Manos Limpias vuelve a la carga
Pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo tras una condena a cuatro años de cárcel por extorsión en el caso Ausbanc y con una trayectoria vital ligada a la extrema derecha, Miguel Bernad y su “Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias” acaban de resurgir en lo que él mismo define como “un nuevo amanecer”.
Tras una etapa de denuncias de “bajo nivel”, por acudir a la expresión que acuña Bernad en conversación telefónica con infoLibre, Manos Limpias ha presentado desde enero cuatro de alto voltaje que afectan a políticos. Todos ellos cargos de formaciones de izquierda. La última, la presentada esta semana contra el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, por llamar “delincuente acreditado” y “ladrón” al rey emérito. Antes que él, fue el turno de Gabriel Rufián, Mónica Oltra y Nadia Calviño, indirectamente afectada dado que a quien incluye la denuncia es a su marido.
Bernad, que con Manos Limpias se convirtió en la única parte que acusó a la infanta Cristina en el caso Nóos, defiende su actuación contra Garzón por adjetivar como delincuente y ladrón al monarca que según la Fiscalía defraudó hasta 56 millones. A la pregunta de si ese paso equivale a un guiño mientras espera que el Tribunal Supremo resuelva su recurso por la condena del caso Ausbanc, responde así: “No tendría sentido porque se me absolvió en lo relacionado con la infanta”, responde. Dictada por la Audiencia Nacional, la sentencia considera probado que los condenados —Luis Pineda, jefe de Ausbanc, y Bernad encabezan la lista— pedían dinero a bancos y empresas a cambio de evitar acciones judiciales y campañas de descrédito. Bernad enfatiza que en absoluto se le ha condenado por lo que durante muchos meses dio titulares a mansalva: que Manos Limpias había exigido supuestamente dinero a cambio de retirar la acusación contra la infanta. Fue él —remacha— quien hizo constar "en un acta notarial" que le habían ofrecido pagos que no aceptó.
Hoy, lo cierto es que el hombre cuya organización pudo leer mucho antes que cualquier ciudadano ajeno al caso Nóos los correos donde Juan Carlos I ofrecía ayuda a Iñaki Urdangarin en sus planes de negocio sostiene que Alberto Garzón delinquió. Y que lo hizo porque “un miembro del Gobierno no puede llamar ladrón y delincuente" a Juan Carlos I. Y que si lo hace incurre —"hay condenas previas por declaraciones de menor entidad", alega—, en un "delito de injuria o calumnia” contra la familia real.
¿Pero por qué si Manos Limpias no es “ni de ultraderecha, ni de derecha, ni de centro ni de izquierda” —la definición pertenece a su máximo responsable—, todas sus acciones penales ponen solo el foco sobre formaciones de izquierda? “Porque —contesta Bernad— no tenemos nada del PP pero si encontramos algo actuaremos, como ya estuvimos en los papeles de Bárcenas”.
Abierto simpatizante de Franco –“es un tema íntimo y personal”, aduce–, en su día secretario general del ya desaparecido sindicato de Fuerza Nueva –"nunca lo he ocultado"– y en 1994 candidato al Parlamento Europeo en la lista de Blas Piñar, fundador de aquel batallón político que ganó celebridad en los primeros años de democracia por sus cadenas, su ideario y su habitual saludo fascista, Bernad dice que le da lo mismo que le “etiqueten”. Pero que vive alejado por completo de la política.
Dice también que nadie está financiando el regreso de Manos Limpias: un regreso que en la siempre cara o carísima guerra jurídica le incorpora a un escenario plagado de denuncias de la extrema derecha, desde las interpuestas por Vox a las patrocinadas por Abogados Cristianos. Manos Limpias –es el mensaje repetido por su jefe– no “es de nada” en lo que al arco político concierne. Manos Limpias –aduce Bernad– da el salto desde las denuncias de perfil bajo al "nuevo amanecer" del primer párrafo porque "la situación se está deteriorando" en lo que a la corrupción respecta. Esa es su versión.
