La causa andorrana que cerca a Rajoy como ningún juez español: las claves del caso
Policías con protección diplomática portando importantes mensajes para banqueros, reuniones en lujosos hoteles de Madrid, nombres en clave, operaciones de contravigilancia, información privilegiada y búsqueda de datos comprometedores de dirigentes independentistas al otro lado de la frontera. Esta es, a grandes rasgos, la sinopsis de la última película protagonizada por la llamada brigada patriótica. Un filme que comenzó a rodarse en un juzgado andorrano hace ya casi seis años y que ha terminado por cercar al expresidente Mariano Rajoy. La justicia del país vecino trata de llegar a lo más alto de la denominada Operación Cataluña, todo un tabú en suelo español. Algo que también se intentará en el Congreso de los Diputados. PSOE y Unidas Podemos han confirmado esta semana que apoyarán la comisión de investigación planteada por las diferentes formaciones nacionalistas.
La primera escena del caso que acorrala al exjefe del Ejecutivo se rodó en la primavera de 2014. Quedaba medio año para la celebración de la consulta del 9N. Y la llamada brigada patriótica buscaba cómo apretar las tuercas al independentismo catalán. Fue entonces cuando se puso el ojo sobre el Principado. Corría el mes de mayo. Higini Cierco, entonces máximo accionista de la Banca Privada de Andorra (BPA), recibe una llamada. Al otro lado del teléfono, siempre según lo que contó en sede judicial, un agregado de Interior de la Embajada de España en el país. Se llama Celestino Barroso y es inspector de Policía. Le pide que se vean con urgencia: "Te ruego que me recibas si puedes lo antes posible". El banquero no le conoce. Pero accede a reunirse con el agente.
Primer acto: una conversación grabada
La reunión, relatada por Cierco a la jueza, es breve. Se produce en un callejón por donde entran los vehículos y camiones a Industries Montanya. Barroso le dice que sería "conveniente" que charlase con "algunas personas de Madrid" para el "tema del banco". Por aquel entonces, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) se encuentra investigando al Banco Madrid, filial del BPA. El banquero no cree que sea necesario, pero le dice que cualquier conversación debe ser con el entonces primer ejecutivo de la entidad, Joan Pau Miquel, con quien Cierco se pone en contacto de inmediato para decirle que hay una persona que tiene interés en verle.
Y, de pronto, aparece un nuevo agente en la trama: Bonifacio Díez, también policía. En este caso la protagonista es Rosa Castellón, secretaria del Consejo de Administración del BPA. En un momento dado, cuenta Cierco, su marido recibe una llamada para que dijera a su mujer que bajara a un bar y esperase a que llegara un señor con un teléfono. "Rosa baja, se sienta, viene un señor, le da un teléfono, suena el teléfono, contesta Bonifacio Díaz. [...] Este señor le dice: 'Dile a Joan Pau [Miquel] que lo que le digan por teléfono lo acepte, sino el banco morirá", relata el banquero a la jueza. Lo hace dos años después, en el marco de un procedimiento en el que se investigaba a Cierco en una causa por blanqueo de capitales. Y siendo consciente de lo novelesco de la historia: "Perdone que se lo explique como si fuese una película, pero es que sucedió así".
Miquel, al final, se ve con el inspector Barroso. Pero no se fía. Graba la conversación con el teléfono. Son poco más de doce minutos en los que, según la transcripción que consta en el sumario al que ha tenido acceso este diario, el agente le traslada que es portador de un importante mensaje que viene desde la capital de España. Le dice al ejecutivo de la entidad financiera que el Banco de España está inspeccionando Banco Madrid, que se "lo van a cargar" y que "hay americanos" dispuestos a hacerse cargo una vez que se "dé el hachazo". "Todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, que está en su mano pararlo, en su mano. Qué se les va a pedir, no lo sé", cuenta el agregado de la Embajada.
