El empleo en negro aflorado por los ERTE hizo de España el país donde más crecieron las cotizaciones en 2020

España fue el país de la OCDE donde más aumentó la presión fiscal en 2020, el año de la pandemia. El organismo internacional la mide calculando la ratio entre la recaudación de IRPF, Impuesto sobre Sociedades Impuestos Especiales y sobre la Propiedad, así como IVA e incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, y el PIB. Puede parecer contradictorio que en un año de confinamiento y con la actividad económica casi paralizada crecieran los ingresos tributarios, pero resulta que el alza de casi dos puntos porcentuales –medido respecto al PIB– en comparación con 2019 se debió principalmente al aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, de un punto y medio, que también fue el mayor de toda la OCDE.

A su vez, el empuje de los ingresos de la Seguridad Social tiene su causa en el paraguas de los ERTE. El mecanismo público incluía, además del pago de prestaciones a los trabajadores a los que se recortaba o suspendía el contrato, el de las cuotas que deberían abonar las empresas. En total, el erario público abonó 19.200 millones a las empresas que se acogieron a los ERTE en forma de cotizaciones sociales y prestaciones de desempleo a sus trabajadores, según los datos del Tribunal de Cuentas. Los autónomos recibieron 7.182 millones. Para hacerse una idea del volumen de estas ayudas, basta con señalar que el 85% del aumento del gasto público que se hizo en 2020 tuvo que ver con la pandemia, como explica el Banco de España, y de esa cuantía casi la mitad fue a parar a las prestaciones por desempleo y al cese de actividad de los autónomos. Ambas partidas pasaron de equivaler el 1,5% del PIB en 2019 al 3,7% en 2020. Crecieron más del doble.

Pero España no fue el único país donde se aplicó un mecanismo de protección del empleo y las rentas como los ERTE. También los tuvieron Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Bélgica. Sin embargo, España sí fue donde la Seguridad Social más recaudó por las cotizaciones. Por ejemplo, en Italia, que sufrió una epidemia y un confinamiento tan duro como España, la recaudación de las cuotas sociales cayó un 6,7%, mientras que en España el descenso fue mucho menor, de un 4,8%. Como ese recorte fue inferior a la caída del PIB, un 9,9%, el resultado es ese aumento relativo en el que España fue líder en 2020.

Sólo Estonia supera el punto porcentual de aumento de la ratio entre cotizaciones sociales y PIB. En el resto de los países de la OCDE, el crecimiento fue muy inferior: en Italia no llegó a tres décimas, en Francia apenas superó una décima, en Bélgica y Reino Unido fue de cuatro décimas y de cinco en Alemania.

Los “generosos” ERTE

Además, no sólo crecieron en relación con el PIB los ingresos por cotizaciones sociales, sino también la recaudación del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Es decir, de los tributos que gravan los ingresos de los ciudadanos y los beneficios de las empresas. En 2019 ambos conceptos representaban el 9,9% del PIB y en 2020 llegaron al 10,7%. Los mecanismos públicos protegieron también las rentas individuales.

El informe de la OCDE explica que, en efecto, el escaso impacto de la pandemia en la recaudación del IRPF y de las cuotas sociales se debió a los llamados “estabilizadores automáticos”, en referencia a las prestaciones por desempleo, y a la adopción de medidas fiscales “sin precedentes”. “En concreto, refleja el éxito de generosos programas de gasto discrecional como los ERTE y los planes de subsidios del empleo que evitaron despidos generalizados”, destaca el organismo internacional.

Pero hay un factor que diferencia España de todos estos países y que puede explicar ese auge de los ingresos de la Seguridad Social en un año de parálisis económica: los ERTE hicieron aflorar una parte considerable de trabajo en negro, de economía sumergida. Si el empresario quería que la Seguridad Social pagara las cotizaciones sociales de un trabajador al que tenía media jornada en negro, por ejemplo, le convenía legalizar esas cuatro horas. Lo mismo le ocurría al trabajador si quería cobrar la prestación por desempleo por la jornada que realmente hacía.