En cuanto a cómo paga Manos Limpias su actividad, quien siempre ha sido su cara visible se explica así: “Nadie nos financia. Tenemos una pequeña sede cerca de Pintor Rosales [en Madrid] que nos cuesta 350 euros y que pagamos entre ocho personas. Y las denuncias las preparan gratis abogados y procuradores. Yo tenía la opción de retirarme y dedicarme a la familia o la de seguir adelante y he decidido seguir”.
¿Le está prestando ayuda Vox? Según el jefe de Manos Limpias, no. “Vox nos odia porque en la querella del referéndum [catalán] solo cogen el testigo cuando me meten en la cárcel. Se habrían frotado las manos si nos hubieran visto hundidos. Abascal ni me coge el teléfono”. Eso recalca.
Sí coincidieron, señala él mismo, en el rechazo a la legalización de Bildu en 2014 y las actuaciones jurídicas de ello derivadas. También en algo más, atestigua Twitter: el 4 de octubre de aquel año, la cuenta de Vox en esa red social publicó un mensaje del siguiente tenor: "Manos Limpias se querella también contra Junqueras. Y no será la última. Juristas voluntarios de VOX ultiman querellas".
La mención a su encarcelamiento y a cómo Vox cogió el testigo en lo relativo al referéndum catalán alude al periodo que siguió a su arresto en 2016 por el caso Ausbanc. Bernad salió de la cárcel bajo fianza en diciembre de aquel año. Aunque resultó condenado a cuatro años, Bernad se encuentra en libertad hasta tanto no decida el Supremo si revoca o confirma la sentencia.
Mientras estuvo en prisión provisional por el caso Ausbanc, salieron a la luz datos bancarios y correos electrónicos intervenidos a Manos Limpias. Fue entonces cuando infoLibre desveló que lo que ya a esas alturas había adquirido el sobrenombre de "pseudosindicato" interpuso una querella contra el juez y la fiscal encargados del macrocaso de corrupción de La Muela (Zaragoza). Y que lo hizo meses después de que Jorge Embarba Pinilla, hijo de la principal acusada en aquel sumario, hiciera llegar como mínimo dos transferencias a una de las cuentas del colectivo: entre ambas, 1.100 euros. ¿Por qué le pagó Jorge Embarba a Manos Limpias?, preguntó entonces este periódico al autor de las transferencias, vástago de la poderosa y enriquecida exalcaldesa de La Muela, finalmente condenada el pasado mes de enero por el Supremo a 11 años de prisión. Porque cada uno –acabó respondiendo Embarba– gasta "su dinero como le plazca".
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La denuncia contra Alberto Garzón es, tal vez, la más sorprendente por la paradoja que entraña haber acusado de delito fiscal a Cristina de Borbón y considerar ahora intolerables los ataques a su padre por haber recibido dinero extranjero, haberlo ocultado en paraísos fiscales y haber defraudado –siempre según la Fiscalía– entre 30 y 56 millones en cinco años.
Pero detrás de la denuncia contra el ministro quedan otras tres que afectan a miembros del PSOE, ERC y Compromís. La primera, la presentada en enero por omisión del deber de perseguir delitos contra la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra (Compromís) en lo relativo a los abusos sexuales que costaron una condena a su ex marido; luego, la formulada ante la Fiscalía y ya archivada contra Gabriel Rufián (ERC), a quien Manos Limpias acusó de revelación de secretos por difundir información de la comisión de secretos oficiales; más tarde, una tercera contra funcionarios de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por adjudicar un contrato a Páginas Amarillas, la empresa para la que trabaja el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño –igualmente denunciado– y que –dice Bernad– “tiene deudas con la Seguridad Social y que por tanto no puede ser contratada”.
En medio de todo ello emerge otra denuncia de alto rango mediático pero que se sale del carril de la política: la formulada también esta semana contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el futbolista Gerard Piqué.
