Los artículos de la 'ley mordaza' que más afectan a los periodistas acumulan el 28% de las sanciones

Aquella era "una mañana histórica" para el fotoperiodista Javier Bauluz. El campamento levantado en el muelle de Arguineguín, en el que se llegaron a hacinar casi tres millares de migrantes, había sido desmantelado. Y los reporteros iban a poder tomar imágenes desde la cercanía, después de meses en los que el perímetro de seguridad marcado alrededor de la zona solo les dejaba mostrar masas de personas deshumanizadas. Por eso, en cuanto tuvo aviso de que iba a llegar una Salvamar, agarró los bártulos y se fue directo al puerto con los compañeros. Todos fueron tomando posiciones. Lo más cerca posible de la pasarela pero a la distancia necesaria como para no entorpecer las labores. En definitiva, el protocolo habitual. Al poco, vieron llegar la lancha. Y, casi al tiempo, varios furgones de la Policía Nacional con la intención de alejar a la prensa. Aquella "mañana histórica" acaba con Bauluz sancionado. Otra víctima más de la ley mordaza.

El fotoperiodista recuerda cómo se acercó a él un primer agente corriendo y diciendo que tenían que salir de allí. "Yo le pregunté los motivos. No había vallas, ni tampoco ningún perímetro, no éramos un peligro para nadie", cuenta al otro lado del teléfono. No obstante, obedeció. Y policía y reportero comenzaron a caminar juntos hacia otra zona. "Hasta ese momento primaba el respeto", cuenta. Sin embargo, de pronto otro agente le agarró del antebrazo y comenzó a apretar. Bauluz se revolvió y exigió que no le tocase. Empezó entonces un tira y afloja que terminó con el policía exigiéndole la documentación. "Le voy a tomar los datos y le voy a sancionar. [...] En función de que usted me ha faltado al respeto", le espeta el policía. Al final, dos propuestas de sanción que, con los recargos aplicados, se acercan al millar de euros. Una por lo anteriormente dicho. La otra, por una negativa a identificarse.

El caso de este reportero, premio Pulitzer en 1995, no es único. En mayo, varios periodistas de la revista Nortes fueron multados en base a la misma norma por obstaculizar el funcionamiento de los servicios de emergencias cuando estaban cubriendo una intervención policial en Gijón. Igual que unos años antes se castigó a un redactor de Canal Sur mientras retransmitía una procesión en Sevilla. Bauluz no piensa soltar un solo euro. "Que me embarguen o que hagan lo que quieran", dice con tono sereno. Y no pagará porque no "reconoce" esta ley "injusta" que parece "sacada del franquismo". Un texto ideado, continúa, para "infundir miedo" a la sociedad en general. "Si nos pasa a nosotros, que somos periodistas, imagina a activistas o manifestantes", apunta.

Bajo la premisa de cuanta más "seguridad" mayor "libertad", y en un contexto de recesión económica y protestas permanentes en la calle, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde hace ya siete años a la Ley de Seguridad Ciudadana. Y, según los datos que se tienen hasta la fecha, se ha aplicado con contundencia. Solo entre 2015 y 2020, últimas cifras disponibles, se han impuesto en base a esta norma 1.385.659 sanciones por valor de 815,86 millones de euros. Por lo general, el número de multas ha rondado las 200.000 anuales, con la excepción de 2015, donde la norma solo se aplicó durante seis meses, y 2020, el año de la pandemia. Las estadísticas de Interior, no obstante, no incluyen a los cuerpos de seguridad autonómicos, por lo que la cantidad de castigos y la recaudación por los mismos es todavía mayor.

"Vaguedad" que convierte artículos en "un cajón de sastre"

Con excepción del año negro de la crisis sanitaria, el consumo de drogas en la vía pública siempre ha sido el principal motivo de sanción. Pero, tras este, se encuentran los dos preceptos que más a menudo se utilizan contra los informadores. Por un lado el artículo 36.6, que penaliza la "desobediencia o la resistencia a la autoridad" y la "negativa a identificarse". Por otro, el 37.4, que castiga las "faltas de respeto y consideración" contra un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos cinco años, por ambos motivos se han impuesto 397.083 multas por un valor total de 223,13 millones de euros. Es decir, que más de un cuarto de las sanciones –28,65%– y del dinero recaudado –27,3%– es por la aplicación de los artículos que, según han denunciado una y otra vez los colectivos, más se emplean contra los periodistas.

"La aplicación de esta norma menoscaba la labor del periodista", apunta en conversación con infoLibre Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, quien pone el acento, sobre todo, en el uso que se hace de la misma cuando los informadores tratan de documentar las actuaciones policiales: "Se obstaculiza su trabajo bien por la aplicación directa o bien por la amenaza de recurrir a ella, que en ocasiones lleva al informador a cesar su labor". "La libertad de expresión y de prensa se pueden restringir pero de forma muy tasada, en situaciones muy excepcionales. Y eso es algo que esta ley no cumple, porque se recortan derechos fundamentales sin las garantías y requisitos que exigen los estándares internacionales", apunta Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI).

Ambos expertos recuerdan la "vaguedad" e "imprecisión" de estos preceptos de la ley. Consideran que han acabado convirtiéndose en un "cajón de sastre que permite sancionar cualquier cosa". De hecho, no son estos colectivos los únicos que se han pronunciado al respecto. Hace un año, la Comisión de Venecia, órgano consultivo en material constitucional del Consejo de Europa, emitió un informe en el que sugería a España hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la normativa teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, se mostraba preocupación por la redacción, entre otros, de los artículos mencionados anteriormente. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el que castiga las faltas de respeto a los agentes.

