Las maniobras de Lesmes para aparecer como 'héroe' del diálogo desconciertan a sectores del Poder Judicial
Las próximas horas están marcadas en un rojo intenso en el calendario político y judicial por la visita a España del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Serán dos días frenéticos que tendrán como telón de fondo el eterno bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales. Algunos dentro de la judicatura esperan que el viaje pueda ser el revulsivo necesario que desatasque la situación. Otros, sin embargo, se muestran mucho más escépticos. Y mientras, sobre la mesa, la amenaza de dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que en los últimos meses ha ido construyendo alrededor de su nombre una imagen de hacedor de diálogo que ha dejado desconcertada a una parte del órgano de gobierno de los jueces: "Ojalá desde el minuto uno hubiera tratado de propiciar acuerdos".
El CGPJ cumplirá dentro de un par de meses, y si nadie le pone remedio, cuatro años con el mandato caducado. Durante todo este tiempo, el presidente del órgano ha pedido en diferentes ocasiones la renovación. Lo ha hecho a través de cartas dirigidas al Parlamento. O de discursos públicos en los que alertaba de la situación "insostenible" y pedía abandonar la "lucha partidista" para cumplir con la ley. Pero nunca antes había llegado tan lejos como hasta ahora. Ya no son solo palabras. En estos momentos, lo que hay en el horizonte es una amenaza de apearse del barco. De hecho, ya ha deslizado, vía informe de la Secretaría General, quién sería su sustituto en el cargo en caso de dimisión. La cuenta atrás, por tanto, ya está activada. Y todas las miradas apuntan a la primera semana de octubre. Si para entonces no se han producido avances, se marchará.
Lesmes lanzó su órdago pocas horas antes del fallido Pleno convocado para la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento corresponde al órgano de gobierno de los jueces. A pesar de lo establecido por ley, el Poder Judicial no llevó a cabo en plazo los esperados nombramientos. Y desde el equipo del presidente se esforzaron por mantenerlo al margen de este fracaso: "El acuerdo se trabaja fuera, mediante contactos entre vocales, y el presidente ya dijo al convocar el Pleno del 8 de septiembre que esperaba que durante el verano aprovecharan para alcanzar un consenso sobre los candidatos". Desde entonces, Lesmes se ha movido para intentar propiciar un acuerdo. Por ejemplo, sondeando el interés por sentarse en el Constitucional de diferentes magistrados del Supremo, tribunal del que saldrán los dos nombres.
Estos movimientos resultan novedosos para algunos miembros del Poder Judicial. "Es verdad que el presidente no se había implicado nunca en las conversaciones entre vocales de uno y otro grupo sobre nombramientos", afirmaba este miércoles en una entrevista con elDiario.es José María Macías, hombre fuerte del bloque conservador que mantiene paralizada la renovación del tribunal de garantías. De hecho, hace solo una semana algún miembro del órgano de gobierno de los jueces mantenía que dos eran los vencedores principales del fracaso de las negociaciones para renovar el Constitucional. "El objetivo de los vocales conservadores está cumplido al consumarse sin consecuencias la desobediencia pública a una ley. Y también el de Lesmes: aparecer como el esforzado mediador neutral cuya única ambición es dejar el cargo con el deber cumplido", decía un vocal a infoLibre.
Esta nueva faceta del presidente desconcierta a parte del órgano de gobierno de los jueces. "Ojalá hubiera mantenido esa posición desde el minuto uno, porque siempre ha impuesto su voluntad y nunca ha tratado de alcanzar consensos", dice en privado otro de los veinte vocales que integran el Poder Judicial. De hecho, muchas han sido las ocasiones en las que desde la judicatura se le ha acusado de ejercer "un presidencialismo más propio de otros tiempos". Lo hicieron a mediados de 2015 tres de las cuatro principales asociaciones judiciales –Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente–. Para entonces, ya había levantado ampollas por frenar la renovación total de la Comisión Permanente del CGPJ, donde se toman la mayoría de decisiones relevantes, a pesar de que la ley establece que el gobierno de los jueces debe procurar "la rotación anual". Un asunto que fue llevado incluso ante el Supremo.
Otro de los vocales reconoce que durante años el Poder Judicial funcionó bajo un rodillo aplastante del sector conservador. Al fin y al cabo, la reforma impulsada por el PP en 2013 para que la mayoría simple fuera suficiente a la hora de designar a altos cargos judiciales facilitó dicha situación. Pero en 2018 volvió a tocarse la norma y se implantó una mayoría de tres quintos. "A partir de ahí se entró en una dinámica en la que se intentaba que los nombramientos saliesen por mayor número de votos", afirma este miembro del CGPJ, que califica como una "chapuza" que los vocales se enteraran por la prensa de que Lesmes ya tenía preparada su posible sucesión, marcando como sustituto al presidente de la Sala Primera y vicepresidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán.
