Qué hay detrás de la nacionalización de EDF: la empresa pública eléctrica está al borde del colapso
Era un escenario desastroso, considerado imposible por muchos hace unos años. Pero está a punto de hacerse realidad: EDF está al borde del colapso financiero. La situación es tan preocupante que el Consejo Social y Económico del grupo lanzó una alerta a mediados de junio. "EDF no llegará al final del año", advirtió.
La agencia de calificación S&P se preparaba por su parte para volver a rebajar la calificación de la empresa pública de electricidad en las próximas semanas. "Este es, sin duda, uno de los elementos que han empujado al Gobierno a acelerar el expediente. Una nueva rebaja habría complicado la financiación del grupo y comprometido los proyectos nucleares presidenciales", explica un analista financiero.
En su discurso de política general, la primera ministra, Elisabeth Borne, anunció el miércoles 6 de julio que el Estado era propietario de facto de la compañía eléctrica. A raíz de esto, Jean-Bernard Lévy hizo oficial que renunciaba por adelantado a su cargo de consejero delegado, sin tener que asumir la responsabilidad de su actuación.
Aunque muchos predijeron graves dificultades para EDF, probablemente nadie imaginó que alcanzarían tal magnitud. Según nuestras informaciones, el grupo prevé un Ebidta (excedente bruto de explotación) negativo al final del año, teniendo en cuenta una sucesión de elementos excepcionales.
Las pérdidas podrían ser del orden de 10.000 a 15.000 millones de euros, según algunas fuentes. La deuda del grupo superaría los 60.000 millones de euros y podría llegar incluso a los 70.000 millones a finales de año (frente a los 48 de finales de 2021). Aunque las enajenaciones y los ajustes contables pueden aligerar un poco la factura, también hay que tener en cuenta otros gastos financieros y provisiones. A mitad de año, EDF se prepara para registrar miles de millones de euros de pérdidas a finales de 2022.
Y estas son sólo estimaciones provisionales. La crisis energética que azota a Europa desde el verano de 2021 y que se ha agravado desde la guerra de Ucrania está alimentando un repunte de los precios de la electricidad, que podría alcanzar niveles estratosféricos si se materializa la amenaza de escasez de gas, que se utiliza como referencia para los precios de la electricidad en el mercado mayorista europeo. En ese caso, EDF podría sufrir un duro golpe.
"Dejamos morir deliberadamente a la bestia", dice Héloïse*, ejecutiva del grupo, denunciando la absurda desregulación del mercado de la energía en beneficio exclusivo de proveedores alternativos que no aportan nada, la arrogancia e incompetencia del Estado accionista y la mediocridad de los sucesivos presidentes. Sin ir tan lejos en la calificación, muchos empleados pero también conocedores del mundo de la energía comparten este análisis.
"Todo lo que ocurrió era previsible, estaba escrito de antemano. Desde hace más de diez años, asistimos a una sucesión de decisiones comunitarias y gubernamentales que han destruido a EDF. Con la crisis energética y la guerra de Ucrania, estamos descubriendo el alcance del dogmatismo de la Comisión Europea y su creencia en el mercado: no tenemos estrategia ni seguridad energética. Y EDF, que era el campeón europeo, se ha hundido. Qué récord", dice un experto en la materia.
Escudo arancelario: la política de lo peor
Un cúmulo de factores excepcionales hizo descarrilar al grupo. Pero algunos de ellos podrían haberse evitado, si el Gobierno hubiera tomado otras decisiones. Su responsabilidad en la forma en que diseñó el escudo arancelario es total. Cínicamente, el Gobierno pidió a EDF que asumiera la mayor parte del blindaje tarifario, limitando el aumento de los precios de la electricidad al 4% a partir de febrero, para proteger el poder adquisitivo de los hogares. En el marco de este plan, se ha ampliado el acceso a la electricidad nuclear a un coste histórico, que ya es una medida sin precedentes para la financiación de los competidores del grupo público.
EDF, que ya suministra 100 TWh a proveedores alternativos, está obligada a venderles otros 20 TWh a un precio de 42 euros/MWh (el precio fijado para la electricidad nuclear). Al no disponer de suficiente producción, el grupo se ve obligado a adquirirla a un precio elevado en el mercado (actualmente 300 euros por MWh) para venderla a continuación a sus competidores con pérdidas.
En el momento de su anuncio, la dirección de EDF había estimado el coste de esta medida en 8.000 millones de euros de impacto negativo en su Ebidta. Desde entonces, la factura se ha reevaluado: el coste estimado es de 10.200 millones de euros. La cosa se va a poner aún más complicada: el Gobierno ha anunciado la prórroga del blindaje tarifario al menos hasta finales de año, lo que sigue poniendo a EDF en una situación límite.
