El PP suma tasas, recorte de exenciones y cotizaciones que no son impuestos para cebar la idea del “infierno fiscal”

Que el “el Gobierno ha subido 24 veces los impuestos” desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se ha convertido en un lugar común de los discursos de Alberto Núñez Feijóo, de su equipo y, por extensión, del argumentario que los dirigentes del PP repiten en casi todas sus intervenciones. Algunos añaden una conclusión heredada de Pablo Casado: España vive en un “infierno fiscal”.

La realidad es muy distinta. De las 24 subidas de impuestos que el PP reprocha al Gobierno, apenas 11, prácticamente la mitad no lo son. Para exagerar la presión fiscal ordenada, según ellos, por Pedro Sánchez, el equipo de Feijóo ha incluido en la lista subidas de tasas y de cotizaciones sociales, así como reducciones de exenciones que no significan un incremento de la fiscalidad.

El PP incluye en la lista, por ejemplo, la subida de las cotizaciones sociales de 2019, 2020 y 2022. Pero una cosa son los impuestos y otra, muy diferente, las cotizaciones sociales destinadas a la Seguridad Social. Pagar el IRPF o el IVA, por ejemplo, genera recursos al Estado y a las comunidades autónomas para financiar las necesidades colectivas. En ese caso, no existe una contrapartida directa: todo depende de cómo se utilice ese dinero (carreteras, sanidad, educación).

Las cotizaciones, en cambio, son aportaciones periódicas a una entidad de previsión social con el fin de asegurar una serie de contingencias futuras. En España la entidad en cuestión es la Seguridad Social, de la que depende que cobremos desde una baja laboral al seguro de desempleo o la pensión. A diferencia de los impuestos, existe una contraprestación directa, que dependerá de que cumplamos la condición para recibirla (estar en el paro, de baja o jubilados).

La subida de la base mínima de la cotización a la Seguridad Social es, además, una consecuencia directa de la subida del salario mínimo. De ese modo se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en línea con el nuevo suelo salarial y así mejoran también los ingresos del sistema.

El PP también incluye entre los impuestos del “infierno fiscal” creado por Pedro Sanchez la subida de tasas en 2021 y 2022. Pero las tasas tampoco son impuestos. Son tributos que se imponen al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades a los que están indisolublemente vinculados. Por ejemplo, una tasa por la recogida de basuras. Su sentido es financiar un servicio o uso concreto prestado por la administración pública.

La lista que maneja el equipo de Núñez Feijóo rreoge también la reducción de las exenciones de los planes de pensiones privados llevada a cabo en el IRPF en 2021 y 2022. Aquí lo que hizo el Gobierno no fue aumentar el IRPF sino rebajar una exención por determinadas aportaciones a sistemas privados de previsión social siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), derivadas de su creencia de que los incentivos actuales a estos planes de previsión social complementaria no cumplen con el objetivo de generar ahorro a largo plazo para la jubilación y que se puede calificar como un beneficio fiscal regresivo, pues se concentra en los contribuyentes de rentas más altas.

El PP cuenta también como subida, en su caracterización del “infierno fiscal” español, varias modificaciones legales. En primer lugar, la de la Ley del Impuesto de Sociedades destinada a reducir del 100 al 95% (apenas cinco puntos porcentuales menos) la exención de dividendos y plusvalías de las compañías participadas. Pero, de nuevo, esta reforma, llevada a cabo en 2021, reduce exenciones, no crea nuevos impuestos. Y afecta a las empresas que tiene filiales y cobran dividendos u obtienen plusvalías por operaciones relacionadas con ellas, lo que está lejos de afectar a los ciudadanos de a pie.

La segunda es la nueva Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que entró en vigor en noviembre de 2021, y que el PP considera una subida fiscal porque incluye un nuevo coeficiente para la valoración de los bienes inmuebles que afecta a todos los impuestos patrimoniales. La aplicación de esta reforma, en el año 2022, incrementa, según el PP, las bases de cotización de los inmuebles obligados a tributar por los impuestos de Transmisiones, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, que en realidad están bonificados casi hasta desaparecer en varias comunidades autónomas.