"Designar a su sucesor es un gesto de autocracia"
Un enfado que dejan entrever también otros compañeros. Algunos, en privado: "Su afán por pasar por encima del Pleno, que fue quien le nombró, y designar a su propio sucesor es un gesto de autocracia que desbarata cualquier ilusión de que su postura 'conciliadora' y su ataque de 'decencia' sean sinceras y no pura impostura". Otros, como Macías, en público: "La dimisión de Lesmes va a provocar más daño que solución al Poder Judicial". De hecho, el sector conservador cree que su posible salida reforzaría al Ejecutivo y dejaría en una posición delicada al PP de Alberto Núñez Feijóo, en tanto que deja entrever la necesidad de renovar ya los órganos constitucionales. Una formación conservadora que se encargó de auparlo en el escalafón judicial y con quien ya había mantenido relaciones como director general de Objeción de Conciencia y de Relaciones con la Administración de Justicia de los gobiernos de Aznar.
Algunos miembros del Poder Judicial creen que la amenaza de dimisión de Lesmes responde a la indignación que le provoca el incumplimiento de la ley. "Él en eso siempre ha sido muy escrupuloso. Ahora, ha visto que Feijóo va en la misma línea que Casado y parece decidido a inmolarse, lo que incrementa la presión sobre el PP y, también, sobre el Gobierno", dice uno de los vocales. Otros, sin embargo, especulan con que Lesmes pueda tener la vista puesta en el Constitucional. En concreto, en el puesto de Alfredo Montoya, que renunció el pasado julio por motivos de salud. El Senado ya ha abierto el plazo para que los parlamentos autonómicos propongan a sus candidatos antes del 11 de octubre, momento en el cual Lesmes, si cumple con su amenaza, ya estaría fuera del Poder Judicial. Sin embargo, el presidente del CGPJ ya ha descartado que tenga intención de sentarse en el Constitucional "en el futuro inmediato".
"No creo que interfiera en temas que son de política interior"
Con este contexto de fondo se producirá la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, que llega a España con su agenda cargada de citas, entre las que se encuentra una comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Parlamento y un encuentro con las dos principales asociaciones judiciales. Durante el viaje, Reynders se reunirá con representantes al más alto nivel. En el plano judicial, con Lesmes y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano. En el ejecutivo, con hasta cinco ministros: Nadia Calviño (Economía), Pilar Llop (Justicia), Alberto Garzón (Consumo), Félix Bolaños (Presidencia) y José Manuel Albares (Exteriores), con quien ya se ha visto a última hora de este miércoles. Y a nivel legislativo, con "representantes de los partidos políticos", si bien el Ejecutivo comunitario no identifica en un comunicado con quién o quiénes.
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Oficialmente, la nota de prensa resalta que viene a España para "debatir" el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 y para "abordar la preparación de la futura presidencia española de la Unión Europea". Pero todos los ojos están puestos en el papel que pueda jugar en el desbloqueo de los órganos constitucionales. Fue él mismo quien se encargó de poner esta posibilidad sobre la mesa la pasada semana, cuando se mostró dispuesto a propiciar "un diálogo entre las fuerzas políticas": "No es solo pedir una discusión, sino tratar de unir a la gente. Eso es algo que se ha hecho antes, pero que también trataré de hacer durante esta visita". Durante su visita, Reynders tiene pensado proponer tanto a Bolaños como al vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, la celebración de una cita a tres para buscar el desbloqueo en la renovación del Poder Judicial, según el diario El Mundo.
Pocas horas antes del comienzo del viaje oficial, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enfriado las expectativas. En Moncloa, según El País, temen que el liberal comisario de Justicia esté maniobrando con el PP para imponer la reforma normativa que lleve a los jueces a poder elegir directamente a sus vocales en el Poder Judicial, un cambio legal en el que llevan tiempo insistiendo los conservadores pero que nunca han impulsado cuando gobernaban. En el origen de sus sospechas se encuentra la reunión que Reynders mantuvo en Estrasburgo con González Pons, eurodiputado y principal negociador de los conservadores en esta materia, hace apenas unos días. Desde el Ejecutivo insisten en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces tiene que hacerse con la ley vigente.
Algunos de los miembros pulsados en el CGPJ no ponen demasiadas esperanzas en el viaje. "Nadie fía nada a la visita de Reynders", dice una de las fuentes consultadas dentro del Poder Judicial, quien apunta que nadie quiere que se traslade la imagen de que tiene que venir "alguien de fuera" a solucionar "sus problemas". "No creo que se permita el lujo de interferir en temas que son de política interior", coincide otro vocal. Lo único, completa, es que la visita pueda servir al PP de Núñez Feijóo como "pista de aterrizaje" para volver a sentarse a negociar. Es decir, que pueda utilizarla como excusa a la hora de un nuevo acercamiento con el Gobierno central. Al fin y al cabo, puede argumentar que es algo que han demandado desde Bruselas. Y, con esta, ya irían unas cuantas.
