Los problemas judiciales de Cristina Kirchner sacuden la política argentina
La sentencia no se conocerá probablemente hasta finales de año. Pero la petición de la Fiscalía contra la vicepresidenta Cristina Kirchner supone un golpe para la política argentina, a poco más de un año de las elecciones presidenciales: solicita 12 años de cárcel y una inhabilitación de por vida.
La líder peronista de izquierdas, de 69 años de edad, está procesada en un juicio abierto en 2019, pero retrasado por la epidemia del covid-19, por "asociación ilícita y administración fraudulenta". El caso de corrupción está relacionado con una adjudicación de contratos públicos en su bastión político de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, mientras era jefa de Estado (2007-2015). Otros doce encausados están siendo juzgados junto a ella.
El lunes, Cristina Kirchner, que también es presidenta del Senado desde 2019, afirmó que es víctima de "un fusilamiento mediático y judicial". El martes por la mañana, habló en un discurso retransmitido por redes sociales durante más de una hora y media desde sus oficinas del Senado, flanqueada por una bandera argentina y, en la pared del fondo, una fotografía de ella junto a su marido Néstor, el ex presidente fallecido en 2010 (ver el vídeo más abajo).
Mostrando recortes de prensa o leyendo hilos de conversaciones de WhatsApp, repitió, como ya dijo en la apertura del juicio en 2019, que "el veredicto ya estaba escrito". "No son acusaciones sino una ficción. No se ha demostrado nada", dijo, asegurando que este juicio no era el suyo sino el de todo el peronismo.
El fiscal Diego Luciani denunció en su escrito "un verdadero sistema de corrupción institucional", llegando a decir que se trataba de "la mayor maniobra de corrupción de la historia del país". Cristina Kirchner, por enriquecerse a costa del Estado, "defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron" y sólo le motivó la búsqueda del "enriquecimiento individual". El otro representante de la Fiscalía, Sergio Mola, se refirió a "irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones durante 12 años".
La familia peronista, incluido el actual presidente del país, Alberto Fernández, habitualmente desgarrada por interminables divisiones, cerró inmediatamente filas con Kirchner. En un comunicado, la Casa Rosada condenó una "persecución judicial y mediática", asegurando que "ninguno de los hechos atribuidos a la vicepresidente han sido probadoa". El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, al denunciar una maniobra de la derecha antes de las elecciones presidenciales de 2023, se apresuró a establecer un paralelismo con la situación de los ex presidentes brasileño y boliviano, Lula y Morales.
Incluso el recién nombrado ministro de Economía, Sergio Massa, ha hecho suya la causa, diciendo que "es absurdo considerar que el jefe de una administración es responsable de todos y cada uno de sus funcionarios". El diario El País comentaba con ironía: "Fue una declaración elegante de alguien que hizo campaña por la presidencia [en 2015] prometiendo que metería a Kirchner en la cárcel".
El lunes por la noche, los partidarios del bando "K" –a favor de Kirchner– se reunieron frente al domicilio particular de la expresidenta en el lujoso barrio de Recoleta, y se produjeron enfrentamientos con la policía. Hebe de Bonafini, la polémica presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, convocó a una "concentración popular" en apoyo a Kirchner, mientras que Luis D'Elía, sindicalista y figura del movimiento piquetero, los trabajadores que bloquean las carreteras del país en señal de protesta, dijo que la vicepresidenta es "inocente".
Sólo el Tribunal Supremo podría levantar su inmunidad
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"Los "K" quieren jugar este proceso judicial en la calle", comentó el lunes por la noche el periodista Jorge Lanata, quien fue el primer director del diario de izquierda Página 12. Este último considera que las sentencias dictadas el lunes son "reparadoras", porque demuestran que la justicia argentina, por muy criticada y lenta que sea, puede funcionar: "Es importante para nuestra democracia que esto llegue hasta el veredicto, que un poder pueda juzgar al miembro de otro".
Como prueba de un ambiente especialmente tenso en Buenos Aires, uno de los partidarios de Kirchner en el poder judicial consideró oportuno establecer un paralelismo entre el fiscal Diego Luciani, que redactó las acusaciones para el actual juicio, y Alberto Nisman, el fiscal que apareció muerto en 2015 tras acusar a Cristina Kirchner de intentar impedir la investigación de un atentado cometido en suelo argentino en 1994. Los diputados y abogados que apoyan al bando peronista también han argumentado que la acusación de "asociación ilícita" es inconstitucional.
La vicepresidenta tiene inmunidad en esta etapa. En caso de condena, sólo el Tribunal Supremo podría levantarla. Según la Agence France-Presse, Cristina Kirchner ha estado implicada en una docena de casos distintos en los últimos años, incluyendo soborno, lavado de dinero, daño especulativo al Estado y obstrucción a la justicia. Se le archivaron dos casos a finales de 2021. Quedan pendientes cinco procedimientos.
