Gobierno y agentes sociales negociarán salarios, pensiones y SMI en pleno enfriamiento económico

El freno del empleo en julio y agosto ha accionado las alarmas aún más si cabe ante un otoño e invierno que se temen más fríos que de costumbre. Y no sólo por la amenaza rusa de cortar el gas a Alemania, que terminaría por congelar la actividad en el resto del continente. La inflación no ha llegado aún a su pico. En julio alcanzó el 10,8%. España es uno de los siete países de la eurozona donde la subida de precios tiene ya doble dígito. Lo mismo ha ocurrido ya en el Reino Unido –10,1%–. Así que el consumo, el principal motor de la economía española, ya ha empezado a notar el aumento del coste de la vida, mientras los salarios pactados en convenio no han subido más que un 2,56%.

Para hablar del cierre del ejercicio analistas, políticos, sindicatos y empresarios repiten una palabra: “incertidumbre”. Este año aún no habrá recesión en España, según las previsiones: la economía crecerá un 4,3% si el Gobierno acierta en sus cálculos –en el segundo trimestre mejoró un 1,1%, casi el doble que el resto de la eurozona–, pero nadie se atreve a descartarla para 2023. Hasta junio al menos, la cifra de negocio de la industria había crecido un 31,7% anual y encadenaba 16 meses consecutivos de ascenso, aunque su principal motor son las ventas del sector energético. Mientras, la facturación de los servicios se elevaba un 23,4%, impulsada sobre todo por el negocio de los hoteles, que se ha disparado un 115,7% respecto a 2021, y de bares y restaurantes, que ingresan un 33% más.

Pero la sequía se añade ahora a los precios de la energía y a los problemas en las cadenas de suministro globales para hacer temblar la economía europea. El BCE, o al menos la representante alemana en el supervisor bancario, Isabel Schnabel, no se atreve a descartar una recesión “técnica” –dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB-- en la zona euro, “ni prolongada ni profunda”, si se mantiene la inflación en sus niveles actuales durante mucho más tiempo. Para septiembre, el BCE prepara una segunda subida de tipos de interés, después de la decidida el pasado julio, en un nuevo intento por frenar la escalada de precios. Para conseguirlo, no hay otra medicina que enfriar la actividad económica encareciendo el precio del dinero.

En España, además, el otoño, con el fin de la temporada alta del turismo, es siempre una estación mala para el empleo. Por lo que el bajón este año puede ser doble. No obstante, Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, adelantaba esta misma semana en Cinco Días que el sector quiere alargar hasta el 30 de noviembre la temporada alta para aprovechar el fuerte tirón que ha experimentado la demanda este verano.

Pincha el empleo en pleno verano

El primer indicio de lo que puede suceder a partir de septiembre se reveló por sorpresa en julio, cuando el empleo se redujo por primera vez en ese mes desde hace 21 años: 7.366 cotizantes perdió la Seguridad Social en plena euforia estival. Pocos si se comparan con los 187.000 que el ministerio prevé que se den de baja en agosto si se confirma la tendencia de los 15 primeros días del mes. No obstante, agosto suele perder empleo todos los años. “Todos los agostos el empleo cae en torno a un 1%. Es decir, uno de cada 100 afiliados deja el mercado de trabajo. Eso supone unos 250.000 para el nivel actual de empleo”, explicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en RNE. La de este año, por tanto, queda aún por debajo del descenso habitual. Según precisa en su cuenta de Twitter Florentino Felgueroso, investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la caída del empleo de los meses de agosto “crece en fases expansivas y se reduce en recesivas”. Salvo en 2005, cuando coincidió con una regularización masiva de inmigrantes.

Otro nubarrón puede ser también la caída de cotizantes extranjeros sufrida en julio, 11.398 menos respecto a junio, la primera tras cinco meses de crecimiento.

En cualquier caso, las expectativas aún pueden mantenerse a salvo, más allá de la “sensación de fortaleza subyacente” que esgrime José Luis Escrivá. La previsión de la empresa de recursos humanos Randstad es que, aun con el viento en contra, 2022 termine con 20,3 millones de ocupados, lo que situaría la cifra de empleo no sólo un 2,9% por encima de 2021 sino, además, como el mejor dato desde el tercer trimestre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers y estalló la crisis financiera.

