La UE quiere reducir el uso de pesticidas, pero no se sabe si tendrá las herramientas para medirlo

La Unión Europea pretende reducir los plaguicidas a la mitad en sólo ocho años. Al mismo tiempo, hoy no existen datos normalizados sobre su uso. Una nueva normativa debería cambiar esta situación, de forma que los objetivos más estrictos vayan acompañados de obligaciones de mayor transparencia. Pero el acuerdo final alcanzado establece que los datos sólo se recopilarán con periodicidad anual a partir de 2028, apenas dos años antes del objetivo de reducción fijado para 2030.

Tras un intenso debate de más de un año, los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo (los Gobiernos de la UE) llegaron el 2 de junio a un “acuerdo provisional” respecto al Reglamento relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola (conocido como SAIO, por sus siglas en inglés).

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la importancia de superar la laguna estadística actual para lograr los objetivos de reducción de uso de pesticidas. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El Reglamento trata de lograr la racionalización de la recogida de datos sobre la agricultura –incluyendo el tipo y el volumen de plaguicidas utilizados por los agricultores–, pero evitando al mismo tiempo imponer una carga demasiado pesada a la industria y a las autoridades nacionales.

A día de hoy no existen estadísticas creíbles a nivel europeo sobre el uso de pesticidas, sólo sobre las ventas de los mismos. En 2020 se vendieron 346.000 toneladas en la UE, un volumen que se ha mantenido más o menos estable en la última década, con un ligero descenso en los últimos años.

Pero estos datos de ventas no son suficientes para medir y controlar la reducción del 50% del uso de plaguicidas para 2030, un objetivo acordado en principio por los Gobiernos de la UE en la estrategia llamada De la granja a la mesa, que forma parte del Pacto Verde. El 22 de junio, la Comisión Europea propuso objetivos vinculantes en el Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios.

El Reglamento de la UE sobre estadísticas agrícolas se considera una herramienta crucial para lograr esta reducción del uso de plaguicidas. Como es lógico, los planes han sido objeto de acalorados debates entre activistas medioambientales, grupos de presión, agricultores y gobiernos.

"Se puede hablar todo lo que se quiera sobre la reducción de los pesticidas, los fertilizantes, sobre lo ecológico... Pero si no hay datos, nada se mueve", advierte Petros Kokkalis, eurodiputado griego del Grupo de la Izquierda, que impulsó la norma sobre estadísticas en el Parlamento Europeo.

Un aspecto crucial es la frecuencia de la recogida de datos y a partir de cuándo se lleva a cabo. 

En su propuesta del año pasado, la Comisión planteó que los datos deberían recogerse anualmente a partir de 2025. Pero el mandato que salió del Consejo proponía que los Estados miembros sólo recopilasen los datos cada cinco años. Y también eliminó la obligación de los agricultores de conservar y enviar los datos por vía electrónica.

Los gobiernos que impulsaron estos cambios en el Consejo fueron Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y España. Así lo revelaron las ONG Pesticide Action Network (PAN) y Amigos de la Tierra al analizar las declaraciones de los gobiernos estatales en las negociaciones del Consejo.

PAN denunció que los gobiernos "diluyeron la propuesta de la SAIO de una manera que hace que el objetivo de reducción del 50% de los plaguicidas sea imposible de medir y, por tanto, inútil". No obstante, el acuerdo final alcanzado entre las tres principales instituciones de la UE se acerca más a la posición del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la recogida anual de datos y a los datos electrónicos estandarizados.

En todo caso, la recogida anual de datos no empezará hasta 2028, dos años antes de que los agricultores de la UE deban haber reducido su uso de plaguicidas en un 50%.

A preguntas de Investigate Europe, una portavoz del Ministerio de Agricultura español indicó que era “incorrecto” afirmar que España formase parte de ese grupo del que habla PAN: “España hizo alegaciones técnicas al Reglamento, no se opuso en ningún caso”.

Llenar un vacío

Una vez que entre en vigor, el Reglamento de estadísticas llenará un vacío entre dos leyes comunitarias existentes. En la actualidad, los agricultores están obligados a mantener registros (nombre del plaguicida, fecha, dosis, superficie y cultivo) durante al menos tres años, pero sólo los entregan a las autoridades nacionales cuando se les solicita. Los datos pueden aportarse en cualquier formato: una hoja de Excel, un cuaderno o simplemente un papel suelto. Es habitual que los registros sólo se recojan esporádicamente entre una muestra de explotaciones, de forma que las autoridades puedan estimar así el uso de plaguicidas.

Cuando las autoridades nacionales recogen los datos, están obligadas, en virtud de otra ley comunitaria vigente, a compartirlos con Eurostat, la agencia de estadística de la UE.

Las estadísticas comunitarias son irregulares, ya que cada Estado miembro elige los cultivos y los años en los que se analizan. "Sin una mayor armonización, Eurostat no ha encontrado ninguna posibilidad de difundir datos significativos", admite un documento de 2019 de la agencia estadística.

Según el acuerdo de junio, los datos sobre plaguicidas deben ser recogidos por las autoridades nacionales anualmente, de forma digital y en un formato estandarizado, así como compartidos a nivel europeo.

"Los datos existen, pero no son homogéneos, no son los mismos en todos los países y no se publican. Nuestro esfuerzo es hacer que todos los países de la UE recojan los datos de la misma manera y al mismo tiempo", afirma el eurodiputado Petros Kokkalis.

El principal argumento en contra de las nuevas normas estadísticas es el posible aumento de los costes para los agricultores.

"Es importante recoger los mismos datos una sola vez, para evitar una carga administrativa excesiva. La mayoría de los agricultores son microempresas, ni siquiera pymes, por lo que esto podría ocuparles una parte considerable de su tiempo", afirma Pekka Pesonen, secretario general de la federación europea de asociaciones agrícolas, Copa-Cogeca.

Algunos agricultores también desconfían de la confidencialidad de los datos sobre las explotaciones, por miedo a un posible acoso en sus comunidades locales, sostiene Pesonen.

Otros temen que los requisitos y los objetivos obligatorios de reducción de pesticidas reduzcan su competitividad frente a los agricultores de fuera de la UE.

Ildefonso Cabanillas Corchado, que cultiva tomates en Extremadura, explica que él ya lleva un "libro sobre cultivos" obligatorio que identifica todos los productos químicos que utiliza. Esto, al igual que otras "normas de trazabilidad", es injusto para los agricultores de la UE, denuncia Cabanillas: "¿Dónde está la trazabilidad de las sandías que vienen de Marruecos? ¿Es tan justa y controlada como la que tenemos nosotros? Resulta que las sandías de Marruecos son cinco céntimos más baratas que las que traigo de Sevilla".

Está previsto que el acuerdo de la UE sobre el Reglamento de estadísticas se apruebe en el Parlamento Europeo en noviembre. Todavía no hay fecha para la aprobación en el Consejo. Cuando ambas instituciones lo respalden formalmente, se convertirá en ley.