Feijóo agita el fantasma de ETA contra el Gobierno y asume la resistencia del PP a distanciarse del franquismo

El presidente del PP asumió esta semana, de una tacada, otras dos banderas de Pablo Casado que hasta ahora se había resistido a defender personalmente. La primera es la vigencia de ETA como argumento político más de una década después de que la organización terrorista dejase de representar una amenaza para la seguridad de nadie. La segunda es la negativa a asumir una posición activa en contra de la dictadura franquista más allá de la equidistancia entre víctimas del fascismo y sus verdugos que tradicionalmente ha venido defendiendo el PP.

El epítome de ambas ideas lo proporcionó él mismo esta semana al movilizar a las victímas del franquismo contra el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís y el voto en contra de los tres partidos de la derecha —PP, Vox y Ciudadanos— y el independentismo más radical —Junts y la CUP—, quiere reparar de una vez y para siempre a las víctimas de la dictadura. Entre otras cosas, haciendo que el Estado asuma las exhumaciones de las decenas de miles de asesinados que permanecen enterrados en fosas sin nombre.

En pleno debate del estado de la nación, en el que la ausencia de Feijóo del Congreso, donde no tiene escaño, cedió todo el protagonismo a Pedro Sánchez y a su giro a la izquierda, el PP hizo del apoyo de EH Bildu a la Ley de Memoria Democrática la prueba del nueve de que el Gobierno ha aceptado reescribir la Transición al dictado de “los herederos de ETA”. Ni siquiera dudó en utilizar a las asociaciones de víctimas como ariete contra una ley que no guarda relación alguna con el terrorismo.

No fue sólo Cuca Gamarra, la portavoz en el Congreso, que en el debate sobre el estado de la nación dedicó gran parte de sus intervenciones a hablar de ETA. Este mismo viernes Feijóo volvió a la carga para descalificar lo que llama “la ley Bildu”, que según él “no es ni memoria ni democrática”. 

La acusación del líder del PP no se fundamenta en el articulado de la ley, sino en la afirmación sin base alguna de que el Gobierno ha pactado “los términos de nuestra memoria con aquellos que son los herederos políticos de quienes bombardearon la democracia utilizando como arma el terrorismo”.

Feijóo ya asume el discurso más duro de su partido y, además de reprochar a los diputados de EH Bildu que no condenen los asesinatos de ETA, no tiene inconveniente en acusarles de formar parte de la banda al decir que son incapaces “de colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos de autores desconocidos” que están pendientes de resolver. 

Hacer que Bildu parezca ETA

Una posición que ignora, deliberadamente, que en EH Bildu se dan cita Sortu, la formación política heredera de la antigua Batasuna, que sí dio soporte a ETA cuando existía, junto a representantes de formaciones que se distinguieron contra la violencia desde posiciones de izquierda, como Alternatiba, Euko Alkartasuna o Aralar. El objetivo sigue siendo hacer que EH Bildu parezca ETA para anular la normalización de la izquierda abertzale como un actor político más en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Vasco.

En el equipo de Feijóo creen que si agitan esta idea, la de que Sánchez pacta con ETA, atraerán a los votantes socialistas que acepten que EH Bildu es lo mismo que la organización terrorista. Lo han hecho con la Ley de Memoria Democrática pero lo hicieron también, por ejemplo, con el primer decreto de medidas anticrisis, contra el que el PP votó porque, según su líder, el Gobierno lo había pactado con Bildu.

“Lo saben muchos socialistas”, declaró este viernes en El Escorial (Madrid). “Hay muchos que lo han manifestado y hay otros que lo saben, lo sienten y están perplejos por cómo ha mutado aquel PSOE de las libertades y la transición y la Constitución”.

¿Qué alega Feijóo? Que la ley “alarga el franquismo hasta 1983”, lo que no sólo “es una broma de mal gusto” sino “una indecencia” porque se ha hecho a petición de EH Bildu, a quien acusa de haber matado “más que nunca durante el franquismo”.

Lo cierto es que la ley no dice eso. Se limita a crear una comisión técnica, formada por historiadores, para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983. El objetivo es señalar “posibles vías de reconocimiento y reparación” de todas aquellas víctimas que sufrieron estas vulneraciones “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”.

Vincular la Ley de Memoria Democrática a Bildu permite a Feijóo, además, oponerse a la reparación de las víctimas del franquismo sin ni siquiera mencionarlas. Utilizando a ETA como único argumento. La lógica que el líder del PP utiliza para las víctimas de la organización terrorista –“No podemos olvidar lo que pasó y equiparar a los asesinos con los asesinados”– sigue sin aplicarla a las del franquismo.

No es un problema nuevo y confirma que Feijóo prolongará la anomalía de una derecha democrática que sigue sin marcar distancias con la dictadura de la que procedían la mayoría de sus fundadores: seis exministros franquistas —Manuel Fraga Iribarne, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Gonzalo Fernández de la Mora y Licinio de la Fuente— y un exalto cargo de la dictadura —Enrique Thomas de Carranza—.

Sin condena

El PP evitó en media docena de ocasiones condenar expresamente el franquismo en el Congreso de los Diputados y criticó por “electoralista” la exhumación que puso fin a la permanencia de los restos del dictador Francisco Franco en la basílica de Cuelgamuros, una edificación fascista que forma parte del patrimonio público y que hasta finales de 2019 le servía de homenaje.

La formación que ahora dirige Feijóo asegura que sí condenó el golpe de estado contra la II República que dio lugar a la Guerra Civil y a cuarenta años de dictadura. pero no expresamente al franquismo. Y son incontables los pronunciamientos equidistantes de sus dirigentes en los que iguala a víctimas y a verdugos en nombre de la reconciliación de la Transición. 

Hace sólo un año, el antecesor de Feijóo al frente del partido, Pablo Casado, alimentaba el negacionismo del golpe de Estado de 1936. Primero aseguró en el Congreso que “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”. Una frase que deslegitima al Gobierno de la República al mismo tiempo que da sentido a la actuación de los sublevados, a los que retrata como defensores del cumplimiento de la ley. A los pocos días, por si cabía alguna duda, elogió una intervención del exministro de UCD y cofundador de Vox Ignacio Camuñas en la que negaba que la Guerra Civil naciera de un golpe de Estado.

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La única condena relacionada con este asunto que ha suscrito el PP en sus 46 años de historia, la de 2002 en el Congreso, tiene cuatro párrafos en su parte resolutiva y ni siquiera cita la Guerra Civil ni el golpe de Estado de 1936, aunque sí alude a la necesidad de “proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”. 

En 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, el PP se negó a participar en un homenaje a las víctimas del franquismo organizado con ocasión del 25 aniversario de la Constitución y al que sí acudieron el resto de los grupos.

El PP, que durante la etapa de Casado defendió la derogación de la vigente Ley de Memoria Histórica y su sustitución por lo que el entonces líder del partido llamaba una ley de concordia que diese cobertura legal a las exhumaciones pendientes, congeló la búsqueda de desaparecidos durante todos los años de Gobierno de Mariano Rajoy. El entonces presidente se jactaba de no haber dedicado un sólo euro a esta tarea.