¿Energía nuclear verde? No, gracias: eurodiputados y expertos ven la apuesta de la UE contraria al 'Green Deal'

"La UE envía una señal equivocada al mundo y socava su propia credibilidad ganada con tanto esfuerzo". Así de clara se mostró en su cuenta de Twitter Laurence Tubiana, una de las artífices del Acuerdo de París contra el cambio climático y directora de la European Climate Foundation, tras conocerse este miércoles que el Europarlamento daba luz verde a la decisión de incluir el gas y la energía nuclear como inversiones sostenibles. Avala así el acto delegado adoptado por la Comisión Europea que considera que, aunque suene contradictorio, el gas y la nuclear tienen su papel en la transición ecológica y contribuyen a mitigar el cambio climático. "No puede ser que bajo el paraguas de la transición energética se meta este tipo de energías como el gas y las nucleares", explica Sira Rego, europarlamentaria y portavoz de Izquierda Unida en conversación con infoLibre, al tiempo que reconoce que le parece "poco sensato" apostar por estas energías. 

Según explica la propia Comisión Europea, esta taxonomía verde es una "vía para que inversores y empresas puedan diferenciar qué proyectos afectan —negativamente— al clima y al medio ambiente" e "intenta orientar la inversión privada a las actividades necesarias para alcanzar la neutralidad climática". "Se trata de acelerar la transición acudiendo a todas las soluciones posibles para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos climáticos", afirmó en un comunicado de febrero. 

Este reglamento se crea, según explica el eurodiputado socialista Jonás Fernández, para contar con una taxonomía "pública" que pudiese convertirse en un "estándar internacional" para que "inversores y ahorradores puedan identificar qué actividades eran verdes y conducir estas inversiones" y para "consolidar el mercado". "El problema fue que no definieron bien las nucleares y el gas", admite Ernest Urtasun, eurodiputado de los comunes y vicepresidente de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo. Para Rego, el problema no es tanto la propia etiqueta verde, porque "la gente sabe que estas energías no son verdes", si no que "afecta a la financiación pública y permiten que formen parte del mix energético". 

Con respecto a la inclusión del gas y la nuclear, la Comisión Europea matiza que se hace "como puente hacia un futuro en el que predominen las energía renovables" y de forma "temporal" para aquellas que no emitan "más de 270 gramos de dióxido de carbono". "Ayudarán a reducir las emisiones de CO2 de manera drástica", afirma. Así, reconoce Meritxell Bennasar, responsable de taxonomía y energía nuclear de Greenpeace, la UE iguala ambas fuentes con "las renovables". 

¿Es un paso atrás en la lucha climática la UE?

Tras esta decisión, muchos se cuestionan ahora si la UE está ignorando su propio Pacto Verde Europeo o el Green Deal en el que Bruselas estipula que el objetivo es convertirse en "el primer continente climáticamente neutro". ¿Supone un paso atrás pintar de verde a la nuclear y al gas? Según apunta Bennasar, con este movimiento "va a ser imposible cumplir los objetivos climáticos para 2030".

"Es una decisión incompatible con el Green Deal", afirma Rego que explica que "nos estamos quedando sin tiempo ante el cambio climático". Para la eurodiputada de IU, el debate debe ser si estar al lado de "intentar mitigarlo" o de "la irresponsabilidad": "Y en este último se está situando la UE, que está renunciando a hacer lo que hay que hacer". Urtasun introduce otro elemento a tener en cuenta: "Hay una corriente de fondo para reducir el Green Deal. La derecha está apretando con esto y además hay un replanteamiento, sobre todo ahora con la crisis provocada por la guerra en Ucrania".

No opina lo mismo Jonás Fernández. Para el eurodiputado socialista asegurar que la UE renuncia al Green Deal es "demasiado" porque Bruselas sigue caminando hacía la transición verde con una agenda legislativa "amplia" en esta materia. "Es cierto que es una decisión incorrecta y errónea, que echa por tierra tener una taxonomía pública y que permite que los Gobiernos puedan invertir en gas y nucleares", reconoce. 

¿Qué va a suponer esta etiqueta verde para España? 

En España, el Ejecutivo se ha mostrado rotundamente en contra de esta taxonomía verde. La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, manifestó el jueves su preocupación por esta decisión. "No lo compartimos, creemos que el gas natural y la energía nuclear, lógicamente son soluciones de transición con las que vamos a seguir conviviendo, pero eso no significa que sean verdes. Nos parece desafortunado el acto delegado de la CE", afirmó en una entrevista en la Radiotelevisión del Principado de Asturias.

Más allá del desacuerdo, en principio, la incorporación del gas y las nucleares como energías verdes no van a trastocar mucho los planes del Gobierno. El calendario de cierre de nucleares está pactado desde 2019 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las principales eléctricas propietarias y establece que se llevarán a cabo entre el año 2027 y 2036. Actualmente, y según los datos del Ejecutivo, en España se encuentran en funcionamiento cinco centrales nucleares, situadas en cinco emplazamientos. Dos de ellas disponen de dos reactores cada una —es el caso de Almaraz y Ascó—, por lo que suman siete reactores en total, con una potencia eléctrica instalada de 7.398,77 megavatios. La de Garoña ya está en cese definitivo, mientras que la de Vandellós I se encuentra en periodo de latencia. 

