EH Bildu prioriza su agenda de izquierdas y pasa de ser un aliado incómodo a salvavidas del Gobierno

Detrás de Euskal Herria Bildu (EH Bildu) hubo, en las últimas elecciones vascas, 249.580 votantes. Eran casi 25.000 más que en 2016. Fue la segunda fuerza más votada en Euskadi: casi uno de cada tres vascos dio su confianza a las candidaturas de la izquierda abertzale. Eso sin contar su resultado en Navarra en 2019: 49.744 votos (el 14,6% del total). En las elecciones generales de ese mismo año los abertzales obtuvieron más de 212.200 sufragios y cinco diputados, tres más de los logrados en 2016.

Tras este avance hay una medida estrategia que la formación ha intensificado en esta legislatura. Su objetivo es tratar de romper su perímetro ideológico para seguir creciendo en línea con el modelo de Esquerra Republicana de Catalunya: ganar influencia con el fin de, cuando llegue el momento, poner sobre la mesa su agenda soberanista. Para lograrlo ha acentuado su perfil social de izquierdas y demostrado su constante disposición al diálogo constructivo, dejando el cuanto peor, mejor en el pasado y acercándose a posiciones más posibilistas.

Lo que ha sorprendido de EH Bildu en lo que va de legislatura ha sido su disposición a contribuir a la gobernabilidad de España. Ese es el precio que la izquierda abertzale está dispuesta a pagar a cambio de su homologación como una fuerza política más en el escenario político del Congreso. Un estatus con el que, además, persigue disputar al PNV su tradicional hegemonía en la política vasca como partido más votado pero también como interlocutor privilegiado con el Gobierno de España.

Este viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV), ha tirado de ironía para referirse al papel de la formación en el Congreso: "¿Van ustedes a Madrid para hacer que caiga al régimen del año 1978 pactando con el Partido Socialista Obrero Español?", le ha preguntado a Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu y jefa de la oposición en el Parlamento Vasco. Un tira y afloja que ambas formaciones mantienen desde hace meses también en la Cámara Baja.

Lo cierto es que las demandas soberanistas apenas afloran en sus intervenciones en el Congreso, en las que destacan, sobre todo, su agenda de izquierdas y sus propuestas de hondo contenido social. Comparados con la CUP, con el BNG o incluso con Esquerra, la izquierda abertzale mantiene un perfil bajo en el Congreso, tanto en sus intervenciones como en sus iniciativas y las contrapartidas pactadas con el Ejecutivo, muchas de las cuales se materializan en políticas para el conjunto del Estado.

Todas las votaciones que el Gobierno ha salvado gracias a EH Bildu

En el seno del PSOE todavía existe un cierto recelo en llamar "socio" a esta formación (en un principio ni siquiera accedían a reunirse con ellos), pero lo cierto es que el Gobierno ha conseguido sacar adelante muchas medidas gracias a los diputados vascos. Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido esta semana en la votación sobre el fondo público de pensiones promovido por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Se trata de una de las medidas clave que el Ejecutivo comprometió con Bruselas a cambio de los fondos europeos. La formación dirigida por Mertxe Aizpurua en el Congreso salvó la votación a cambio de incrementar las pensiones no contributivas un 15%. EH Bildu se abstuvo en la votación del fondo público, mientras que otros partidos como ERC votaron en contra.

No es la primera vez que ocurre. Los abertzales también ejercieron de salvavidas del Gobierno el pasado mes de abril tras votar a favor del decreto ley de medidas urgentes para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la invasión de Ucrania. La votación acabó con 176 síes y 172 noes, por lo que los cinco votos de EH Bildu fueron imprescindibles para mantener la rebaja del 60% de la factura de la luz, el descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible y la limitación a la subida de precios de los alquileres. ERC volvió a votar en contra, al no encontrar satisfactoria la respuesta del Gobierno tras los casos de espionaje a dirigentes independentistas.