“Cuanto antes o, de lo contrario, habrá conflicto”

“Es difícil hacer pronósticos. Si la inflación sigue por encima del 7% u 8% a final de año, es evidente que la economía se va ralentizando, y si la economía se va ralentizando, el empleo no va a seguir con los buenos datos en estos últimos trimestres”, advirtió este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en La Sexta.

Lo que no es óbice, resaltan los sindicatos, para que los salarios, las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan que subir. Sordo lo considera “imprescindible” por la “erosión” que sufren los salarios por los aumentos “brutales” de los precios. “Los sueldos no pueden pagar la crisis de precios, como ocurrió hace 10 años”, sentenció. También Pepe Álvarez, al mando de la UGT, apunta en esa dirección. “Queremos una revisión de los salarios para este mismo año. Creo que se producirá y espero que se haga cuanto antes o, de lo contrario, habrá conflicto”, apremió el pasado julio. Ya antes ambos líderes sindicales habían anunciando su intención de “tensionar” la negociación de los convenios colectivos para conseguir subidas salariales. Un 3,5% para este año, un 2,5% para 2023 y el 2% para 2024, y con una cláusula de revisión salarial.

Sobre las pensiones, Sordo dice que actualizarlas de acuerdo con el IPC es “un compromiso asentado” con el Gobierno que éste debe mantener. Y respecto al SMI, hay programada para el 2 de septiembre una reunión del Ministerio de Trabajo con la comisión de expertos que elaboró la propuesta de subida por la que se guía Yolanda Díaz para alcanzar el 60% del salario medio en 2023. De acuerdo con sus cálculos, el SMI debería crecer el año próximo hasta entre 1.011 y 1.049 euros al mes en 14 pagas. UGT ha hablado de llegar a 1.060 euros. “Haremos una propuesta de subida del SMI más concreta, teniendo en cuenta la inflación. No vamos a renunciar a que la subida no se ajuste al compromiso del Gobierno y, sobre todo, vamos a pedir que se adapte a las circunstancias”, adelanta a infoLibre Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, informa Javier Martínez.

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Estos tres asuntos serán parte capital del pacto de rentas que el Gobierno quiere impulsar para afrontar la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania. Una negociación que se prevé llena de obstáculos. La CEOE no secundó la última subida del SMI a 1.000 euros y, aunque acepta subidas del 3,5%, rechaza de plano las cláusulas de revisión salarial. Tampoco apoya que las pensiones se revaloricen en la misma medida que suba la inflación. “La patronal”, critica Mariano Sanz, “está en una actitud mucha más intransigente y parece que tendremos muchas dificultades”. Ya en julio, Unai Sordo concedió que “las posiciones están alejadas” y “ni siquiera hay una vía normalizada de negociación”, aunque sí conversaciones informales.

Cuando se hicieron públicos los malos datos de empleo de julio, la CEOE ya advirtió de la “desaceleración”. Contra ella su receta combina “flexibilidad”, con una menor presión fiscal y “moderar el coste laboral, incluyendo el salario mínimo interprofesional”. Además, a la luz de los últimos datos de la Contabilidad Nacional, la patronal destaca el repunte de los costes laborales unitarios en el segundo trimestre, un 4,8% superiores a los del cuarto trimestre de 2019. “Este aumento para las empresas resulta inoportuno en un contexto como el actual, de mayores incertidumbres que hace unos meses y de encarecimiento de los inputs necesarios para su actividad”.

Frente a ellos, el PP dice que ve “bien” la subida del SMI para ayudar a las rentas más bajas. Pero, como ha precisado su vicesecretario nacional de Economía, Juan Bravo, prefiere que el peso de las medidas contra la inflación “no se cargue sobre el empresario” y reclama que se deflacte la tarifa del IRPF. Una posibilidad que ya ha descartado el Gobierno. Sobre las pensiones, un asunto especialmente delicado para los votantes, Alberto Núñez Feijóo no ha querido pronunciarse. Porque otro factor que influirá en las negociaciones de este otoño será el clima preelectoral: en 2023 habrá comicios municipales, autonómicos –en 12 territorios– y nacionales.