Canales relata las situaciones más habituales que llevan a la imposición de sanciones por vulneración de algunos de estos artículos de la ley mordaza. "En muchas ocasiones se pone sobre la mesa la desobediencia a la autoridad cuando se incumple la orden de no atravesar una barrera invisible en una manifestación, lo que pasa es que muchos periodistas se ven en situaciones así simplemente por el propio movimiento normal de la marcha", apunta. Y en cuanto a la negativa a identificarse, cuenta, en reiteradas ocasiones se recurre a este precepto por el simple hecho de que el propio informador pida explicaciones al agente cuando le solicita el carnet. "Pero eso no quiere decir que se esté negando", sostiene. De hecho, eso fue justamente lo que le sucedió a Bauluz. "¿Cómo es posible que el policía me venga con una sanción por este motivo cuando se ha ido al furgón con mi identificación?", se pregunta.

Aval para captar imágenes de policías

A pesar de que se presentó como uno de los principales obstáculos a la libertad de información, básicamente por lo "descarado de su redacción", lo cierto es que las multas en aplicación del artículo 36.23 –uso no autorizado de imágenes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– no han sido numerosas. En total, 213 sanciones por unos 135.000 euros. Por colgar en Twitter una fotografía de una actuación policial en Eibar (Gipuzkoa) fue sancionado, a comienzos de 2016, un periodista de la revista vasca Argia. En la notificación de aquella multa se ponía de manifiesto que el informador había subido a las redes sociales "sin autorización" una imagen que hacía "posible" la "identificación" de los agentes, lo que entrañaba un "riesgo" para los mismos.

A pesar de las numerosas críticas de colectivos, Defensor del Pueblo u órganos comunitarios, lo cierto es que el Tribunal Constitucional avaló la práctica totalidad de la norma a finales de 2020. De hecho, lo único que matizó fue lo relativo a este último artículo. En su sentencia, los magistrados consideraron que el hecho de sujetar a la "obtención de autorización administrativa previa" el uso de imágenes resultaba contrario "a la interdicción de censura previa". Aquel fallo, por tanto, dejaba claro que se podían captar imágenes de los agentes sin permiso. Eso sí, siempre y cuando luego no se difundan. "Sólo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, como redes sociales u otras plataformas", quedaba recogido en la sentencia.

Una reforma que no termina de llegar

Desde la arena política se lleva años planteando la necesidad de meter mano a esta ley, aprobada solo con los votos del PP. Hace un par de legislaturas, tanto el PSOE como el PNV registraron por separado dos iniciativas en la Cámara Baja que iban en esa dirección. La primera, proponía derogarla y volver a la norma de 1992. La segunda simplemente reformarla. El Pleno dio entonces el visto bueno y pasaron a la Comisión de Interior, donde terminó empantanándose. Los plazos para la presentación de enmiendas se fueron ampliando. Y para cuando se desbloqueó el asunto, los servicios jurídicos de la Cámara avisaron de los riesgos de “incongruencias de procedimiento y de resultados” si ambos textos se tramitaban por separado. Por eso recomendaron alumbrar uno conjunto. No dio tiempo. Llegaron las elecciones y todo se vino abajo.

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Ahora, en la Cámara Baja se está trabajando sobre la propuesta jeltzale. Pero las negociaciones avanzan muy lentamente. Los primeros trabajos de la ponencia se cerraron con el acuerdo sobre 29 artículos. Sin embargo, el trámite parlamentario se fue ralentizando poco a poco. Por eso, los partidos del llamado bloque de la investidura –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts– decidieron ir celebrando reuniones preparatorias para poder solventar las diferencias y así acudir de nuevo a la ponencia con buena parte del trabajo ya hecho. Unos contactos que, no obstante, se han encontrado con importantes escollos. El más gordo, recuerdan fuentes conocedoras de las negociaciones, fue el estallido del caso Pegasus, que llevó a ERC a dejar plantados a los otros interlocutores en una de las reuniones que tenían previstas a finales de abril.

¿Y cómo están ahora las negociaciones? Fuentes parlamentarias explican que, más allá de la treintena antes mencionada, de las conversaciones entre el bloque de la investidura hay ya acuerdo en torno a "otra media docena de artículos". Y un "preacuerdo" sobre otra media docena más, si bien aún no hay "texto definitivo". Desde Unidas Podemos muestran cierto "optimismo" a pesar de la lentitud con la que avanza el asunto. "La idea era tener concluida la fase de la ponencia en el actual periodo de sesiones, pero no ha sido posible por el retraso u otros factores externos. Esperamos que en el próximo periodo de sesiones –de septiembre a diciembre– podamos tener concluido el grueso del trabajo", explican las fuentes pulsadas. Sin embargo, desde ERC no se muestran tan optimistas. "Pinta mal. Ahora mismo estaríamos en un claro ‘no", dicen fuentes de la formación, que tienen la "sensación" de que por parte del PSOE no se quiere tocar nada que tenga que ver con la policía.

Todavía no hay demasiados avances, sostienen las fuentes consultadas, en algunos de los puntos claves de la norma. Hay escollos, explican, en lo que tiene que ver con el uso de material antidisturbio en las manifestaciones, como también lo hay en la famosa presunción de veracidad de los agentes en los procedimientos sancionadores. Y también en lo que tiene que ver con los dos artículos que más se aplican a los informadores: la desobediencia a la autoridad o las faltas de respeto a los agentes.