"Todo esto podría haberse evitado si el Gobierno hubiera tomado otras decisiones. Si hubiera decidido, como hizo España, abandonar el mercado europeo de la electricidad, si hubiera bajado el IVA de la energía al 5,5%, si hubiera reformulado las tarifas eléctricas para mantener el poder adquisitivo de los consumidores. En cambio, prefirió que EDF siguiera engordando a sus competidores", afirma Sébastien Menesplier, secretario general de la FNME-CGT.
La crítica está tanto más justificada cuanto que todo esto se ha elaborado sobre la base de una metodología discutida, como hemos informado. A finales de enero, la Comisión de Regulación de la Energía (CRE) estableció que los precios de las tarifas eléctricas reguladas debían aumentar un 44%, lo que hizo que el Gobierno entrara en pánico y pusiera en marcha el blindaje del recibo de la luz. "Si la CRE hubiera decidido cambiar el periodo de referencia, para suavizar la evolución de los precios en un periodo más largo, el aumento de los precios de la electricidad habría sido como máximo del 10%. Esto podría haber sido fácilmente soportable para una gran parte de los hogares. Pero la CRE prefirió debilitar a EDF y a las finanzas públicas, y enriquecer a los distribuidores", analiza un conocedor del mercado eléctrico.
En su reciente informe sobre el mercado de la electricidad, el Tribunal de Cuentas se pronunció en el mismo sentido, subrayando que el método utilizado por la CRE "conduce a niveles de precios que superan ampliamente los precios de mercado". Está claro que el Gobierno no responsabiliza a la CRE de este "error": su presidente, Jean-François Carenco, ha sido ascendido a ministro delegado de Ultramar.
Parada del reactor: un accidente sin precedentes
Si el coste del blindaje tarifario es tan elevado para el grupo público es porque debe hacer frente al mismo tiempo a un incidente productivo sin precedentes, que el Gobierno no ha tenido en cuenta: nueve de sus reactores nucleares están parados, tras el descubrimiento por parte de la Autoridad de Seguridad Nuclear de grietas y corrosión en las tuberías de los reactores.
Además de estos paros imprevistos, ya hay proyectos de mantenimiento programados. De los 56 reactores instalados, EDF sólo puede contar con la producción de una pequeña treintena desde principios de año. Su producción nuclear debería pasar de 350-380 TWh a unos 280 a 300 TWh en el mejor de los casos en 2022, habiendo anunciado el consejero delegado del grupo, Jean-Bernard Lévy, posibles caídas de la producción todavía en el segundo semestre.
Las consecuencias negativas son ya inmensas. En este momento, el grupo las evalúa en 18.500 millones de euros de pérdidas en su Ebidta. Se trata de una estimación provisional: EDF depende ahora del mercado europeo de la electricidad para garantizar parte de sus suministros.
Aunque estas paradas sean excepcionales, no dejan de plantear la cuestión de la gestión del parque nuclear francés y de las decisiones tomadas en el pasado. Bélgica, que explota reactores comparables, no tiene los mismos problemas que Francia. Algunos, incluido el gobierno, están tentados a explicar todo lo que pasa culpando al extremado rigor de la Autoridad de Seguridad Nuclear.
Pero dentro del grupo, muchos destacan el cambio de cultura de los sucesivos directivos, que se han preocupado mucho más de la rentabilidad a corto plazo, de los dividendos cada vez más elevados exigidos por el Estado accionista y de las operaciones financieras supuestamente prestigiosas pero que han resultado ruinosas, en lugar de producir electricidad en las mejores condiciones. Esto se tradujo en un descenso de las inversiones a partir de la década de 2000, la eliminación del mantenimiento preventivo y el mayor recurso a la subcontratación. Estos ahorros a corto plazo están pagando ahora un alto precio.
"Las viejas manos que construyeron esta empresa se han ido. Y la cultura empresarial se ha ido con ellos. No han sido sustituidos", añade un antiguo directivo del grupo. "No es cierto que EDF haya perdido sus conocimientos industriales. Al menos no en todas partes. Hay departamentos y divisiones en los que predominan estas preocupaciones. En el comité ejecutivo, en la cima, es otra cosa", matiza Nicolas*, empleado del grupo.
Nuevos retrasos en Hinkley Point
Esta pérdida de competencias y conocimientos se refleja en las obras de construcción de los EPR [reactor nuclear de última generación]. Como era previsible y se anunció, Hinkley Point (en el Reino Unido) sigue los pasos de Flamanville. Antes de que se pusiera en marcha el proyecto, todo el colectivo, desde los ingenieros hasta los sindicatos, pasando por algunos directores, se había movilizado contra este programa, que se consideraba peligroso para el futuro. El director financiero de EDF, Thomas Piquemal, llegó a dimitir fulminantemente para oponerse. Jean-Bernard Lévy decidió ignorar esto e imponer este contrato, que quería Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía.
Todos los temores de entonces eran fundados: el proyecto de Hinkley Point resultó ser inviable en los plazos y precios anunciados cuando se firmó el contrato. Aunque la puesta en marcha del reactor estaba prevista para finales de 2022, principios de 2023, la dirección de EDF ha anunciado nuevos retrasos. La puesta en marcha de la primera unidad se pospone hasta finales de junio de 2027. En el mejor de los casos. Estos nuevos retrasos suponen un coste adicional de 3.000 millones de libras (3.500 millones de euros). El proyecto, estimado inicialmente en unos 19.000 millones de libras, cuesta ahora 26.000 millones.
