Subidas salariales del 3% o pagas no consolidables porque “hay márgenes empresariales”: las propuestas del Consejo Económico y Social

La economía mundial está sufriendo en lo que lleva de década toda una “concatenación de calamidades” que parecen no tener fin: la pandemia, la ruptura de las cadenas de suministro internacionales, la invasión de Ucrania. En palabras de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), la economía española se enfrenta a dos “corrientes inversas”: la recuperación briosa tras el coronavirus y el repunte de la inflación provocado por el encarecimiento de la energía. El CES, órgano consultivo del Gobierno en el que están representados tanto los sindicatos como los empresarios, consumidores y expertos, presentó este miércoles la Memoria de 2021, fruto del trabajo de sus 60 consejeros en más de una veintena de reuniones. Además de un análisis sobre los principales hitos laborales y económicos del pasado año, Costas y Raymond Torres, presidente de la comisión de trabajo que ha elaborado la memoria, plantearon alternativas a algunos de los mayores obstáculos con los que se topa España en una salida de la crisis marcada por la guerra.

Según se recoge en la memoria, la inflación ha hecho perder un 1,38% de poder adquisitivo a los salarios pactados, que en 2021 quedaron por debajo del 1,7% de media firmado en los convenios colectivos. Esa merma fue superior a la sufrida en 2012 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, o en 2017, ya durante la recuperación posterior. “De esta forma se truncó la tendencia de crecimiento de los salarios pactados reales que había predominado, con la excepción de 2017, desde la recuperación iniciada en 2014”, explica el CES. En lo que ha transcurrido de 2022, la subida media de los salarios pactados es del 2,4%, por lo que se sitúa ahora más de seis puntos por debajo de la inflación, que alcanzó el 8,7% en mayo, apuntó Raymond Torres.

Así que, para repartir el coste del aumento de los precios –y los costes – “de forma equilibrada” y evitar los llamados efectos de segunda ronda –que se contagie la inflación de precios a los salarios y éstos, a su vez, alimenten la subida de bienes y servicios–, los sueldos pueden mejorarse, pero con ciertas cautelas. Torres se remitió a la posición expresada por el economista jefe del BCE, Philip Lane, según la cual si los salarios crecen un 3% es posible mantener la inflación en el entorno del 2%, el objetivo de este órgano supervisor. Tanto los sindicatos como la patronal propusieron subidas del 3,5% para este año en las fracasadas negociaciones del acuerdo salarial marco. Pero no es la única opción. Torres mencionó también alzas según la inflación subyacente –que excluye los precios de la energía y los alimentos–, en estos momentos situada en el 4,9%. Y el recurso a que las empresas acuerden con los sindicatos compensaciones de la inflación puntuales y no consolidables para sus plantillas. “Hay márgenes empresariales que permiten esas compensaciones”, aseguró, como la que ha aprobado Telefónica, un bono de 250 euros para los empleados de Telyco, su filial de tiendas. A su juicio, esta solución sería más adecuada para evitar los efectos de segunda ronda –que aún no se han producido en España— que las cláusulas de revisión salarial.

Precisamente la inclusión de estas actualizaciones de sueldos a final de año, cuando la inflación supera la subida pactada en convenio, ha sido el motivo de la ruptura de las negociaciones salariales entre sindicatos y patronal. Los empresarios no quieren ni oír hablar de cláusulas de garantía, mientras que CCOO y UGT las consideran imprescindibles para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La memoria del CES cifra en un 13,3% los convenios colectivos que en 2021 poseían cláusulas de revisión salarial, una proporción baja que afecta a un pequeño número de trabajadores, el 16,3%. Ambos son porcentajes muy similares a los de 2020 e inferiores a 2019, apunta.

Ayudas directas, impuestos eléctricos a la italiana

A fin de compensar el impacto de la inflación en los hogares más vulnerables, Antón Costas propuso también “transferencias directas” para aquellos que se encuentren en los tres o cuatro últimos deciles de la renta. Se trataría, describió, de un mecanismo similar al del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pese a que la memoria critica los “problemas de gestión” que lastran la “cobertura y eficacia” de esta ayuda. El CES no sólo se refiere a la “brecha digital” entre la Administración y la población más vulnerable a la que está destinado el IMV, sino también a las “dificultades de acceso a la prestación”. “Muchos hogares en situación de pobreza desconocen la existencia del IMV y/o carecen de recursos para tramitarla”, detalla la memoria, “de hecho, entre los hogares en situación de pobreza severa, más de dos tercios no han solicitado la prestación y sólo una cuarta parte ha conseguido realizar el trámite con éxito”.

Costas defendió el uso de políticas “predistributivas” antes que “redistributivas” para combatir la desigualdad. Hay que aumentar la protección social, destacó, sobre todo teniendo en cuenta que un 20,9% de los hogares se encontraban en riesgo de exclusión social, mientras que en 2018 eran el 16%. “Es mejor y más eficiente preparar que reparar”, destaca la memoria del CES, que propone destinar más recursos a la “inversión social de futuro” en capital humano, infancia, familias o igualdad de género.

Sobre lo que no se pronunciaron Costas y Torres fue sobre la subida de las pensiones según evolucione la inflación. Dejaron la decisión al acuerdo de los agentes sociales y a cómo negocien un posible pacto de rentas y la segunda parte de la reforma de las pensiones.

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En cualquier caso, añadió Raymond Torres, será difícil conseguir un reparto equilibrado de los costes asociados a la inflación cuando uno de los elementos que la generan sigue “desbocado”, en alusión a la energía. La memoria critica por ineficaz la bonificación de 20 céntimos a gasolina y gasóleo, porque no ha conseguido rebajar los precios de los combustibles y porque, además, se trata de “una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía”. En su lugar, Raymond Torres considera más adecuada la solución aprobada por Italia: destinar el impuesto del 25% a las compañías eléctricas por sus beneficios caídos del cielo a compensar a familias y empresas por la subida del precio de la luz. O la medida francesa, limitar al 4% el alza de la factura eléctrica este año. El economista aseguró que ambas iniciativas son “más sencillas” que el tope al gas diseñado por España y Portugal. Pero tampoco descartó la necesidad de medidas estructurales, como la reforma del mercado eléctrico.

Buenos empleos, mejores empresas

Antón Costas alabó la reacción de la Unión Europea a la crisis del coronavirus, suspendiendo las reglas fiscales, poniendo en marcha un programa de vacunación masiva y aprobando los millonarios fondos de recuperación. Esa respuesta, tan distinta a la que dio a la crisis financiera, “se va a mantener ahora con la guerra”, aseguró. Remedando una frase de San Agustín, defendió la necesidad de “un horizonte de castidad financiera y fiscal, pero no ahora mismo”. Y negó que exista riesgo de estanflación, de alta inflación sin crecimiento económico. La economía no repite el escenario de los años 70, abundó, porque un crecimiento del PIB en torno al 4%, como está previsto para este año, aún es “uno de los mayores avances de todos los países, gracias al turismo, las exportaciones, el dinamismo del mercado laboral y el Plan de Recuperación”.

A su juicio, la única solución para acabar con los desequilibrios estructurales de la economía española es “crear buenos empleos, para más personas y en más lugares, en el mundo rural y en pequeñas ciudades”. Y para ese objetivo, los fondos de la UE “marcan el rumbo” mediante la creación de “mejores empresas”, más productivas, y el desarrollo de “buenas políticas industriales y de innovación” centradas en el territorio, que tracen estrategias “más allá de lo que las compañías harían por sí solas”.