Camps maniobra para esquivar la última causa por corrupción que tiene pendiente
Francisco Camps trata de librarse del último juicio que le queda pendiente por corrupción. Tras más de una década de viacrucis judicial del que aún no ha salido ninguna sentencia en su contra, el expresident de la Generalitat Valenciana maniobra de nuevo para zafarse de la causa abierta contra él en la Audiencia Nacional por la contratación del stand de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a una de las empresas de la trama Gürtel. Lo hace agarrándose a la directiva europea sobre presunción de inocencia. La defensa de quien fuera uno de los pesos pesados del PP en suelo valenciano considera que su incorporación al procedimiento fue contraria a la ley. Este último movimiento se produce a ocho meses de la celebración del juicio y tras los intentos fallidos de Camps de apartar a dos de los magistrados que iban a conformar el tribunal.
El expresident de la Generalitat no siempre estuvo incluido en este procedimiento. Ni figuraba entre los acusados contra los que se abrió juicio oral a comienzos de 2016. Fue la declaración dos años más tarde de Francisco Correa, Pablo Crespo, El Bigotes o Ricardo Costa durante el juicio oral de otras piezas de la Gürtel lo que acabó propiciando la reapertura de la instrucción en lo relativo a la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama, del contrato para la instalación del stand de grandes eventos de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009. Es en esta nueva fase cuando se atribuye a Camps la condición de investigado. "Pudo desplegar un papel determinante en la decisión irregular de diversas adjudicaciones de contratación pública", sostenía el juez José de la Mata.
En un escrito remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre, la defensa del expresident de la Generalitat pone el foco en el escrito de julio de 2018 en el que Anticorrupción pedía la reapertura de la pieza para indagar sobre si la exdirectora de Promoción Institucional del Ejecutivo valenciano Dora Ibars había recibido instrucciones de Camps a la hora de contratar con la trama, algo que en su declaración ante el juez De la Mata negó. "Al finalizar estas declaraciones –las de Correa, Crespo o Costa–, innegablemente para la Fiscalía mi representado ya ostentaba la condición de sospechoso", resalta el abogado de Camps.
"Sin embargo, y existiendo esa firme sospecha ya desde el mes de enero, Fiscalía permitió que prestase declaración como testigo en ese mismo procedimiento en el mes de marzo de 2018. Declaración que se prestó desconociendo que Fiscalía no solo ya albergaba firmes sospechas contra él, sino que tenía la pretensión de dirigir petición de instrucción frente a mi patrocinado", completa el letrado. Por ello, considera que dicha testifical "no se prestó con las debidas garantías". En este sentido, el abogado cree que debería o "haberse suspendido" su declaración como testigo o haberse prestado informando a Camps de su "condición de sospechoso" y, por tanto, contando con "asistencia letrada".
"Nulidad de la incorporación" al procedimiento
Pero no solo eso. La defensa del expresident de la Generalitat también sostiene que para "aceptar la tesis acusatoria sin merma del derecho a la presunción de inocencia" deben haberse "refutado todas las demás hipótesis plausibles compatibles con la inocencia". "Aquí, no solo no se ha obtenido aquello que se considera 'prueba' sin las debidas garantías, sino que además la misma no cumple los requisitos que hemos citado para poder ser considerados hechos probados", resalta el escrito. En este sentido, además, asevera que no se han tenido en cuenta "las principales pruebas de descargo". Porque, dice, si tan "válidas" fueron para el Ministerio Público "unas declaraciones de terceros interesados", más "exacta y válida" debería ser la de Ibars, quien "había negado ya previamente haber recibido instrucción alguna" de Camps.
Con todo ello, el escrito pone sobre la mesa la directiva europea sobre presunción de inocencia. No es la primera vez que la defensa del exdirigente conservador se agarra a esta norma comunitaria. De hecho, el pasado mes de diciembre solicitó a la Audiencia Nacional que remitiese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) varias cuestiones prejudiciales en esta misma línea, algo que los magistrados rechazaron al entender que no era "pertinente". Ahora, sin embargo, Camps no pide que se pregunte a la justicia europea, sino que se aplique de manera directa la directiva y se acuerde "de oficio" la "nulidad de la incorporación" al procedimiento del expresidente valenciano. "No cabe mantener en un procedimiento judicial a una persona cuya incorporación es de origen nula", asevera su defensa.