Segundo acto: 'Félix' y operaciones de contravigilancia
En aquel encuentro no se cierra una cita concreta con la gente de Madrid. El banquero se mantiene a la espera. Las novedades le llegan vía SMS: "Me comunican que a la hora indicada estará en la recepción del hotel Félix Rodríguez –un nombre en clave–, en representación del Estado español. Joan Pau, dame el recibido. Gracias". Durante el mes de junio, el ejecutivo de la entidad acude a la capital. En esta ocasión, el escenario es el lujoso Hotel Villamagna. Allí, se reúne en diferentes ocasiones con Marcelino Martín Blas, quien fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos. En su declaración en la causa en noviembre de 2018, el agente aseguró que fue el entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, quien le "mandó" que se entrevistara con Miquel para "recoger un mensaje".
Lo que probablemente no sabe el banquero es que muchos ojos vigilan aquellos encuentros. Se enteran después, cuando un empleado del Grupo Cierco recibe en su domicilio un sobre repleto de fotocopias, algunas de ellas grapadas. En uno de los documentos, que no llevan firma ni distintivo alguno pero que se acompañan de fotografías, se hace referencia a un "dispositivo de contravigilancia" en el Villamagna el 6 de junio en el que supuestamente participan media decena de agentes por orden del "comisario principal, jefe de esta U.A.I", que iba a tener "una cita" con el entonces consejero delegado de BPA. En otro, a un "dispositivo de contravigilancia" en el mismo lugar el 18 de junio y con los mismos interlocutores: "Departen sentados en un sofá alargado, no encontrándose cerca personas que pudieran escuchar su conversación".
Martín Blas, en su declaración en la causa de noviembre de 2018, aseguró que él no se había reunido con Miquel a comienzos de junio. "El día 7, de madrugada, salimos en avión a Cartagena de Indias y el día 6 tuvimos una reunión en la Secretaría de Estado para preparar el contenido del viaje", afirmó. En este sentido, dijo que el primer encuentro que tuvieron fue el 18 de junio.
Ambos coinciden en que se reunieron en diferentes ocasiones. Pero discrepan en lo fundamental: el contenido de las mismas. En la querella interpuesta por el banquero hace ya seis años contra Celestino Barroso y Martín Blas, se recoge que quien fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos mostró un papel en un periódico a Miquel en el que podía leerse lo siguiente: "El estado español está en guerra y le requiere información bancaria relativa al nacionalismo catalán, especialmente de Mas, Jonqueras y Pujol". Después, continúa, le dijo verbalmente que conocían que dichos dirigentes políticos "tenían cuentas porque personas importantes de Andorra se lo habían dicho", a lo que el banquero le respondió que él no tenía conocimiento de que estas personas fuesen clientes de su entidad.
El comisario, sin embargo, señaló al juez que en la primera reunión que él asegura que mantuvieron no se intercambió información alguna. Eso sucedió, según su versión, en la siguiente, a finales de junio: "La segunda vez es cuando él me llama a mi; me dice que quedamos otra vez en el Hotel Villamagna y entonces, cuando estamos allí, me da medio folio (...) y era unos nombres, el nombre era Jordi Pujol, su señora creo y una hija, unos números y al final una cantidad euros ponía, pero era un papel sin membrete, sin sello, sin nada". "Él me lo dio a mi y yo se lo tenía que dar a Eugenio", continuó declarando Martín Blas, asegurando seguidamente que, tras esto, el banquero le dijo que a ver si les podía ayudar en relación a Banco Madrid, algo a lo que aseguró que se negó.
Quien fuera jefe de Asuntos Internos de la Unidad de es el único agente bajo la lupa que ha prestado testimonio ante la justicia argentina. Ni Barroso ni Díez lo han hecho todavía. Ambos están cubiertos por la inmunidad diplomática otorgada a raíz de sus cargos. Antes de la pandemia, México respondió a la jueza andorrana que Díez era agregado de Interior en la embajada de aquel país y, por lo tanto, gozaba de una protección especial.
