UGT pide al Gobierno un fondo de rescate a familias hipotecadas que se sufrague con el impuesto a la banca

UGT pedirá al Gobierno que cree un fondo de rescate para familias cuyas hipotecas van a subir como resultado del aumento en los tipos del interés y, por tanto, del Euríbor. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha cifrado en 450 millones de euros la cuantía de ese fondo, que a su juicio podría financiarse en parte con el impuesto a los grandes bancos anunciado por el Ejecutivo. “Se ha rescatado a los bancos, a las empresas y a los autónomos, así que no podemos dejar de rescatar a familias que, con una hipoteca de 200.000 euros a 25 años, van a sufrir un aumento de coste mensual de 150 euros, según nuestros cálculos”, detalló Álvarez a los periodistas en una comparecencia para inaugurar el nuevo curso político. Y sindical: la semana próxima CCOO, UGT y CEOE volverán a reunirse con la plana mayor económica del Gobierno en una convocatoria “con el orden del día abierto” donde se tratarán, además de la distribución de los fondos de la UE, el bloqueo de las negociaciones salariales y el pacto de rentas.

Tras la subida de los tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo para frenar la inflación, el Euríbor no ha dejado de escalr, y el índice a 12 meses, la referencia de las hipotecas a tipo variable, se sitúa ya en el 1,921% en su tasa diaria, su mayor nivel desde 2012. Y el BCE tiene previsto reunirse este jueves para decidir una nueva subida de los tipos.

Además, el lunes los agentes sociales recibirán del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, su propuesta para reformar las pensiones. En concreto, les explicará cómo quiere ampliar el periodo de cálculo de la pensión al tiempo que deja al trabajador elegir los mejores años de su cotización o eliminar aquellos en que cotizó menos. Este mismo lunes, finalmente, sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo intentarán dejar cerrado el Estatuto del Becario, en el que podría ser el primer acuerdo del Diálogo Social del nuevo curso.

Lo que sigue en claroscuro es el acuerdo marco salarial para los próximos años, cuyas negociaciones quedaron interrumpidas el pasado mes de mayo, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pepe Álvarez pide a la CEOE “día y hora” para volver a sentarse a la mesa “cuanto antes”, a fin de evitar “una espiral de conflictos a la que será difícil poner fin”, advirtió. Los sindicatos han preparado un calendario de movilizaciones para este otoño en los sectores donde están más representados, en un intento por desbloquear los convenios colectivos, cuya negociación, aseguran, se encuentra atascada desde mayo. CCOO y UGT acusan a la patronal de dar al traste con el acuerdo por su rotunda negativa a aceptar cláusulas de revisión salarial que permitan adecuar los sueldos a la inflación. Los empresarios, por el contrario, reprochan a los sindicatos sus propuestas “inasumibles” –los “efectos perversos de la inflación se convertirán en permanentes”, argumentan– y precisan que la negociación colectiva se está desarrollando “en los parámetros habituales en épocas de dificultad”.

Sobre el salario mínimo, Pepe Álvarez mantiene que debe elevarse hasta 1.100 euros. “No pasa nada si se sube por encima del 60% del salario medio por una vez. Hay argumentos para ello”, resaltó. La comisión de expertos designada por el Gobierno deberá actualizar su cálculo del salario medio en un plazo de dos meses y medio. Su primera propuesta, una horquilla de entre 1.011 y 1.049 euros, se hizo basándose en datos salariales de 2018, que han quedado ampliamente superados cuatro años después. Además, antes de ofrecer una cifra definitiva, el Ejecutivo deberá contar con la inflación, que en agosto alcanzó el 10,4%. Álvarez cree que 1.100 euros es una “cifra moderada y perfectamente asumible para la economía española”. No puede ser, avisó al Gobierno, que “por la mañana” sus ministros digan que el objetivo de sus políticas son los más débiles “y por la tarde” se nieguen a subir el salario mínimo.

No categórico a ampliar el periodo de cálculo de la pensión

También ha advertido al ministro Escrivá de su rechazo a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, ni aun cuando se permita al trabajador eliminar de su carrera laboral los años en que haya cotizado menos. “De ninguna manera”, zanjó. “A partir de ahora van a ser una rara avis a extinguir los trabajadores que coticen 35 años, si quieren dejar elegir los mejores años de los 25 actuales, fantástico”.

El pasado agosto, en una entrevista en laSexta, José Luis Escrivá adelantó que su propuesta cumplirá con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el compromiso adquirido en el Plan de Recuperación de “evaluar las nuevas realidades del mercado de trabajo, sobre todo para aquellas personas cuyos últimos años de vida laboral no son precisamente los mejores”. Para abordar ese problema, el de quienes fueron expulsados del mercado de trabajo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar–mucho menos, el ministro ofreció “varias palancas”. Una de ellas es “ampliar el periodo de cálculo para estas personas”, explicó. Y “al mismo tiempo que se amplía, se puede hacer un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o permitir que se excluyan los peores años”. Según precisó, la medida afectaría a un 30% de los trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

Escrivá abre de nuevo la puerta a aumentar el número de años cotizados para calcular la pensión

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Pepe Álvarez sorprendió también al reclamar un acuerdo político y social sobre el gasto de defensa, teniendo en cuenta la guerra en Ucrania y la “opinión pública poco atlantista” en España. El “esfuerzo militar”, explicó, tiene un “retorno en política industrial, de I+D y de mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas”. Álvarez propuso que se abra un debate sobre el aumento del gasto, que debería evitar la elección entre políticas sociales y de defensa. Por ese motivo, planteó que esos nuevos recursos se obtengan de “alguna tasa o impuesto” a cargo de las empresas que tienen “intereses económicos que defender”, sin precisar más a qué sectores se refería.

Lentitud de los fondos de la UE

Finalmente, el dirigente de UGT solicitó al Gobierno un mecanismo –una mesa, dijo– que proporcione “información fidedigna” sobre la puesta en marcha de los fondos europeos. Álvarez dijo que había recibido “quejas” por la “lentitud” de los procesos para conceder las ayudas. En concreto, citó los fondos que la Administración destinará a la rehabilitación del patrimonio sindical y empresarial, que van retrasados. Se trata de 98,23 millones de euros que deberían sufragar las obras para la transición energética de un total de 42 edificios.

Álvarez tuvo además una petición para el PP: que se comprometa públicamente a respetar “el acuerdo de la patronal y los sindicatos” que hizo posible la última reforma laboral, si llega algún día al poder. “Daría certidumbre”, apuntó, “y desterraría la idea de algún empresario de que puede volver al antiguo esquema que les permitía usar y abusar de la contratación temporal”.