Ni liberación de etarras ni indultos al 'procés': lo que sí logran los nacionalistas en los Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez es inestable y está dispuesto a ceder a todas las pretensiones de sus socios independentistas con tal de mantenerse en el poder. Son los mantras que la derecha y la ultraderecha llevan repitiendo desde el inicio de la legislatura. Y eso incluye toda clase de cesiones al nacionalismo catalán y vasco, a los que los dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos tildan como “enemigos de la unidad de España”.

La derecha sustenta, sin pruebas, que el Gobierno traslada a presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi como moneda de pago al nacionalismo vasco por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Unos traslados que se deciden siguiendo las recomendaciones de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario y un acercamiento que en su día también apoyó el PP. Es más, el récord de traslados está en manos del expresidente conservador José María Aznar, que en su primer mandato, entre 1996 y 2000, trasladó en plena actividad terrorista a 190 etarras.

Para la oposición a Sánchez, las decisiones que el Ejecutivo ha tomado en aras de mejorar el diálogo con la Generalitat catalana han sido a cambio de votos en Madrid. También la de conceder el indulto a los presos del procés, que se produjo en junio de 2021, cuando las cuentas públicas de ese mismo año ni siquiera estaban negociadas en el seno de la coalición. 

Lo cierto es que, si se examinan los acuerdos suscritos por el PSOE al comienzo de la legislatura con otras fuerzas políticas a cambio de la investidura de Sánchez que puso fin a casi un año de parálisis política fruto de la ausencia de mayorías estables en el Congreso, no hay ni rastro de decisiones contrarias a la Constitución. Lo mismo puede decirse de los pactos suscritos por la coalición para sacar adelante los Presupuestos.

ERC: reforma fiscal, ley audiovisual, vivienda...

Los 13 escaños de Esquerra Republicana son vitales para el Ejecutivo. La formación catalana, liderada por Gabriel Rufián en el Congreso, suscribió en enero de 2020 un acuerdo con el PSOE para la creación de la mesa de diálogo sobre Cataluña, en la que participan el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat. A pesar de las acusaciones de la derecha, que tacha la mesa de "órgano inconstitucional" y lugar en el que Sánchez negocia la autodeterminación que ansían los partidos independentistas, lo cierto es que sólo se ha reunido en tres ocasiones y no ha alcanzado ningún acuerdo tangible.

En los Presupuestos de 2021, los republicanos acordaron que la Generalitat formara parte de la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), la creación de un comité de expertos para la reforma fiscal y una comisión bilateral para armonizar el impuesto sobre patrimonio en todas las comunidades autónomas, entre otras cuestiones.

El pasado año los republicanos pactaron una modificación parcial de la ley audiovisual para garantizar apoyo a las lenguas cooficiales en las emisiones de plataformas de streaming —sin embargo, acabaron votando en contra de la ley porque el PSOE introdujo un cambio en la definición de productor independiente—, y propiciaron la tramitación de la futura Ley de Vivienda—al no presentar enmienda a la totalidad al texto— a cambio de un compromiso de respeto a la competencia autonómica.

PNV: la gestión del IMV, diésel y traspaso de cárceles vascas...

El PNV también ha suscrito acuerdos con el Gobierno a cambio de su apoyo en determinadas votaciones. Entre ellas la transferencia al País Vasco de la “gestión íntegra” del Ingreso Mínimo Vital (IMV), algo que el Gobierno se propone extender al resto de las comunidades que lo soliciten. No se trata, en realidad, de una competencia nueva, porque las autonomías gestionan desde hace años las rentas de integración social y otras políticas sociales. 

Los jetzales arrancaron para las cuentas de 2021nuevas inversiones en investigación y desarrollo, mantener los privilegios al diésel —el proyecto de Presupuestos planteaba la retirada de una bonificación fiscal al combustible—, la concesión de 50 millones para la industria de la máquina herramienta, seis millones para el soterramiento de Zorroza, en Bilbao, y la creación de una nueva figura contractual para el desarrollo de la formación dual universitaria.

De cara a 2022, la formación liderada por Aitor Esteban en Madrid pactó un traspaso que levantó ampollas en la derecha: las prisiones vascas. Pero no fue, en realidad, ninguna cesión: la transferencia está prevista en el Estatuto vasco y llevaba décadas siendo incumplida por gobiernos del PSOE y del PP. Durante esa misma negociación los nacionalistas vascos lograron introducir modificaciones presupuestarias para concretar avances en la llegada del AVE al País Vasco y aumentar la inversión territorial en esta comunidad y en Navarra.

Bildu: estructura ferroviaria, desahucios, víctimas de amianto...

En la formación abertzale conviven dirigentes políticos que en el pasado apoyaron a ETA y políticos procedentes de formaciones que siempre se han mostrado en contra de la organización terrorista desaparecida hace una década. Hasta la fecha no ha pactado ninguna contrapartida relacionada con el traslado de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco ni la salida anticipada de antiguos terroristas de las cárceles, como afirman periódicamente los partidos de la derecha.

Durante la negociación del año 2020, los diputados vascos lograron arrancar una inversión de 10 millones de euros para el sector aeronáutico, así como 48 millones en la estructura ferroviaria en un plan para los próximos cuatro años, con la finalidad de modernizar la Línea C1 de Cercanías entre Irún y Brinkola. 

Además, también firmaron un acuerdo que los socialistas rompieron a las pocas horas, por el que se comprometían a apoyar una derogación íntegra de la reforma laboral. Cuando la norma se debatió en el Congreso, aplicando un pacto suscrito por los empresarios y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que no suponía la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, los abertzales votaron en contra.

Respecto a la negociación del pasado año, los abertzales pactaron con el Gobierno hacer permanentes por ley las medidas de protección social adoptadas por la pandemia como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y el aplazamiento temporal en el pago de la renta del alquiler destinada a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Asimismo, incluyeron un reclamo histórico en lo relativo a las víctimas del amianto al incluir en los PGE un fondo de compensación con una aportación inicial de 25 millones de euros, para poder activar y satisfacer las solicitudes de indemnización de los afectados.

Las negociaciones de cara a los Presupuestos de 2023

El Ejecutivo está convencido de que sacará las últimas cuentas de la legislatura adelante tras superar su primer escollo en el Congreso al rechazar las enmiendas a la totalidad de la derecha. Sánchez trata ahora de atar los apoyos de ERC, PNV y Bildu, junto con el de otras formaciones minoritarias como Más País, Compromís o Teruel Existe.

Desde ERC aspiran a que se suprima o, al menos, se rebaje el delito de sedición. Sin embargo, desde el Gobierno abogan por separar esta reforma de la negociación presupuestaria —para negociar, en su lugar, cuestiones relacionadas con las inversiones— y optan por dejar la reforma para la mesa de diálogo. 

Por su parte, el PNV ha arrancado al Gobierno la ampliación en cinco años más de las condiciones del Cupo vasco con una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, el órgano paritario en el que participan el Gobierno de España y las instituciones vascas. Asimismo, los jetzales dan prácticamente por hecho el acuerdo para asumir la transferencia de una decena de líneas de Cercanías y confían en llegar a más compromisos de cara a futuras negociaciones.