Lo que hace la nueva ley es modificar la base imponible de ambos impuestos, sustituyendo el llamado valor real por el valor de mercado. De esta manera, siempre que exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincidirá con el valor de mercado. Cuando se trate de bienes inmuebles, la nueva norma introduce en estos impuestos el valor de referencia previsto en el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, que se determina según el valor de todas las compraventas inmobiliarias efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario público.

Los impuestos de Sánchez

La lista del PP incluye otras trece subidas de impuestos que sí son reales. Veamos cuáles son y cómo afectan a los ciudadanos.

En primer lugar, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, al que los medios apodaron como tasa Google. Grava a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Es decir: compañías, en su mayoría tecnológicas extranjeras, que ganaban dinero con datos de clientes españoles pero que no tributaban por ello.

Los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido han pactado con Estados Unidos mantener sus respectivos impuestos digitales nacionales hasta que entre en vigor el primer pilar del acuerdo sobre fiscalidad de empresas al que llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición del G20. Eso ocurrirá el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite.

A partir de 2024 se evaluará si los impuestos abonados por las multinacionales estadounidenses afectadas por los impuestos digitales nacionales son superiores a los que hubieran tenido que pagar al amparo del pilar 1. En caso de que fuera así, España y el resto de países europeos tendrán que abonar a dichas empresas un crédito fiscal por la diferencia entre ambas cantidades.

El segundo impuesto nuevo creado por el Gobierno de Sánchez es el de Transacciones Financieras, apodado a su vez como tasa Tobin, en referencia al economista que lideró la propuesta de gravar el tráfico internacional y de usar lo recaudado para financiar servicios públicos. Están obligados a pagar este impuesto quienes adquieran acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, siempre que tales sociedades tengan acciones admitidas a negociación en un mercado regulado y un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

El Gobierno también subió en 2021 el IRPF, pero no para todo el mundo. Sólo para las rentas más altas. En concreto, aumentó en 2 puntos porcentuales la escala de gravamen general para las rentas superiores a 300.000 euros en la base imponible general y fijó en el 24,5% el tipo marginal aplicable a la escala de gravamen de la parte de la tarifa estatal (las comunidades autónomas tienen libertad para subir o bajar su parte de la tarifa).

Rentas altas

Al mismo tiempo, elevó tres puntos el tipo marginal de gravamen aplicable sobre los rendimientos del ahorro hasta situarlo en el 26%. Pero no para todos: solo para las pocas rentas superiores a 200.000 euros.

La quinta subida de impuestos que el PP reprocha al Gobierno es la que elevó en 2021 el último tramo de la tarifa del Impuesto sobre el patrimonio del 2,5% al 3,5%. Un ajuste que afectó a muy pocos. En concreto, a los patrimonios con bases liquidables por encima de los 10,7 millones de euros (descontado el mínimo exento de 700.000 euros). Y sólo en las comunidades que no han bonificado este impuesto, porque Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia tienen sus propias escalas y minimos exentos. Madrid, por ejemplo, bonifica sin condiciones el 100% de la cuota resultante. Por tanto en Madrid no se paga impuesto de patrimonio. Aunque su valor sea de 100 millones de euros.

Otra de las subidas fiscales con las que, según el PP, el Ejecutivo ha golpeado a los españoles, es el tipo mínimo del 15% fijado en el Impuesto de Sociedades. Una decisión que afecta únicamente a las grandes compañías: el 1% del tejido empresarial, que sin embargo supone el 60% de la recaudación. Existe además un consenso internacional sobre un tipo mínimo de sociedades de al menos el 15% a las grandes multinacionales en cuyos detalles trabajan la OCDE y el G-20.

El Gobierno de coalición, acusa el PP, también ha subido el Impuesto sobre las Primas de Seguros (del 6% al 8%). Lo que no dice es que este impuesto estaba congelado desde 1998 (23 años) y que sigue siendo un tipo inferior al existente en otros países europeos. En Alemania esta tasa se ubica en el 19%, en el Reino Unido en el 12,5% o en Italia que se establece entre el 12,5% y el 21,5%.