"El Gobierno actual no va a cambiar el calendario de cierre de las nucleares", afirma Urtasun, que admite que lo que haga un futuro Ejecutivo "ya depende". De la misma opinión es Rego, que recuerda que es un "plan ya cerrado" y con "un amplio consenso", aunque reconoce que actualmente es cierto que se puede "revertir prácticamente todo". Fernández incluso va un paso más allá y ni siquiera ve "posible" que se desarrollen "nuevas plantas de ciclo combinado". 

Ampliar vida útil sí, nuevos reactores no

Eso sí, Urtasun admite que un Gobierno "no necesita esta taxonomía para cambiar el calendario". Y, en el caso de que en un futuro un Ejecutivo decidiese arriesgarse de nuevo con la nuclear, la apuesta sería, según el eurodiputado morado, "ampliar la vida útil" nunca "construir nuevos reactores". "Construir una central a día de hoy es prácticamente imposible. Solo se construye en aquellos países en los que el estado pone el dinero, ninguna empresa las construye ya", explica Bennasar que apunta que las centrales española fueron diseñadas en los 60 y 70 "para una cierta vida". 

Aun así, esta activista de Greenpeace recuerda que en España "Vox ha dicho que están a favor de la nuclear". Por lo de pronto, este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su grupo llevará al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas para que el Gobierno "modifique su política energética", entre las que se incluye revisar la vida útil de las centrales nucleares. 

A pesar de esto, Ribera se mantiene firme y el jueves también señaló que ni la nuclear ni el gas "van a dar una solución en el cortísimo plazo" a la coyuntura energética actual marcada por la guerra en Ucrania. Es más, a pesar de que podría parecer que esta medida llega como respuesta a la invasión rusa producida a finales de febrero, lo cierto es que este acto delegado es una realidad en los despachos de Bruselas desde principios de año, cuando se filtró a la prensa. Aunque no fue hasta principios de febrero cuando se aprobó por mayoría simple en la Comisión con los votos en contra de los socialistas Josep Borrell y la portuguesa Elisa Ferreira junto al conservador austríaco Johannes Hahn. 

Las presiones de Francia

Además, Ribera también puso sobre la mesa que esta decisión se enmarca en un contexto de emergencia energética ante la cual "algunos Estados miembro de la Unión Europea" están "muy focalizados a una nueva inversión" en estas energías. Y es que esta etiqueta verde da respuesta a las presiones, además de la propia industria, de países como Francia y Alemania. 

En el caso del país galo reclamaba un reconocimiento expreso de la energía nuclear como fuente libre de emisiones de CO2. ¿Su razón? Francia es una potencia nuclear que cuenta con 58 centrales siendo el país europeo que más tiene y, a nivel mundial, sólo está por detrás de EEUU. "Su idea pasa por alargar la vida de las centrales que ya tienen", afirma Bennasar. Por ello, el Gobierno de Emmanuel Macron ha hecho mucha presión a favor de esta energía hasta el punto de unirse a países centroeuropeos poco ambiciosos en materia climática, como la Hungría de Viktor Orbán, Polonia o República Checa.

La petición de Alemania, en cambio, iba encaminada al gas, al considerarlo fuente necesaria para una transición hacia un sistema de energías renovables. Los germanos incluso parece que estarían bajando posponer el cierre de sus nucleares, aunque lo mantienen por el momento. Es la vía que están tomando muchos países de la UE. Bélgica ha prolongado una década la vida útil de dos reactores de los siete que tiene y el Partido Verde de Finlandia ha cambiado su histórica posición en contra de la nuclear y ahora está a favor. 

Tanto Francia como Alemania han tomado este camino a pesar de que muchos expertos señalan que esta etiqueta verde beneficia al Gobierno de Vladimir Putin. Es más, y según The Guardian, antes de la invasión, desde el Kremlin aseguraron que esta taxonomía verde ofrecía "una gama de oportunidades". Ahora, y en plena guerra, desde Ucrania también han afeado a Bruselas esta decisión. La parlamentaria Inna Sovsun tuiteó que el presidente ruso se "frota las manos de alegría". Asimismo, afirmó que todos aquellos que votaron por esta taxonomía le han entregado "enormes regalos" a Rusia. 

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Esta etiqueta verde al gas y a la nuclear salió adelante por un margen de 50 votos en Estrasburgo gracias a que no alcanzó la necesaria mayoría absoluta de 353 diputados para vetar la propuesta de la Comisión. A favor, 278 eurodiputados, entre los que se encontraban las derechas, es decir, el PP europeo —incluidos el español—, los liberales —entre los que se encuentran Ciudadanos y el PNV—, los ultraconservadores y los de extrema derecha. En contra, 328, entre ellos socialistas, verdes e izquierda europea. Además, también se registraron 33 abstenciones. 

Si el Consejo de la UE no formula objeción el próximo 11 de julio, el acto delegado sobre la taxonomía entrará en vigor y será de aplicación el 1 de enero de 2023. Para ello sería necesario que se cumpliesen dos variables: que se opongan el 72% de los países —20 de los 27 países— y que además representan un 65% de la población —unos 290 millones de personas—. Algo que en Bruselas descartan.  

Y hay otra baza: Austria y Luxemburgo ya han anunciado que presentarán sendos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo mismo que Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción. "Vamos a recurrir ante la justicia", confirma Bennasar a infoLibre que emplaza a después del verano para tener más clara la formula. "Si no nos tomamos en serio esto, lo vemos todo muy negro", reconoce la activista de Greenpeace.