Con este nuevo escrito, Camps continúa con su ofensiva para tratar de evitar la causa de Fitur a menos de un año del juicio. En los últimos meses, y más allá de la citada cuestión prejudicial, la defensa del exmandatario conservador ha intentado también recusar, aunque sin éxito, a dos de los magistrados encargados de juzgarle: José Ricardo de Prada y José Antonio Mora. Al primero pidió apartarle por su presunta afinidad con el PSOE y Unidas Podemos. Al segundo, por haber rechazado la recusación de su compañero –consideró que las acusaciones contra De Prada no dejaban de ser "meras suspicacias"– y por entender que tenía "un interés directo en la causa" al haber formado parte del tribunal que juzgó los papeles de Bárcenas. "Lo alegado en su escrito es del todo erróneo", resaltó la Audiencia Nacional en la providencia con la que dio carpetazo al segundo intento.
Del 'caso de los trajes' al archivo de la Fórmula 1
Esta pieza derivada de Gürtel es la única causa de corrupción que sigue viva contra Camps. Hasta ahora, el expresidente de la Generalitat ha conseguido salir indemne de más de una década de procesos judiciales. Un viacrucis que comenzó con el conocido como caso de los trajes, en el que un jurado popular terminó por declararle "no culpable" del delito de cohecho impropio por el que estaba acusado. Luego llegó el caso Noós, en el que el TSJ valenciano rechazó su imputación. O la financiación irregular del PPCV, donde compareció como testigo. Su nombre también se vinculó a la causa por las supuestas irregularidades en la construcción del Centro de Convenciones de Castellón, a la que se dio carpetazo "al no existir pruebas de supuestos delitos". Un archivo que también se decretó en el caso de los contratos para la visita del papa a València o en las investigaciones sobre la organización de la Fórmula 1.
Con el cierre de todos estos asuntos, la contratación con Orange Market para la instalación del stand de Fitur es el último quebradero de cabeza que le queda al expresidente valenciano. En este caso, el magistrado instructor considera, en su auto de procesamiento contra Camps, que existe "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado" como para afirmar que el exjefe del Ejecutivo autonómico "participó en el direccionamiento" del contrato a favor de la empresa de la trama Gürtel. "Y lo hizo para favorecer a Orange Market a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market", sostiene De la Mata. La Fiscalía solicita para él dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude.
La salida del juez De Prada a otra Sección y el aterrizaje del magistrado Joaquín Delgado en el tribunal, quien será el ponente de la sentencia, ha provocado el movimiento de la acusación popular ejercida por dos exdiputadas socialistas. En un escrito registrado este mismo miércoles, la representación ha formulado un incidente de recusación con el que pide que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional expulse a Delgado del tribunal encargado de juzgar a Camps. "Hay varias conexiones entre aquel magistrado y aquella formación política", dicen. En concreto, resaltan que fue asesor en el Ministerio de Justicia con el conservador José María Michavila y director general en el mismo ministerio en la etapa de Rafael Catalá.
Aumento de la presencia pública
A pesar de que sobre su cabeza aún pende este último juicio, eso no ha impedido al expresident de la Generalitat Valenciana intensificar su campaña para tratar de incrementar su presencia pública. En octubre, asistió al cierre de la Convención Nacional del PP. Y lleva meses intentando lavar su imagen a golpe de entrevistas y comparecencias públicas, en las que asegura ser víctima de una "persecución judicial" y en las que se pone a disposición de su partido.
De hecho, Camps no oculta, ni mucho menos, su deseo de regresar a la primera línea política. Si fuera posible, optando a la alcaldía de la Ciudad del Turia. "Si no soy candidato por el PP en Valencia me gustaría volver a ser parlamentario", aseguraba en noviembre al Abc. Otra cosa, sin embargo, es que le dejen en el partido, donde se da por hecho un respaldo firme a la actual portavoz conservadora en el consistorio, María José Catalá.
