La Cámara de Cuentas detecta opacidad de la Junta sobre los 40 millones donados por Amancio Ortega
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado descontrol en los convenios sanitarios firmados por la Junta con entidades sin ánimo de lucro, tanto en la etapa del PSOE como en la del PP. El organismo fiscalizador también señala a la Junta, ahora gobernada por el PP con mayoría absoluta, por la insuficiente información aportada para la auditoría. La opacidad detectada por la Cámara afecta de lleno al convenio suscrito en 2017 con la Fundación Amancio Ortega, con una duración de cuatro años y que implicaba una donación de 40 millones de euros para comprar alta tecnología médica.
La Junta no ha facilitado a la Cámara el expediente administrativo del convenio con la Fundación Amancio Ortega, ni las actas de la comisión de seguimiento, ni la aceptación de las reprogramaciones, ni la acreditación de los abonos periódicos por parte de la fundación, según recoge el informe. Ello, sumado a que hasta final de 2021 –después del cierre del trabajo de campo– no concluyó la ejecución de los contratos, impide a la Cámara "verificar los gastos realmente realizados con la donación", si bien el organismo también cifra en cerca de 40 millones lo adjudicado.
La Consejería de Salud señala a infoLibre que la Cámara de Cuentas "observa algunas carencias documentales" que suponen "únicamente tres incidencias de un total de doce cuestiones analizadas dentro de un amplio expediente administrativo y de gran complejidad". Es cierto que hay doce posibles incidencias y la Cámara detecta tres, concretamente "no se aporta documentación del expediente administrativo", "no se aportan actas del órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio" y "no se aporta documentación del abono del tercero firmante".
La Junta afirma que "la ejecución del convenio se ha desarrollado con normalidad" y que ha permitido comprar 17 aceleradores lineales, cuatro equipos de tomoterapia helicoidal, un equipo de radioterapia intraoperatoria, dos equipos de simulación del tratamiento, una red de registro y verificación del tratamiento y un sistema de cálculo dosimétrico y diseño del tratamientos radioterápico. A ello se suma la construcción de cuatro nuevas salas de tratamiento, con destino a 11 de los 13 servicios de oncología radioterápica de Andalucía, asegura la consejería, que cifra la inversión en los 40 millones comprometidos.
infoLibre insistió en esta cuestión: por qué no se aportó la documentación que le falta a la Cámara de Cuentas, si fue por algún problema o porque no existe. En este aspecto concreto no hubo respuesta de la Consejería de Salud.
La fundación asegura por escrito que el convenio "está cumplido en su totalidad, habiéndose producido el último pago en el año 2021". "El uso dado a los fondos aportados ha constado de manera fehaciente durante la duración del convenio a través de diferentes documentos para cada aportación efectuada por la fundación: certificados de ingresos, justificantes de transferencias y actas de recepción", afirma la fundación, que asegura que ha aportado los 40 millones comprometidos. Y añade: "El convenio se ha desarrollado de manera satisfactoria para ambas partes, sin incidencias destacables".
Falta de rigor y de documentación
La Cámara ha realizado una fiscalización de los convenios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades sin ánimo de lucro en vigor entre enero de 2018 y septiembre de 2020, es decir, desde finales de la etapa del PSOE hasta casi la mitad del primer mandato del PP. En total, son 232 convenios, según la información facilitada por el SAS a la Cámara, que terminó su trabajo de campo en marzo de 2021 y aprobó el informe en junio de 2022.
El informe, de 71 páginas, analiza una muestra de 86 de esos convenios, 56 de los cuales implican compromisos económicos. Tras hacerlo deniega al SAS una "opinión del cumplimiento de la legalidad" por la "relevancia de las limitaciones" y los "incumplimientos detectados". Es decir, no se da expresamente una opinión negativa, pero se deniega una opinión favorable sobre el cumplimiento de la legalidad. De hecho, la Cámara de Cuentas da "prioridad alta" a la recomendación a la Junta de que adopte medidas para que "su actividad convencional se desarrolle con el más estricto respeto a la legalidad", para lo que debe reforzar la "seguridad jurídica y administrativa en la tramitación", así como el "seguimiento de la ejecución". La Junta también debe "hacer efectivo el principio de transparencia de la actividad pública", añade el informe.
De los convenios analizados, 65 fueron firmados con el PSOE en el Gobierno andaluz –algunos se remontan a 1990– y 21 con el PP. Los reproches abarcan a convenios de ambas etapas. Además, llegan hasta la conducta de la Junta durante la auditoría, dado que el organismo fiscalizador describe tanto el escaso rigor procedimental como el déficit de documentación aportada.
Una "inexistencia de control interno"
El trabajo detecta un carrusel de "deficiencias". Falta un procedimiento que asegure la "integridad" de la actividad del SAS en relación con los convenios. No hay personal ni órgano que supervise el cumplimiento de las "obligaciones y condiciones" acordadas. Tampoco existe un registro electrónico de los acuerdos, ni una base de datos con la documentación que los soporta.