Y la subida del tipo de gravamen de las Socimi, una antigua reivindicación de la izquierda, que acusa a estas sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria de ser herramientas de especulación. La reforma del Gobierno ha hecho que las Socimi hayan pasado de tributar un 0% a un 15%.

Se trata de sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento que siempre, hasta ahora, han tenido un trato fiscal privilegiado. Según el PP, deberían conservarlo.

Contra la fiscalidad verde

El “infierno fiscal” que el equipo de Feijóo asegura que existe en España por culpa de Pedro Sánchez incluye también nuevos impuestos que gravan productos perjudicales para la salud o para el medio ambiente. El primero de ellos, la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%, busca reducir el consumo de azúcar y favorecer en la población “hábitos más saludables”. 

El consumo en exceso de bebidas azucaradas se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes, cáncer de endometrio, de ovarios, de mama y de próstata, así como accidentes cardiovasculares, entre otros. Una reducción en el consumo de bebidas azucaradas del 15,4%, según un estudio del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), significaría, sólo en Cataluña, un ahorro de 63,32 millones para el sistema sanitario derivado de la mejora de salud de la población de más de 20 años a lo largo de su vida.

En este capítulo está también la subida del impuesto de matriculación, que el PP cifra en un 20%. Tuvo lugar el 1 de enero de 2022 y es consecuencia directa de la actualización del tributo para que paguen más los vehículos que más contaminan y se beneficien los que menos ensucian el aire que respiramos. 

El equipo de Feijóo también denuncia que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obligue a tributar por el depósito de residuos y por la utilización de plásticos de un solo uso, dos gravámenes con los que el Gobierno y el Congreso, que es quien en última instancia aprueba estas medidas, tratan de desincentivar la generación de desechos y la producción de materiales extremadamente contaminantes.

Los reproches del PP también incluyen la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados para desincentivar su uso. Un tributo que grava los gases fluorados, utilizados en equipos de refrigeración y altamente contaminantes y que es una bandera europea. Los gases fluorados y las SAO (sustancias que agotan la capa de ozono) son gases artificiales de efecto invernadero sumamente potentes —a menudo miles de veces más que el dióxido de carbono (CO₂)— que al liberarse a la atmósfera contribuyen al calentamiento global. Las SAO dañan la capa de ozono que protege a la Tierra de las peligrosas radiaciones solares ultravioleta.

A estos impuestos Feijóo suma ya los que prepara el Gobierno para este año y que gravarán los beneficios extraordinarios de las eléctricas y energéticas y a los bancos.

Los impuestos que ha bajado el Gobierno

De lo que no habla el PP cuando critica la política fiscal del Ejecutivo de coalición es de los impuestos que sí ha bajado, todos ellos vinculados a la pandemia y a la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania.

El IVA de la electricidad ha bajado al tipo reducido del 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad al tipo mínimo del 0,5%. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica ha sido suspendido: gravaba con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercutía en el precio de dicho mercado y en la factura final. 

Son medidas que permiten reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen.

El tipo del 10% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos). Y el gravamen del 10% incluye a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, medida que beneficia a 612.000 hogares, según cálculos del Gobierno.

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Sigue además en vigor el tipo superreducido de IVA 4% para las mascarillas quirúrgicas y el tipo 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la covid adquirido por centros sanitarios y entidades sociales.

El Gobierno, por último, también ha reducido el 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas en la tributación por módulos del IRPF con motivo de la sequía. Unos 900.000 agricultores y ganaderos que tributan por el régimen de módulos pueden acogerse a esta reducción.

Todo ello en un país, España, que según datos de Eurostat sigue teniendo una presión fiscal (entendida como volumen de recaudación en proporción al PIB) por debajo del 40%: 4,3 puntos menos que la media de los países de la zona euro y 3,8 menos que la media de la Unión Europea.