Qué ha cambiado en la UE tras WikiLeaks: los gobiernos se resisten a aplicar la directiva que protege a los alertadores
Cuando todo saltó por los aires, los nubarrones de la Gran Recesión planeaban sobre el Viejo Continente. Corría el año 2010. Por aquel entonces, WikiLeaks apenas tenía relevancia pública. Pero todo cambio en apenas unos meses. La filtración de un vídeo sobre el ataque de un helicóptero del Ejército de Estados Unidos contra 11 ciudadanos iraquíes, seguido de la publicación de miles de cables diplomáticos y documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán, terminaron por catapultar a la fama a la organización. Su principal cara visible, Julian Assange, no tardó en convertirse en el whistleblower más buscado del mundo. Ahora, y después de siete años encerrado en la embajada ecuatoriana en Londres, el activista está a un paso de ser enviado a territorio norteamericano, donde le acusan de casi una veintena de cargos que podrían terminar comportando una pena de prisión de 175 años.
A los alertadores, por aquel entonces, apenas se les prestaba demasiada atención. Y eso que no era una figura novedosa –sólo hay que recordar a los gargantas profundas de los Papeles del Pentágono o el Watergate en los años setenta–. Una situación que empezó a cambiar a medida que las filtraciones masivas se fueron repitiendo. A la de Chelsea Manning, que fue quien entregó a la organización 700.000 documentos, le siguieron las revelaciones del extrabajador del HSBC Hervé Falciani y del analista de la NSA Edward Snowden. Y la publicación de SwissLeaks, LuxLeaks, Panamá Papers, Football Leaks o Cambridge Analytica. Buena parte de aquellos cables afectaban a los intereses económicos del Viejo Continente. Y eso, ya sí, empezó a preocupar a una Unión Europea que había mirado hacia otro lado con Assange.
La protección que hasta entonces se estaba ofreciendo a los alertadores en suelo comunitario era dispersa y desigual. Por eso, el Ejecutivo comunitario decidió poner sobre la mesa una directiva sobre la materia. Lo hizo en abril de 2018, cuatro años después de las primeras revelaciones importantes de WikiLeaks. "Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público", aseguró entonces el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que recordó que la normativa cubriría “a quienes sirvan de fuentes a los periodistas”
La directiva obliga a establecer canales seguros de denuncia tanto dentro de determinadas empresas como en organismos públicos, además de proteger a los alertadores de castigos como el despido o la degradación. El texto da cobertura a todos aquellos trabajadores del “sector público o privado” que revelen hechos que “puedan causar serios daños a los intereses públicos” en materia de contratos públicos, servicios financieros, seguridad nuclear o protección del medio ambiente. Pero no afecta, sin embargo, a aquello que tiene que ver con la defensa, la seguridad nacional o la información clasificada, eje central de las revelaciones de Assange, Snowden o Manning, que fue condenada a 35 años por sus filtraciones pero liberada a los seis por el Gobierno de Barack Obama.
El problema es que la gran apuesta del Ejecutivo comunitario para cubrir a los whistleblowers se ha topado con la lentitud de los Estados miembro. Tenían hasta diciembre de 2021 para transponer la directiva a su ordenamiento jurídico. Sin embargo, la inmensa mayoría aún no lo han hecho. Según los datos recopilados por el EU Whistleblowing Monitor, elaborado por diferentes colectivos con presencia en el Viejo Continente, solo ocho países han adoptado la norma en sus legislaciones: Croacia, Chipre, Dinamarca, Francia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal y Suecia. El resto ya llevan siete meses de retraso. En la práctica totalidad de los casos, se han producido movimientos. Con la única excepción de Hungría, donde aún no se ha dado paso alguno en la transposición de la directiva, tal y como denunció recientemente el colectivo Watchdog Atlatszo.
Un anteproyecto con "lagunas"
España es uno de esos Estados que aún tienen pendiente la aprobación de una directiva para la protección de los alertadores. De ahí que Bruselas decidiese abrirle en febrero un procedimiento sancionador por el retraso. Solo un mes después, el Gobierno dio un paso al frente y aprobó, después de meses de trabajo, un anteproyecto de ley en esta dirección. Son más de medio centenar de artículos en los que se regulan los sistemas internos de información para las denuncias –tanto en el sector privado como en el público–, se recoge la obligación de proteger al alertador o su entorno y se establecen sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros. Eso sí, se deja claro en el texto que la protección prevista en la ley "no será de aplicación a las informaciones que afecten a la información clasificada".
El Ejecutivo espera tener lista la ley antes de que llegue una multa desde Bruselas. Mientras, Lara Carrasco, presidenta de Corruptil, muestra su preocupación por la tardanza a la hora de aprobar un texto que proteja a los denunciantes. "Hay una falta de voluntad política y demasiada permisibilidad ciudadana con la corrupción, una tolerancia pasmosa sobre la que debería trabajarse a base de concienciación", asevera. Un retraso que también critica la Fundación Hay Derecho, que cree que el Gobierno no parece "entender la urgencia" de tener una norma que acabe con la "extrema situación de vulnerabilidad" en la que acaban viviendo denunciantes que por hacer lo correcto terminan arruinando "sus vidas".
El colectivo ha analizado el anteproyecto puesto sobre la mesa por el Ejecutivo. Y se ha topado con varias lagunas. Les preocupa que por represalias se entiendan solo aquellos "actos u omisiones" que se produzcan mientras dure la investigación o en los dos años siguientes a su finalización o a cuando se produjo la revelación pública: "La mayoría de los alertadores las sufren durante años, incluso de por vida".
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Tampoco les convence que la ayuda psicológica y financiera al alertador sea exclusivamente "de forma excepcional" o que la Autoridad Independiente de Protección del Informante esté vinculada al Ministerio de Justicia. Ni terminan de ver que se sugiera que los denunciantes deben acudir "preferentemente" a los canales internos de denuncia: "La realidad es que, sin una adecuada gestión, estos mecanismos frecuentemente anulan la posibilidad del anonimato y desencadenan represalias".
El blindaje bancario suizo golpea a periodistas
Cinco días después de que el Gobierno británico aprobara la extradición de Assange, que el activista recurrirá, diferentes organizaciones de periodistas, editores y redactores de varios países han lanzado un grito por la libertad de la cara visible de WikiLeaks "en nombre de la libertad de prensa". Lo han hecho este miércoles en un acto organizado por el Club de Prensa Suizo, en el que han alertado de que una posible condena en este caso sentaría un peligroso precedente que impediría a los informadores emplear las "filtraciones" y los "documentos clasificados" aunque contengan información "de gran interés público".
Pero no es el único frente que tiene abierto la libertad de prensa. A este hay que sumarle otro derivado de algunas normativas que aún perviven en el Viejo Continente. Un ejemplo de ello lo encontramos en Suiza. En el país alpino, que en el último año ha caído del puesto décimo al decimocuarto en la clasificación de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, el artículo 47 de la Ley Bancaria pone a los periodista del país en riesgo de ser procesados por la mera posesión de datos bancarios privados, aunque no los lleguen a publicar y aunque sean de interés público. Este blindaje al secreto bancario se introdujo en 2015. Y ha impedido al medio suizo Tamedia participar en la investigación internacional Suisse Secrets, que en España publicó infoLibre.
