémica, ante la satisfacción del Gobierno de Aragón, del PSOE, que asegura que ha logrado "rascar" unas hectáreas más frente a la proposición inicial.

Las tensiones con respecto al agua no son futuro, sino presente. Irá a más. El panel de expertos convocado por Naciones Unidas, el famoso IPCC, señaló en su última revisión que la escasez de recursos hídricos será el principal impacto del cambio climático en el sur de Europa. Pese a las últimas lluvias primaverales, el nivel de los embalses está lejos de la media de los últimos 10 años, con las cuencas del sur como las más golpeadas. No hay estrategia para hacerle frente, sobre todo en el ámbito laboral: las dinámicas insostenibles emplean a miles de personas en España.

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Hay "transición justa" planteada para la energía o para el automóvil, pero no hay transición hídrica. Por el momento. El Plan de Recuperación español, aprobado antes de la Ley de cambio Climático, preveía la aprobación de la Estrategia "en el primer semestre de 2021", por lo que el Gobierno acaba de inaugurar el incumplimiento de los plazos con respecto a la ley, pero ya lleva más de un año de retraso con respecto a lo estimado en la hoja de ruta para gestionar los fondos europeos.

Otros desarrollos de la ley de cambio climático "en el plazo de un año" aún no se han anunciado, como el reglamento para que las empresas con más impacto calculen y comuniquen su huella de carbono, la "coordinación, seguimiento, evaluación, publicidad, informe y notificación" del inventario nacional de emisiones, o la reforma eléctrica para adaptar el mercado a las nuevas necesidades climáticas; aunque, en este último ámbito, Transición Ecológica no ha pecado precisamente de inacción, con varios decretos y proyectos de ley aprobados o en camino para limitar el impacto de la crisis energética en los más vulnerables.

Este martes, en Consejo de Ministros, se ha cumplido con uno de los compromisos, acelerado por la guerra en Ucrania: el plan de la Administración General del Estado para reducir su consumo. Se fomentará el autoconsumo en los edificios institucionales y se vigilará el uso de iluminación exterior y climatización. Pero, como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica, se trata de una medida urgente incluida en el plan de respuesta al conflicto; Ribera trabaja en un plan "estructural", que se aplicará con o sin urgencias energéticas para desengancharse de Rusia.