También sucedió algo similar a finales de enero. El Gobierno logró convalidar el decreto que regula la ejecución del multimillonario fondo europeo anticrisis gracias al sí de los abertzales y la abstención necesaria de Vox. El decreto logró 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones. La derrota hubiera supuesto una crisis tanto a nivel interno como externo, ya que en ese momento el Ejecutivo se encontraba en plenas negociaciones con Bruselas por estos fondos.

Durante los meses más duros de la pandemia, los cinco diputados de EH Bildu también fueron decisivos para el Ejecutivo. Los abertzales se abstuvieron en todas las prórrogas del estado de alarma (demandaban al Gobierno paralizar la actividad no esencial). Su abstención fue decisiva en la quinta prórroga y penúltima prórroga del primer estado de alarma, tras el rechazo de PP, Vox, ERC, JxCat, la CUP y Compromís. Asimismo, aprobaron el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE, la prestación por el cese de actividad para los autónomos y otras medidas recogidas en el escudo social

Los votos de la formación vasca también sirvieron para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tanto del año 2020 como del 2021, la ley de eutanasia, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, la ley de protección a la infancia, la Lomloe, la derogación del artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores (el que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo), la ley rider y la primera pata de la reforma de las pensiones.

¿Votos a cambio de qué?

Las contrapartidas que EH Bildu arrancó por dar su apoyo a los Presupuestos consistieron en convertir las medidas de vivienda y suministros básicos del escudo social en permanentes por ley e incluir 25 millones de euros para el fondo de compensación para las víctimas del amianto. También logró 500.000 euros para digitalización y gestión inteligente de medios audiovisuales en euskera; una dotación de seis millones para el proyecto cultural de la fábrica Luzuriaga en Pasai Antxo; y 500.000 euros para redactar un proyecto para construcción de la variante NA-4000 a su paso por Lesaka para sacar el tráfico rodado del centro de la localidad.

Una semanas antes el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, abogó por apoyar los Presupuestos siempre y cuando ello arrastrara ventajas penitenciarias para los presos de ETA. "Tenemos a 200 dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos", señaló en octubre de 2021. Sus demandas tambalearon las relaciones entre EH Bildu y el PSOE, después de que la dirección parlamentaria de ambos grupos aparcaran cualquier reclamación penitenciaria para tratar de abordar el consenso exclusivamente en medidas sociales.

ERC y la habilidad para apretar sin ahogar: las veces que votó contra el Gobierno cuando ya salían las cuentas

Ver más

Esas declaraciones también incomodaron a los diputados de la formación en el Congreso. Un día antes de producirse esas declaraciones, Oskar Matute defendió ante el pleno una proposición no de ley en la que exigían al Gobierno la prórroga de las medidas del escudo social mientras fuera necesario. La votación salió adelante con 182 votos a favor dos días después y el diputado abertzale lamentó que esa iniciativa no atrajera apenas atención mediática.

La derecha rechaza a Bildu como interlocutor y lo iguala a ETA

EH Bildu es un partido legal —el Tribunal Constitucional así lo estableció en 2012— que rechaza el uso de la violencia. Pero aun así las formaciones de la derecha —PP, Vox y Ciudadanos— e incluso destacados dirigentes del PSOE les han negado históricamente la condición de interlocutores válidos. Si antes el razonamiento era que apoyaban a ETA cuando la organización terrorista existía, ahora —una vez que ha desaparecido— el argumento es que no condenan lo crímenes que cometió.

PP, Vox y Ciudadanos siempre se refieren a EH Bildu como “filoterroristas”, “batasunos” y “herederos de ETA”. Un grupo político con el que, aseguran, no es lícito negociar nada ni llegar a acuerdos como hacen PSOE, Unidas Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez. La derecha busca identificar con ETA —diez años después de que esta organización dejase de matar— a políticos que jamás han tenido nada que ver con la violencia, como es el caso de la mayoría de los militantes de EH Bildu, o que sí formaron parte de la banda terrorista pero que la abandonaron o ya cumplieron la correspondiente condena. Y, de paso, hacer ver que el PSOE y Unidas Podemos son "cómplices" de los terroristas de ETA.