El esfuerzo del Gobierno contra las ‘cloacas’ descarta cambios normativos para prevenir su reaparición
El comisario jubilado José Manuel Villarejo fue durante años una especie de fantasma dentro del aparato de seguridad del Estado. Una sombra sobre la que nadie podía –o quería– situar el foco. Los vínculos que mantenía con las altas esferas –políticas, mediáticas o judiciales– y, sobre todo, la información de la que disponía le hacían sentir intocable. Pero al final cayó. Y, con su hundimiento, los secretos mejor guardados comenzaron a brotar de las alcantarillas de poder. El jaque al comisario, del que muy pocos medios hablaban hasta entonces, puso al descubierto cómo funcionaron a pleno rendimiento durante años las cloacas del Estado. Desde entonces, el Ministerio del Interior ha intentado desinfectar el cuerpo. Una limpieza que, fundamentalmente, se ha basado en la eliminación de las manzanas podridas. Pero nada de grandes cambios a nivel normativo u organizativo. "No ha habido ninguna reforma", apuntan desde la Agrupación Reformista de Policías (ARP).
Desde que se puso al frente de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado por activa y por pasiva que las cloacas son ya "cosa del pasado". La última vez, tras estallar el escándalo por el espionaje mediante el software Pegasus a líderes independentistas. "Llevamos cuatro años trabajando por y para los valores democráticos evitando conductas que trascienden la democracia", afirmó durante una de sus intervenciones en el Senado. Pero, ¿qué ha hecho realmente su departamento en todo este tiempo para evitar que vuelvan a repetirse conductas con tintes corruptos como las que han salido a la luz? Básicamente, desde Interior ponen el acento en la eliminación de ese "pequeño grupo de falsos patriotas" instalados en la Policía a los que "dieron poder" desde la esfera política para hacer y deshacer a su antojo durante años.
En el cuerpo ya no queda prácticamente ni rastro de quienes fueron considerados máximos exponentes de aquella brigada política que fabricaba informes sobre rivales políticos –desde Podemos al independentismo–, maniobraba para que el PP minimizase daños por la Gürtel o utilizaba recursos públicos para espiar a Luis Bárcenas e intentar hacerse con los documentos relativos a la caja B que el extesorero pudiera tener en su poder. Villarejo, epicentro del macrocaso Tándem, está jubilado. Al igual que Eugenio Pino o Enrique García Castaño. El primero, antiguo Director Adjunto Operativo –es decir, número dos de la Policía–, ha sido condenado por introducir en el caso Pujol pruebas de origen ilícito y está procesado en Kitchen, donde también se investigó a García Castaño.
También fuera del cuerpo, en su condición de jubilado, se encuentran el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el comisario José Luis Olivera, otros mandos policiales a los que se ha propuesto juzgar por el espionaje al extesorero del PP. Oli, como le llamaba Villarejo, fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El mismo que en una comida en la que participaban el periodista Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals, desvelada por Crónica Libre, llegó a decir aquello de que no era "muy costoso meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace cinco años". En aquel momento, Olivera era nada menos que el director de un organismo sensible: el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Un cargo del que fue cesado nada más llegar Marlaska a Interior.
Un mes después les llegó el turno a otros dos policías vinculados a la trama: los inspectores jefe Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago. Ambos, también procesados en Kitchen, fueron cesados en sus puestos dorados como agregados en las embajadas de La Haya y México. El primero, que también se encuentra bajo la lupa de la justicia andorrana por las maniobras en el marco de la llamada Operación Cataluña, se jubiló tras regresar a España, mientras que el segundo fue suspendido cautelarmente de empleo y sueldo. Junto a él, la Policía Nacional también ha apartado a Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas que acabó entrando en el Cuerpo, y al comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera cargo de confianza de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.
Desde Interior resaltan la importancia de todas esas decisiones. Fundamentalmente, dicen, porque el régimen disciplinario de la Policía Nacional "casi no deja actuar sin sentencia firme", y en los casos citados lo único que hay sobre la mesa hasta ahora es un procesamiento. Las diferentes fuentes consultadas por este diario para la elaboración del reportaje explican que mientras que los suspendidos se encuentran "en su casa", aquellos agentes a quienes no se ha podido apartar por el momento y que podrían haber estado vinculados también a este grupo y sus maniobras en la sombra han sido destinados a puestos "administrativos", con "el menor poder posible".
Que no se den órdenes ilegales
Pero, ¿ha habido algo más allá de la depuración de personajes concretos para evitar que en un futuro puedan volver a organizarse durante años como si nada tramas similares y al más alto nivel dentro de los aparatos de seguridad del Estado? ¿Ha habido cambios organizativos o normativos para impedir que se repitan actuaciones similares? Desde la Agrupación Reformista de Policías lo niegan. "No se ha reformado ni retocado nada en materia de Interior, que es algo en lo que no suelen hacerse nunca grandes cambios, sea cual sea el signo político del Gobierno", explica al otro lado del teléfono un viejo agente vinculado al sindicato, quien no oculta su frustración por la falta de cambios de calado que conduzcan a una mayor democratización del cuerpo.
