Del Estatuto de Refugiados a la Convención Antitortura: las normas que olvidó Almeida en su reunión 'fake'

Finales de junio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende una llamada a través de la aplicación Zoom. A un lado de la pantalla, el regidor, sentado en un despacho presidido por las banderas de España y la capital. Al otro, el dúo cómico ruso Vovan y Lexus ingeniándoselas para hacerse pasar por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. El conservador cae en la trampa, como también lo hizo hace casi un lustro la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Y durante varios minutos charla tranquilamente en inglés con su falso homólogo ucraniano de todo tipo de cuestiones. Pero, poco a poco, la conversación se va descontrolando. Es ahí cuando se dan cuenta de que algo no va bien, cortan la comunicación y acuden a la Policía para denunciar un presunto delito de suplantación de identidad. "[Es] absolutamente intolerable", apunta entonces el alcalde madrileño.

Ahora, más de un mes después, el vídeo de aquella reunión fake ha visto la luz. Y la charla grabada no deja en buen lugar al dirigente conservador. "Estoy de acuerdo, creo que es necesario castigar a los bastardos rusos aquí en España y en Madrid", sostiene en uno de los momentos de la conversación, al tiempo que asegura que se está haciendo "todo lo posible para ello" tanto a nivel central como por parte de los gobiernos locales, en referencia a las diferentes medidas adoptadas desde el comienzo de la guerra en Ucrania. De hecho, el alcalde se mete tanto en la conversación, cuya grabación publicada dura más de un cuarto de hora pese a presentar algunos cortes, que llega incluso a mostrarse partidario de llevar a cabo algunas acciones que suponen una clara violación del derecho internacional.

–"Muchos hombres se fueron a Occidente en lugar de luchas por Ucrania. (...) ¿Puede Madrid ayudarnos a deportar a Ucrania a los hombres con ciudadanía ucraniana?", pregunta el falso Klitschko.

–"Por supuesto, no creo que eso sea un problema. Madrid apoya el envío de ucranianos a Ucrania para pelear allí. (...) Y Madrid tiene actualmente la capacidad de transporte, si fuera necesario", responde Almeida.

Palabras, pronunciadas por un abogado del Estado, que chocan frontalmente con el principio básico de no devolución, prohibición impuesta por el derecho internacional de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas o en el que pudiera sufrir tortura, tratos inhumanos u otras violaciones de sus derechos humanos. Un principio que se desprende de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o la Convención contra la Tortura y el Trato Inhumano o Degradante de Naciones Unidas o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

"Nadie podrá ser devuelto"

El primero de estos textos, nacido en Ginebra en 1951 y del que son parte más de un centenar de Estados –España desde 1978–, recoge en su artículo 33 que ninguno de los países firmantes podrán, por "expulsión" o "devolución", poner "en modo alguno" a un refugiado "en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, o de sus opiniones políticas". Un beneficio que, completa el texto, no podrán invocar solo aquellos refugiados que sean considerados, "por razones fundadas", un "peligro para la seguridad del país donde se encuentra" o haya sido "objeto de una condena definitiva" por un delito "particularmente grave".

En cuanto a la Convención Antitortura, hecha en Nueva York en 1984 y ratificada por España tres años más tarde, es clara en su artículo 3: "Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". Para ello, los países deben tener en cuenta "todas las consideraciones pertinentes", incluyendo la existencia en este otro Estado de "un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos". Desde que estalló la guerra en suelo ucraniano, las denuncias por ataques indiscriminados, uso de municiones de racimo prohibidas o ejecuciones extrajudiciales han sido constantes.

"Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes", recoge, por su parte, el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Proclamada en Niza en el 2000, este instrumento afecta a las instituciones, órganos y organismos de la UE en todas sus actuaciones y a los Estados miembro cuando aplican el derecho comunitario y se aplica conjuntamente con los sistemas de protección de derechos fundamentales internacionales y nacionales.

"La imagen es lamentable"

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Tras la publicación del vídeo, la oposición ha criticado con dureza las palabras del alcalde. "Unos hacían una 'broma' con cero gracia pero, al otro lado, Almeida respondía en serio. Ofrecer apoyo para deportar ucranianos al frente o castigar a rusos 'bastardos' son unas declaraciones preocupantes para un alcalde. La imagen del gobierno es lamentable", apuntó en redes sociales la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. La portavoz socialista, Mar Espinar, ha pedido al regidor que "salga cuanto antes" a dar las explicaciones pertinentes: "No podemos tener una crisis de imagen de Madrid y de nuestra administración cada mes y medio por culpa de un alcalde que se dedica a todo menos a solucionar los problemas de sus vecinos", apuntó en declaraciones a elDiario.es.

El Ayuntamiento, por su parte, no ha querido entrar en la polémica alegando que no piensan dar pábulo "a ninguna de las estrategias desestabilizadoras de Rusia", en alusión a la vinculación que se atribuye a los humoristas con el Kremlin.

Desde que comenzó la guerra, el Ministerio del Interior ha tramitado la concesión de protección temporal a más de 124.000 refugiados ucranianos, el cuarto país europeo con mayores cifras en este sentido. Según datos recopilados por Inclusión, más de 8.000 personas llegadas del país en los tres últimos meses ya se encuentran trabajando y 47.000 tienen número de afiliación a la Seguridad Social. Además, 22.000 menores de 18 años están escolarizados. Y 48.000 refugiados tienen tarjeta sanitaria individual.