El panorama descrito es de descontrol. Y así lo indica la propia Cámara de Cuentas, que denuncia que la "inexistencia de control interno" provoca una "significativa insuficiencia en el suministro de información necesaria para la fiscalización", con "importantes deficiencias". ¿Ejemplos? Uno llamativo es que faltan los expedientes "preceptivos" para la suscripción de 69 convenios, un 80% del total analizado. Hay que detenerse en este dato: la mayoría de los convenios analizados carecen de expediente o al menos el SAS no lo ha aportado.
Tampoco hay actas de la comisión de seguimiento que acrediten la ejecución y el cumplimiento de los compromisos de 68 convenios (79%), ni documentación que pruebe el compromiso económico adquirido por uno de los firmantes de 41 (48%), ni documentos contables que dan soporte al expediente del gasto de 14 (16%). El informe llega a señalar que el listado que aportó el SAS, que supuestamente abarcaba "todos los convenios", era en realidad incompleto una vez contrastado por la Cámara con fuentes alternativas.
Usos inapropiados y falta de seguimiento y transparencia
El informe cuestiona la utilización de cinco convenios (8%) para el pago de subvenciones a fundaciones de investigación. El objeto de otros cinco corresponde a prestaciones de servicios propias de los contratos, lo cual supone una "improcedencia del empleo" del convenio. "No cabe tramitar convenios cuyas prestaciones sean propias de los contratos", señala el informe.
La Cámara de Cuentas también afirma que hay dos acuerdos en los que no consta el plazo de vigencia y tres que no incluyen la previsión de constituir una comisión de seguimiento, como exige la ley. No es que no haya comisión, es que en estos dos casos ni siquiera esta prevista en el convenio.
En otros dos convenios "no constan las adendas modificativas que justifiquen y actualicen el cambio de titularidad en la gestión del convenio, lo que implica desconocer la capacidad jurídica con la que actúa una de las partes", otro requisito legal para la validez del acuerdo. En tres casos las actuaciones para la ejecución de los acuerdos empezó antes de la firma. Nada menos que 73 convenios, un 85%, no se han publicado en el Portal de Transparencia, lo cual vulnera la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
La Consejería de Salud, departamento que desde julio de este año dirige Catalina García (PP), afirma sobre las conclusiones del informe: "Prácticamente todas las observaciones/recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas ya se han atendido o están en vías de solución. Así, por ejemplo, se han constituido ya las comisiones de seguimiento, están todos los convenios registrados y también hay una aplicación para el seguimiento".
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La Cámara se detiene en el convenio con número de referencia CCA 41, es decir, el suscrito por el SAS con la Fundación Amancio Ortega en marzo de 2017, con Susana Díaz (PSOE) en la presidencia. Es difícil que un convenio autonómico alcance mayor repercusión. Ya en mayo de 2016 Díaz y la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, esposa del empresario, firmaron en un acto oficial un "protocolo de intenciones" que iba a permitir la adquisición de 25 aceleradores lineales para radioterapia contra el cáncer "con la tecnología más avanzada" para realizar "más de 225.000 sesiones anuales en los hospitales públicos de todas las provincias andaluzas".
El acuerdo, que dio pie a fotografías de Díaz junto a Marta Ortega, hija de Amancio Ortega y hoy presidenta de Inditex, implicaba un compromiso económico por parte de la fundación de 40 millones de euros. Para concretar aquellas intenciones faltaba un convenio, que fue firmado el 10 de marzo de 2017, en un periodo de movilizaciones en la calle por el deterioro de la sanidad andaluza. El convenio ha dado pie a informaciones, con la Junta como difusora tanto en la etapa del PSOE como del PP, contando hitos de su desarrollo. La aportación del fundador de Inditex a la sanidad pública andaluza vende.
La donación, señala el informe, era "para financiar los costes de actualización tecnológica y adquisición de nuevos aceleradores lineales y equipamiento profesional de última generación" y para las "obras de construcción de los bunkers en los que se instalarán algunos de estos nuevos equipos para la atención radioterapéutica a pacientes con cáncer". ¿Qué ha sido, más allá del relumbrón mediático, del desarrollo del convenio? La Junta y la fundación se dan por satisfechas, pero la Cámara de Cuentas hace constar en su informe que le falta información y así no puede precisar cómo ha sido su desarrollo. El organismo recoge que el SAS "no ha facilitado el expediente administrativo, las aceptaciones de las reprogramaciones [hubo al menos dos, en diciembre de 2018 y mayo de 2019], las actas de la comisión de seguimiento del convenio ni las aportaciones periódicas del donante destinadas a sufragar los costes de los contratos". El informe señala que no ha sido posible "verificar los gastos realmente realizados con la donación estipulada en el convenio" y que el SAS no ha aportado documentación del abono de la fundación.