Desde Interior, sin embargo, defienden que no se trata de hacer cambios normativos u organizativos. Que simplemente hay que cumplir la ley, ni más ni menos. "Una actuación ilegal ya está prohibida", sostienen. Aquí lo fundamental, apuntan, es que desde el Ministerio del Interior o la Secretaría de Estado de Seguridad "no se den órdenes ilegales". "Lo más importante, a parte de las destituciones o medidas cautelares, es la política de tolerancia cero a órdenes ilegales o comportamientos de contaminación", afirman las fuentes pulsadas, que hacen hincapié en que la Kitchen no es una "gangrena", sino un "pequeño grupo" de "falsos patriotas" a los que dieron "poder" a nivel "político".
Cuando Jorge Fernández Díaz abandonó el Ministerio de Interior pocos meses después de que Público desvelase el famoso audio con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, su sustituto, Juan Ignacio Zoido, decidió llevar a cabo una reestructuración de los organismos de seguridad del Estado. La remodelación incluyó la eliminación de la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional, que pasó a estar conformada por cuatro jefaturas –Seguridad Ciudadana, Información, Recursos Humanos y Logística–. Esto, en la práctica, significaba que desde ese momento la información dejaba de centralizarse en un jefe intermedio de carácter técnico y que los responsables de las áreas pasarían a despachar directamente con el director general de la Policía, un cargo político.
Marlaska, sin embargo, regresó al modelo de directores operativos. Una figura que no termina de convencer en la Agrupación Reformista de Policías por el "poder" que puede acabar acumulando, más incluso que el propio director. Si el elegido es un profesional, no debería haber preocupaciones. El problema llega cuando quien accede al puesto es un corrupto. Por ello, las fuentes de la ARP consultadas creen que este puesto sobra en el organigrama y sostienen que quien debería asumir todas las responsabilidades es el propio director general. Pero, ¿y no resulta problemático que toda la información llegue directamente a un cargo político? "Estaría obligado a comparecer cada cierto tiempo en el Congreso para dar cuenta de las actividades y someterse a las preguntas de los parlamentarios", reflexionan.
Miedo a denunciar en el cuerpo
El colectivo también se muestra preocupado por el sistema de denuncias internas en un cuerpo jerarquizado. "No hay mecanismos internos que protejan al denunciante, lo que genera miedo en los agentes a la hora de revelar determinados comportamientos", apuntan desde la Agrupación Reformista de Policías, al tiempo que explican que cualquier irregularidad tiene que ponerse en conocimiento del "superior", lo que supone un problema cuando el asunto salpica directamente a éste. En este sentido, la ARP propuso hace un par de años, sin éxito, la puesta en marcha en el cuerpo de un nuevo órgano procesal administrativo compuesto por funcionarios "no policiales" dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que, a su juicio, evitaría "la subordinación" de aquellos destinados en las Unidades de Régimen Disciplinario "a decisiones de mandos policiales o superiores".
El Grupo de Estados para la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, recomendó en el informe de su quinta evaluación sobre España que se llevara a cabo una "revisión completa" de los actuales procedimientos de denuncia de irregularidades, con el objetivo principal de reforzar la protección de la verdadera identidad de los denunciantes. "El procedimiento actual permite claramente que un excesivo número de personas conozca la verdadera identidad del denunciante", resaltaban. Sin embargo, no se ha hecho. Y así lo ponía de manifiesto el organismo en un nuevo informe el pasado mes de marzo: "El Greco lamenta la falta de desarrollos específicos, incluso de naturaleza práctica (...) Se trata de un área sensible en el que la acción decidida es crucial para la prevención y detección de la corrupción".
No fue el único tirón de orejas en este sentido. Antes de la pandemia también se recomendó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevasen a cabo "una evaluación estratégica" de los "riesgos existentes" en "áreas y actividades proclives a la corrupción". El objetivo principal de dicha propuesta era "detectar problemas y amenazas emergentes" y utilizar dichos datos "para el diseño proactivo de una estrategia en materia de integridad" y lucha contra prácticas corruptas. Una recomendación a la que, en opinión del Greco, tampoco se ha dado cumplimiento y que requiere de una acción "decidida".
Sin cambios en materia de fondos reservados
La investigación de Kitchen también puso de manifiesto, según resalta el juez instructor del caso, "disfunciones e irregularidades" en la "gestión" y "control" de los fondos reservados, propiciando "tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales". Las solicitudes que se hacían para el uso de este dinero "no cumplían" con la normativa, en tanto ni se adjuntaban "documentos acreditativos" de su uso ni se dejaba constancia de la "designación de la operación policial concreta" para los que se solicitaban. "La Secretaría de Estado de Interior libraba los fondos reservados antes de comprobar y verificar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa", completaba el juez en su auto de apertura de procedimiento abreviado contra la cúpula policial y de Interior.
A pesar de ello, el departamento que dirige Marlaska no ha impulsado ningún cambio normativo en este sentido. Y parece que tampoco tiene intención de hacerlo. Así lo aseguró hace un año en la comisión sobre el espionaje a Bárcenas el jefe de Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez.
