Amnistía Internacional denuncia que la cifra de ejecuciones aumentó un 20% en 2021
Las cifras de ejecuciones aumentaron en un 20% en 2021 respecto al año anterior, según ha denunciado este martes Amnistía Internacional, que ha destacado que China continúa un año más al frente de la lista, a pesar de no contar con datos oficiales.
La ONG ha señalado en un informe, recogido por Europa Press, que durante 2021 se registraron 579 ejecuciones en 18 países, un 20% más que los 483 de 2020, un dato que representa además el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por el organismo al menos desde 2010.
Asimismo, ha manifestado que la mayoría de los ajusticiamientos tuvieron lugar en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, antes de agregar que las cifras excluyen a "miles" de personas que habrían sido ejecutadas en el gigante asiático sin que haya constancia oficial debido a que estos temas son considerados un secreto de Estado.
La secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, ha criticado además que "China, Corea del Norte y Vietnam siguieron ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo". "Como siempre, lo que vimos fue motivo de gran alarma", ha recalcado, tal y como ha destacado la ONG en su informe global sobre condenas a muerte y ejecuciones en 2021.
Amnistía ha apuntado además que, del total de ejecutados, 24 eran mujeres, lo que supone un 4% del total. En Irán fueron ejecutadas catorce mujeres, mientras que ocho fueron ajusticiadas en Egipto y una lo fueron en Arabia Saudí y Estados Unidos.
En esta línea, ha recordado además que Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Japón reanudaron las ejecuciones durante 2021, si bien no hay constancia de ejecuciones en India, Qatar y Taiwán, donde sí las hubo en 2020.
En los casos de Irán y Arabia Saudí se registraron importantes repuntes de los ajusticiamientos, con 314 ejecuciones en el primer país —respecto a las 246 de 2020—, lo que supone el mayor número desde 2017. Así, en Arabia Saudí fueron ejecutadas 65 personas, un aumento del 140% respecto a las 27 del año anterior.
"Tras el descenso de sus cifras de ejecuciones en 2020, Irán y Arabia Saudí volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", ha lamentado Callamard. "Su afán por poner a trabajar al verdugo no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022", ha alertado.
En el caso de Irán, las autoridades mantienen la aplicación de la pena de muerte por posesión de drogas y el número de ejecuciones por delitos relacionados con estupefacientes se multiplicó por más de 100 hasta llegar a 132, frente a las 23 de 2020. Asimismo, en el país fueron ajusticiadas tres personas condenadas por actos que cometieron cuando eran menores de edad, una violación del Derecho Internacional.
Amnistía ha hecho hincapié en que la retirada de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, que retrasaron los procesos judiciales, los jueces repuntaron el dictado de condenas de muerte, con importantes repuntes en Bangladesh, India y Pakistán.
"En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de Derechos Humanos", ha lamentado Callamard.
Por contra, Amnistía ha resaltado que el Parlamento de Sierra Leona aprobó en julio de 2021 abolir la pena de muerte, algo que también hizo Kazajistán en diciembre, tras entrar en vigor ese mismo año. Asimismo, Papúa Nueva Guinea llevó a cabo una consulta nacional que derivó en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de ratificación.
De esta forma, más de dos tercios de los países han abolido la muerte en la legislación o en la práctica al concluir 2021, si bien 55 aún la mantienen. En este contexto, durante el año pasado se registraron conmutaciones o indultos a condenados a muerte en 19 países, mientras que hubo exoneraciones en otros cuatro.
En total, durante 2021 fueron impuestas 2.052 penas capitales en 56 países, un aumento del 39% respecto a las 1.477 en 54 países en 2020. Entre estos países figuran Etiopía, Guyana, Maldivas, Omán, Tanzania y Uganda, que no habían emitidos veredictos a muerte durante 2020.
Por ello, al concluir 2021 había constancia de al menos 28.670 personas en el corredor de la muerte, con más del 80% del total en sólo nueve países: Irak, con más de 8.000; Pakistán, con más de 3.800; Nigeria, con más de 3.000; Estados Unidos con cerca de 2.400; Bangladesh, con más de 1.800; Malasia, con cerca de 1.400; Vietnam, con más de 1.200; y Argelia y Sri Lanka con más de mil cada uno.
Herramienta de represión
La ONG ha hecho además hincapié en que durante 2021 la pena de muerte fue utilizada en varios países como un instrumento de represión contra minorías y manifestantes, con un aumento alarmante del uso de los ajusticiamientos en virtud de la ley marcial impuesta en Birmania tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Así, ha manifestado que el Ejército birmano trasladó a tribunales militares la autoridad para juzgar a civiles, lo que llevó a la celebración de procedimientos sumarios sin derecho a apelación que provocaron la condena a muerte de forma arbitraria de 90 personas, en varios casos en rebeldía, en lo que se considera una campaña contra manifestantes y periodistas.
Amnistía ha dicho que las autoridades de Egipto han continuado recurriendo a torturas y ejecuciones masivas, a menudo tras juicios injustos ante tribunales de seguridad, mientras que en Irán se dictaron condenas de muerte de forma desproporcionada contra miembros de minorías étnicas por cargos poco precisos como la "enemistad con dios".
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En este sentido, al menos el 19% de las ejecuciones en Irán correspondían a miembros de la minoría baluche, que supone apenas un 5% de la población del país asiático. Por su parte, el joven saudí Mustafá al Daruish, de la minoría chií, fue ejecutado en junio tras un juicio injusto basado en una confesión obtenida bajo torturas.
"La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el Estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él", ha destacado Callamard.
"Continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia", ha zanjado la secretaria general de Amnistía Internacional.