Estas cifras marean a mucha gente. Con el anuncio de Emmanuel Macron de la construcción de seis EPR, y quizás incluso de 14, todo el mundo teme que el grupo se hunda en cuerpo y alma en un abismo industrial y financiero.
No habrá debate en el Parlamento sobre la toma de posesión de todo el capital de EDF
Mientras el grupo se enfrenta a ecuaciones financieras irresolubles, muchos se preguntan qué ocurrirá a continuación. "Con el control total del capital por parte del Estado, se corre el riesgo de que sea aún peor", señala Charles*, ejecutivo de EDF. Es un eufemismo decir que el anuncio de Elisabeth Borne de la compra de los accionistas minoritarios de EDF y la salida del grupo de la bolsa no despierta mucho entusiasmo entre los empleados de la empresa eléctrica. Muchos insisten en hablar de propiedad estatal y no de nacionalización del grupo.
Una palabra que Elisabeth Borne se cuidó de utilizar. "No hay transformación de estatus. EDF sigue siendo una sociedad anónima (SA) y no se convierte en un EPIC (establecimiento público industrial y comercial). Mañana podrán hacer lo que quieran", señala Sébastien Menesplier.
"Estoy a favor de mantener a los accionistas minoritarios en el capital. Es una protección para el FED. Con el 100% del capital, el Estado tendrá vía libre. Esto significa menos transparencia, menos información financiera y aún menos autonomía y margen de maniobra para gestionar este grupo", añade Nicolas*. Teme que el Estado aproveche el debilitamiento de EDF para volver a imponer el proyecto Hércules de una manera u otra, lo que llevaría al desmantelamiento del grupo. [El proyecto, cuyo contenido completo no se ha hecho público, tiene como objetivo separar las operaciones más rentables del sistema público nacional de la electricidad, como la producción nuclear o las filiales de las energías renovables. Los sindicatos temen que con esta maniobra se colectivicen las pérdidas y se privaticen los beneficios].
Muchos empleados tienen el mismo miedo. Emmanuel Macron nunca ha ocultado lo mucho que valora este proyecto, concebido en 2016. Y el presidente tampoco ha ocultado su descontento, ya que se ha encontrado con una fuerte oposición tanto dentro de la empresa como en la Comisión Europea. Convencido de la relevancia de "su proyecto" sin haberlo explicado nunca, ni siquiera durante la campaña presidencial, parece decidido a recuperarlo.
Por el momento, el Gobierno, más allá de la propiedad estatal de EDF, no ha dicho nada sobre lo que piensa hacer. Y, evidentemente, pretende revelar sus cartas en el último momento para coger por sorpresa a toda la oposición. "No habrá debate en el Parlamento sobre la toma de posesión de la totalidad del capital de EDF", ha advertido ya el ministro de Economía, Bruno Le Maire.
Más allá del compromiso financiero que supone –la compra de las participaciones minoritarias de EDF podría ascender a 12.700 millones de euros–, ¿cómo puede el Gobierno plantearse ni por un solo segundo no explicar sus intenciones al Parlamento, al pueblo francés? La electricidad es una necesidad básica, un elemento determinante para la economía francesa. EDF no es una empresa estatal, sino un servicio público al servicio de la nación, un bien común compartido por todos. ¿Y el Gobierno no tiene ninguna explicación que ofrecer, ni por los fallos del pasado que llevaron a este colapso, ni por lo que piensa hacer en el futuro?
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"Ya es hora de que se dé la palabra a los ciudadanos, de que se les consulte sobre lo que ocurre y lo que quieren", insiste François Carlier, director de la asociación CLCV (Consumo, Vivienda y Medio Ambiente). "Desde mediados de los años 90, el mercado de la energía se ha abierto sin cuestionarlo nunca. Es fácil ver por qué: el 75% de las personas siguen con tarifas eléctricas reguladas. Esta explicación ya no puede posponerse".
El Gobierno todavía finge como que no pasa nada. Pero no podrá continuar durante mucho tiempo sin que los ciudadanos le pidan cuentas. Por supuesto, todavía puede esperar ocultar el colapso de EDF durante un tiempo. Pero ya no podrá hacerlo cuando llegue el momento de la escasez, el racionamiento y los apagones.
Porque ahí es donde estamos. A partir de este verano, no está asegurado que Córcega no sufra cortes de electricidad. Este invierno, la amenaza de cortes podría afectar a todo el territorio. El Gobierno, además, se está preparando para ello. Según nuestras informaciones, se está elaborando un decreto para permitir los cortes de electricidad y las medidas de desconexión de la carga para los particulares, sin que estos den lugar a indemnizaciones, a diferencia de lo que se hace con las empresas.