Siguen creciendo a buen ritmo

Los datos con los que la OCDE ha elaborado su informe sobre 2020 proceden de la Contabilidad Nacional: los ingresos por cotizaciones sociales los abonó la propia Seguridad Social en lugar de las empresas acogidas a los ERTE; se trata, por tanto, de un cálculo teórico. Pero si se atiende a los ingresos de caja de la Seguridad Social, la recaudación por cotizaciones sociales empezó a crecer en junio de 2021 y desde entonces no ha aflojado el ritmo.

Al cierre de ese año, los derechos reconocidos por este concepto ascendían a 131.990,80 millones de euros, según la ejecución del presupuesto de ingresos que publica la Seguridad Social en su página web. El aumento respecto a 2020 es del 10%. En 2022, hasta el mes de agosto, los derechos reconocidos alcanzan los 92.665,15 millones, un 8,95% más que el año anterior. El alza no debería haber superado el 4% si hubiera mantenido el mismo ritmo en que han crecido el empleo –un 3,9% entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2022, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa– y los salarios –un 6,18% el salario bruto según la Encuesta Anual de Coste Laboral, apenas un 2,45% los salarios pactados en convenio–, apunta Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Las bases medias de cotización han aumentado desde marzo de 2020 también menos de lo que lo ha hecho la recaudación, un 5,3%, como reflejan las estadísticas de la Seguridad Social.

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Pero, una vez doblegado el covid y decaídos los ERTE, el factor que sigue disparando las cotizaciones sociales puede ser también la reforma laboral, que está incentivando la contratación de fijos discontinuos, añade Jimeno, y, por tanto, el empleo formal donde antes primaba el trabajo sumergido. De forma que, si antes el peso de las cotizaciones sociales en relación al PIB estaba en un 38% ahora ha ascendido al 43%, recuerda el profesor de la Universidad de Alcalá, quien no obstante precisa que también puede haber una infravaloración del PIB –el denominador del cociente– que aumente la ratio.

1,3 millones de personas el empleo en negro

España es uno de los países con mayor economía sumergida de Europa. Aunque por la propia naturaleza del fenómeno resulta complicado de cuantificar, un informe del FMI la cifraba en un 22% para el año 2015, sólo un punto menos que la de Italia. El Instituto de Estudios Económicos, el think-tank de la CEOE, la eleva al 23,1%. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) llega al 24,6% del PIB. Según estos mismos cálculos, un tercio de la economía no declarada en España corresponde a empleo sumergido. A partir de esa estimación, la Fundación de Estudios Financieros cifró en 1,3 millones de personas el empleo en negro para el año 2012. Ya entonces Gestha aseguraba que, sólo reduciendo a la mitad el trabajo no declarado –situándolo al nivel de los países europeos con menor economía sumergida–, la Seguridad Social podría recaudar más de 13.000 millones de euros adicionales cada año.

En su informe, la OCDE mide la flotabilidad de los impuestos, el aumento de la recaudación por encima de lo que crece el PIB. En 2020 los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades se hundieron casi un 14,9%, el doble de lo esperado por la OCDE, un 7,2%. Fue el resultado del recorte de los beneficios que sufrieron las empresas combinado con las medidas aprobadas por los gobiernos para aliviarles la carga fiscal, desde aplazamientos de los pagos a Hacienda hasta la reducción de los pagos anticipados y otros beneficios. El IVA también cayó –un 5,5%– más de lo previsto –un 3%–. Pero el descenso de los ingresos por IRPF se mantuvo en el 1,5% esperado, mientras que los ingresos por cotizaciones sociales se redujeron mucho menos de lo previsto, sólo dos décimas en lugar del 1,9% teorizado. Gracias, dice el informe, a los mecanismos de protección públicos puestos en marcha en casi todos los países de la OCDE.