Ayuso presiona a Feijóo para que no renuncie a sus exigencias en el CGPJ

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Díaz Ayuso, está preocupada por la negociación que mantiene desde hace casi dos semanas el líder del su partido, Alberto Núñez Feijóo, con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde hace casi cuatro años. 

Ayuso compartió su punto de vista durante una conferencia coloquio organizada por El Confidencial. “A mí lo que me preocupa sobre todo es una negociación con un Gobierno, el de Sánchez, que miente por sistema y que no es de fiar”. No es la primera vez que la presidenta de Madrid rechaza cualquier negociación con el Ejecutivo, muy en línea con la “distancia infinita” que proclama Vox cada vez que la actualidad pone a sus dirigentes en el brete de negociar algo. En abril, coincidiendo con la primera reunión Feijóo-Sanchez en La Moncloa, ya declaró: “Si no somos una oposición real al desastre nos iremos todos por el barranco. Y yo me niego”. “Hay que ser fuertes para no dejarse llevar por ese rodillo totalitario en el que te imponen un solo discurso”, dijo entonces.

Ahora la presidenta madrileña no mencionó a su jefe de filas, pero dejó meridianamente claro que le “preocupa” la negociación. Teme, confesó, que el PP renuncie a los vetos para renovar el Consejo o a una modificación de la ley para que sean los jueces, sin intervención del Congreso y el Senado, quienes elijan a la mayoría de los vocales. “Desearía que sigamos siendo firmes a la hora de exigir la despolitización del órgano de los jueces, que es algo que nos están pidiendo las instituciones europeas y que es lo lógico”. “Me preocupa también que ese Consejo” que Feijóo negocia con Sánchez “se llene de Tezanos disfrazados de jueces”, añadió haciendo referencia al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el sociológico socialista José Félix Tezanos.

“Por eso espero que las negociaciones sobre todo sean firmes”, insistió enviando un mensaje implícito al líder del PP, “y que no permitan que nadie con carnet ni cercano a un partido político ocupe ningún puesto”. En opinión de Ayuso, este es el momento de aprovechar “la oportunidad que tenemos ahora” para conseguir una justicia “independiente”. De otro modo, advirtió, “este Gobierno no va a tener nunca un solo contrapeso”.

La presidenta madrileña describió un panorama crepuscular de la justicia española que relacionó con el Gobierno y la situación del CGPJ, a pesar de que su actual composición fue decidida en la época de Mariano Rajoy. “Las sentencias judiciales son puestas en entredicho si no nos gustan, como ha pasado con los líderes del proceso en Cataluña o los ERTE en Andalucía”. “Se filtra el contenido de autos que no conocen ni los propios afectados; se anuncia que se imputa o desimputa a conveniencia”. El resultado, según ella, es que “todo el poder (judicial) y su imagen queda erosionado”. “El activismo está destrozando la credibilidad de uno de los mejores sistemas judiciales del mundo”, concluyó en tono sombrío.

El margen se estrecha

El margen para que el PP cumpla la ley y desbloquee la renovación del CGPJ, pendiente desde hace casi cuatro años, sigue siendo muy estrecho. En realidad, si Feijóo dice la verdad, es tan pequeño como cuando Pablo Casado dirigía el partido, porque Génova mantiene viva la exigencia de que los nombramientos no se ajusten a lo establecido por la legislación vigente sino que se lleven a cabo de acuerdo con las reglas que el principal partido de la oposición puso encima de la mesa en marzo de 2021 para cerrar el paso de la institución a los jueces que no le gustan. 

¿Quiénes son los vetados? Se conocen dos nombres. El PP trata de impedir el acceso al Consejo de la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y excandidata de Podemos al Congreso, y del magistrado José Ricardo de Prada, coautor de la sentencia sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

Feijóo lo confirmó en declaraciones desde Bruselas, poco antes de participar en una reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE). Únicamente accederá a cumplir la ley si el Gobierno acepta nuevas reglas, en concreto que las personas con “cargos públicos o políticos” o que los han tenido en los últimos meses, como Rossell, no puedan formar parte del Consejo. “Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ”.

Feijóo no dijo nada en Bruselas sobre De Prada, pero la propuesta que su partido ha trasladado a la Moncloa también pretende prohibir, aunque la ley no lo diga, el acceso al Consejo de jueces en activo a través del cupo de juristas de reconocido prestigio.

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El líder del PP explicó que, para desbloquear la negociación de los nuevos vocales, el Gobierno debe aceptar previamente estos requisitos, que el PP considera imprescindibles a la hora de conseguir la “despolitización” del Consejo. “Si llegamos a un acuerdo, cualquier persona que pueda ser candidata tiene que cumplir los requisitos de despolitización para formar parte de ese Consejo. Y si no los cumple, no podrá formar parte”, zanjó.

Hasta la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, hace dos semanas, el Gobierno mantuvo se negativa a aceptar que la renovación se lleve a cabo aplicando nuevos criterios como los que exige el PP o que el desbloqueo de este órgano esté condicionado a una reforma del sistema de elección para que los jueces decidan mayoritariamente su composición. La ley vigente, defendía el Ejecutivo hasta ese momento, debe ser el único requisito.

Encima de la mesa están las exigencias planteadas por el PP: requisitos par vetar nombres concretos como los que el Gobierno planteó en 2021, la reforma de la ley para cambiar el modelo de elección y dos de las cinco vacantes del Constitucional para sus candidatos. Según el PP, todavía no han empezado a hablar de nombres. Cuando lo hagan, los que proponga Génova quedarán en minoría por primera vez desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, poniendo fin a nueve años de hegemonía conservadora en el órgano del gobierno de los jueces.