Tercer acto: todo se cumple
Los documentos que hacen alusión a una operación de contravigilancia en el lujoso hotel madrileño no son los únicos que recibe en su buzón el empleado del Grupo Cierco. También constan otros, sin membrete alguno y fechados en el mes de julio, en los que se hace referencia al “dinero offshore” de la familia Pujol. El primero de ellos es del día 1, pocas horas después de la última reunión que relata Martín Blas. En él se recoge que parte de las informaciones obtenidas provienen de los propios responsables del BPA. E incluye un cuadro en el que se reflejan “once ingresos” que habrían hecho varios miembros de la familia por 3,4 millones en cuentas bancarias de dicha entidad. Una imagen calcada a la que seis días después aparece encabezando la portada del diario El Mundo.
A pesar de los encuentros y las conversaciones, lo que los funcionarios públicos dijeron que podría pasar se cumplió al milímetro. Es 10 de marzo de 2015. Y todo salta por los aires. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia su decisión de considerar a BPA como “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”, lo que impide al grupo operar en dólares. En paralelo, el Banco de España recibe un informe del Sepblac con “presuntos incumplimientos de la normativa española de prevención de blanqueo de capitales” en relación con Banco Madrid. El Institut Nacional Andorrá de Finances (INAF) aprueba la intervención cautelar del BPA. El regulador español, la de Banco Madrid.
Meses después, la mujer de Cierco trata de contactar con Martín Blas y Celestino Barroso a través de Whatsapp. Pero, según consta en el sumario, nunca obtiene respuesta. "Desde que [mi marido] 'ayudó' se le garantizó que todo seguiría igual. Y no ha sido así, nuestras vidas han cambiado por completo", le dice al primero. Con el paso del tiempo, todos los gestores del Banco Madrid fueron exculpados de blanqueo, según publicó el diario El País. Y las causas abiertas contra BPA en Andorra aún no han arrojado condenas.
El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDH) cree que todo lo que sucedió entonces con la entidad financiera respondió a una maniobra del Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir información de dirigentes independentistas. Sospechan que los responsables del Gobierno "enviaron información económico-financiera presuntamente 'falsa' a las autoridades americanas para que fuera el FinCEN quien enviara en el momento oportuno a las autoridades andorranas una notice –nota, que no resolución– para hacerles creer que debían intervenir y liquidar BPA". Es por ello por lo que deciden, en el verano de 2019, ampliar la querella que inicialmente habían interpuesto contra policías para incluir a diferentes cargos del Ejecutivo.
Cuarto acto: la justicia apunta a Rajoy y el Congreso prepara una nueva comisión
Casi tres años después, la justicia del Principado ha decidido llamar como imputados a Rajoy y varios miembros de su Ejecutivo: los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristobal Montoro –Interior y Hacienda– y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Pero no solo ellos. En sus comisiones rogatorias también figura el nombre del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino y el agente Bonifacio Díez Sevillano. Sobre la mesa, media docena de posibles delitos: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión o creación, uso y comercialización de documento falso.
Y mientras al otro lado de la frontera la justicia busca poner nombre a la X de las maniobras andorranas de la brigada política contra el independentismo, a este la Operación Catalunya no encuentra hueco en los tribunales. El pasado mes de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, rechazó la personación en el caso Villarejo del expresident catalán Jordi Pujol. En su auto, según elDiario.es, el magistrado señaló que las notas informativas que se requisaron al comisario jubilado José Manuel Villarejo recogen su actividad de "captación de información de interés policial en relación a posibles casos de corrupción vinculados a la familia Pujol, así como la obtención de información sobre cuentas donde en los últimos años han ingresado comisiones la familia Pujol".
Los últimos pasos judiciales en el Principado sí que han desencadenado, sin embargo, movimientos en el Congreso de los Diputados. Esta semana, tanto Unidas Podemos como el PSOE han anunciado su intención de respaldar la apertura de la comisión de investigación solicitada por diferentes formaciones socialistas. Aún queda la ratificación por el Pleno, pero todos dan por "seguro" que saldrá adelante. Esta por ver, sin embargo, cómo se desarrolla. En principio, todos los que sean llamados están obligados a comparecer. Otra cosa es que respondan a las preguntas o se agarren algunos de ellos a su condición de imputados para no declarar.
